Por Editorial
Con descarado apuro y evidente desparpajo, el expresidente Alberto Fernández y el actual funcionario del Gobierno Nacional Daniel Scioli se apuraron en gestionar el cobro de sus jubilaciones de privilegio. Tales arremetidas suceden en momentos en que nuestro país se encuentra inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia y en la que el grueso de los jubilados recibe una paga ínfima comparada con las abultadas sumas que reclaman quienes, precisamente, degradaron los haberes previsionales de la amplia mayoría de beneficiarios como producto de las pésimas políticas que instrumentaron. La pérdida de poder adquisitivo para la clase pasiva fue del 81% tan sólo durante la gestión del Gobierno precedente.
Con el pago mensual de unos $ 13 millones a Alberto Fernández (ya se le aprobó el cobro de 32 millones de pesos en concepto de retroactivo), más el que cobrará Scioli este mes (de alrededor de $ 17 millones), el Estado abonará mensualmente unos $ 158 millones a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y una hija de un exmandatario, es decir, el equivalente a 833 jubilaciones mínimas concentradas en apenas un puñado de personas.
Según datos oficiales correspondientes al mes último, proporcionados por la abogada Silvina Martínez en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado a la ANSES, cobran tales haberes de privilegio Cristina Kirchner ($ 28,1 millones mensuales en bruto entre su jubilación y la ilegal pensión que recibe de su exesposo y expresidente Néstor Kirchner). Cabe destacar que esos $ 28 millones equivalen hoy a 147 jubilaciones mínimas, de $ 190.141 cada una), Daniel Scioli ($ 17,5 millones), Mauricio Macri ($ 13,5 millones), Adolfo Rodríguez Saá ($ 12,9 millones, a pesar de haber sido presidente durante tan solo una semana), Zulema Yoma ($ 11,1 como exesposa de Carlos Menem), Gabriela Michetti y Julio Cobos ($ 9,8 y $ 9,7 millones, respectivamente, por haber sido vicepresidentes), Amalia Guido ($ 9,5 millones como hija de José María Guido), Inés Pertiné ($ 9,4 millones como exesposa de Fernando de la Rúa), Bety Andrés ($ 8,7 millones como exesposa de Roberto Levingston), Amado Boudou ($ 8,2 millones, estando condenado judicialmente en el caso Ciccone) y María Estela Martínez de Perón ($ 7 millones).
Como se sabe, el gobierno de Javier Milei ha enviado un proyecto al Congreso para derogar esos tan irritantes como exorbitantes privilegios. En apoyo de esa decisión, Ocaña solicitó que, además, se adopte algún tipo de medidas respecto de quienes hoy cobran esos suculentos haberes, pues "resulta inconcebible -dijo- que las capas más encumbradas del país sigan disfrutando de sus prerrogativas, las que se mantienen incólumes en detrimento de los más necesitados. No sólo resulta una afrenta al más elemental sentido de solidaridad, alteridad y colaboración, sino que conculca lisa y llanamente la igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución Nacional, que no admite en nuestra tierra prerrogativas de sangre ni de nacimiento ni fueros personales ni títulos de nobleza". Por esa razón, encabezó una petición en la plataforma Change.org, que obtuvo hasta ayer unas 59.000 firmas y que está siendo girada como proyecto de ley al Poder Ejecutivo, al ministro de Economía y a los jefes de bloque en el Congreso Nacional.
Esa iniciativa propone que los actuales expresidentes y exvicepresidentes cobren en efectivo sólo la máxima jubilación prevista por la ANSES, que actualmente ronda $ 1,2 millones y que, para evitar eventuales demandas por derechos adquiridos, la diferencia con la pensión vitalicia se pague con bonos previsionales a 30 años, a los que denomina Bonos Previsionales de Privilegio, que serán escriturales, libremente transmisibles y cotizables en bolsas y mercados de valores del país.
También la extitular del PAMI pidió el mes pasado a la Oficina Anticorrupción que arbitre los medios para intervenir como querellante en una causa judicial iniciada en 2021 contra la camporista exdirectora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, por "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos" al haber desistido de apelar en el caso de la doble jubilación de privilegio de Cristina Kirchner. Esos beneficios habían sido aprobados en tiempo récord en 2015, cuando Alicia Kirchner era ministra de Desarrollo Social. Un año después, su sucesora en el cargo, Carolina Stanley, resolvió que debía optar por una de las dos. Cristina Kirchner decidió judicializar entonces el tema y, en un trámite amañado, obtuvo el aval de un juez subrogante de la Seguridad Social.
En momentos en que la amplísima mayoría de ciudadanos están atravesando situaciones críticas, haciendo un esfuerzo enorme para intentar salir del profundo abismo en el que el kirchnerismo sumió al país, resulta escandalosa la actitud de algunos representantes de la dirigencia política, decididos a mantener sus enormes privilegios.
Es de esperar que, además de limitar estos abusos, se deroguen hacia adelante esos privilegios, se decida una reforma seria y equitativa del sistema previsional, y que el Estado cumpla lo que ordenan las sentencias respecto de los cobros retroactivos que se les deben a tantísimos jubilados que llevan años de angustiosa espera.
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