Por Editorial
"Es muy importante contener la inflación, pero no nos olvidemos que tener justicia también es una prioridad". La frase pertenece a Alberto Crupnicoff, quien estaba al frente de la AMIA el 18 de julio de 1994 cuando se produjo el atentado terrorista que costó la vida de 85 personas, dejó cientos de heridos y miles de deudos sufrientes, desamparados, vulnerables, sin respuestas. Mañana se cumplen 30 años de aquel brutal hecho. Tres décadas en las que la Justicia ha avanzado poco y parte de la dirigencia política ha hecho lo suyo para entorpecer el avance de la investigación.
La semana última, dos ministros nacionales presentaron un proyecto sobre juicio en ausencia con el fin de permitir que se juzgue a los ex y a los actuales funcionarios iraníes involucrados en el atentado contra la AMIA. Inmediatamente después, el Gobierno incorporó a Hamas -que en octubre pasado atacó territorio israelí desde la Franja de Gaza- al listado de organizaciones terroristas. Hezbollah, organización acusada por la Justicia argentina de haber cometido el atentado contra la mutual judía, integra esa nómina desde 2019.
Paralelamente, el presidente Javier Milei anunció que participará hoy del cierre de una conferencia internacional sobre seguridad y terrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, que mañana acudirá al acto por los 30 años del atentado. Son todos necesarios gestos políticos que merecen ser destacados habiendo pasado tantos años en los que esa causa viene sufriendo demasiados e increíbles embates y dilaciones. "El terrorismo sigue, la impunidad también", es el lema del acto central de recordación. Una certeza llena de impotencia y de dolor.
El mes pasado, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a remover todos los obstáculos por entender que "ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos". Transcurrido tanto tiempo de desidia y fracasos, el proyecto de juicio en ausencia presentado por el Gobierno constituye un paso importante. Es la primera vez que una iniciativa de esta naturaleza es impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional, en lugar de nacer de intentos aislados de diputados o senadores sensibles a dar respuestas a las víctimas.
En cuanto a las cuestiones de Derecho, serán algunas modificaciones en el Código de Procedimiento Federal, que habilitarán a pedido de la Fiscalía o de las querellas a que el Juez de Instrucción, por resolución fundada, decrete la rebeldía de los miembros del otrora gobierno iraní como presuntos autores ideológicos. Con su voto, el Dr. Carlos Mahiques consideró a Irán como Estado terrorista y a los miembros de Hezbollah sindicados como brazo ejecutor del atentado, y reclamó que se eleve la causa al Tribunal oral que corresponda, donde un defensor oficial asumirá las defensas técnicas de los acusados por crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación, fue uno de los jueces que dieron por probado en abril pasado que Irán estuvo detrás del atentado contra la AMIA, al que calificó como un delito de lesa humanidad y pidió reformas legales para poder juzgar a los prófugos "en ausencia".
El derecho internacional solamente contempla los delitos que se encuentran en el Estatuto de Roma; en la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y del delito de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La novedad jurídica de este nuevo proyecto es que estipula que el juicio en ausencia sólo procederá contra un imputado declarado rebelde, luego de transcurridos 4 meses de no ser hallado desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional.
Como todo principio jurídico, la ley tiene defensores y detractores. Es dable destacar entre los que sostienen este tipo de proceso que desde hace años un grupo de juristas liderados por el juez Franco Fiumara viene realizando varias investigaciones académicas sobre el tema en el Instituto de Ciencias Jurídicas y en el Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza, citadas por su relevancia en revistas jurídicas.
De esa usina de elaboración jurídica participan el juez federal Jorge Rodríguez, el fiscal general federal Alberto Gentili y los profesores Marcos Grabivker y Nicolás Grappasonno, quienes organizaron y participaron de numerosos eventos académicos, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en conferencias en universidades o colegiaturas profesionales y en varias comisiones organizadas en las cámaras de Diputados y Senadores, que será donde, en definitiva, se debatirá este nuevo proyecto para que pueda transformarse en la ley requerida.
El sector que responde a Cristina Kirchner ha sido uno de los principales obstáculos para llegar a la verdad y se presume que lo seguirá siendo en su histórico afán por hacer fracasar esta urgente política de Estado. De persistir en su actitud, seguirá también demostrado que nada le importan ni las víctimas ni sus deudos, quienes denodada y largamente vienen pidiendo saber qué pasó, quiénes fueron los responsables para que paguen por sus hechos criminales con la debida condena.
Como sostiene el Dr. Fiumara, quien acuñó el término "impunidad biológica" -el deceso natural de víctimas, testigos y victimarios-, quizás sea esta una de las últimas oportunidades de poder realizar un juicio a los autores. Para ello, es imprescindible que se comprenda la dimensión y el alcance del tema en el Congreso. Es hora de revertir esa dolorosa percepción.
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