Muchos pensarán que estamos hablando del IVA, pero no es a eso a lo que queremos referirnos, sino a los aranceles de importación para proteger industrias y castigar consumidores.
En economía hay pocas ideas que generen tanto consenso como esta: los aranceles suelen producir más costos que beneficios para la sociedad. Desde los tiempos de Adam Smith y David Ricardo, la teoría económica sostiene que el comercio basado en ventajas comparativas permite que los países se especialicen en aquello que producen relativamente mejor y, al intercambiar, todos ganen. En nuestro caso, petróleo, gas, piscicultura, agropecuario y sus derivados (como el metalmecánico e ingeniería de semillas, alimentos, lácteos, cerdos y más), tecnología del conocimiento, capital humano, entre otros más.
Cuando aparecen barreras al comercio, esa lógica se interrumpe. Y el resultado, siempre, es una pérdida de bienestar.
El mecanismo es simple. Cuando un país impone un arancel a un producto importado, el precio de ese bien sube artificialmente. Los consumidores pagan más y compran menos. Al mismo tiempo, los productores locales reciben una protección que les permite competir con un precio más alto. El Estado, además, recauda el impuesto. Pero la suma de esos beneficios —para productores y para el fisco— es menor que la pérdida que sufren los consumidores. La diferencia es lo que los economistas llaman “pérdida irrecuperable de eficiencia”: riqueza que simplemente se destruye y que nadie termina obteniendo. En otras palabras, el producto en cuestión es malo y caro respecto del de la competencia encarecido por el arancel.
El problema no termina ahí. En el mundo real los aranceles generan efectos secundarios que amplifican el daño. Los países afectados suelen responder con represalias, aplicando sus propios aranceles. Lo que empieza como protección para una industria termina reduciendo exportaciones en otros sectores. Además, cuando una actividad queda protegida de la competencia internacional, pierde incentivos para innovar y mejorar su productividad. La protección que pretendía fortalecerla termina debilitándola.
A esto se suma un fenómeno cada vez más importante: las cadenas globales de valor. Hoy casi ningún producto se fabrica íntegramente en un solo país. Un arancel al acero, por ejemplo, no solo afecta a las siderúrgicas o a quienes lo importan. También encarece los autos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola y la construcción. El costo se multiplica en cascada a lo largo de toda la economía. En palabras sencillas, si encarecemos el ingreso de Aluminio, los productos que exportemos que lo utilizan serán más costosos para los compradores del exterior.
Argentina conoce bien esta dinámica e hizo todo al revés de lo explicado en los párrafos anteriores. Durante décadas el país mantuvo altos aranceles para proteger sectores industriales y, al mismo tiempo, gravó las exportaciones agropecuarias con retenciones. En un caso se encarecía lo que entraba; en el otro se abarataba artificialmente lo que salía (visto desde dentro del país con respecto a lo que paga un consumidor en el exterior). Ambos mecanismos generaban distorsiones similares: transferencias de ingresos entre sectores y pérdidas de eficiencia para la economía en su conjunto.
Un ejemplo reciente fue el de la tecnología. Los elevados aranceles a la electrónica hicieron que los argentinos pagaran precios muy superiores a los de países vecinos por los mismos productos. La reducción progresiva de esos aranceles busca justamente eliminar esa distorsión: cuando baja el impuesto a la importación, el precio al consumidor tiende a caer porque desaparece parte de la barrera artificial. En 2025, antes de la baja de aranceles a la importación El iPhone 17 Pro Max costaba en Argentina el equivalente a USD 2.409, contra USD 1.549 en Chile y USD 1.600 en México. Los consumidores argentinos pagaban casi el doble por el mismo producto. Ese sobreprecio es la transferencia de riqueza del consumidor hacia el Estado (vía recaudación) y hacia los productores locales protegidos.
Sin embargo, la discusión sobre aranceles no es completamente blanco o negro. Incluso la teoría económica admite algunas excepciones. Una de ellas es la llamada “industria naciente”: proteger temporalmente a un sector que todavía no alcanzó escala suficiente para competir globalmente. Otra es la seguridad nacional, que justifica proteger ciertas actividades estratégicas. El problema es que en la práctica esas protecciones rara vez son temporales. Las industrias protegidas tienden a volverse dependientes del amparo estatal.
En el fondo, el debate sobre aranceles refleja una tensión permanente entre política y economía. Los gobiernos suelen verlos como herramientas rápidas para proteger empleos o recaudar. Pero la evidencia histórica muestra que, en el largo plazo, los países que más crecieron fueron aquellos que lograron integrarse al comercio mundial con reglas estables y previsibles.
Para una economía como la argentina —necesitada de divisas, inversión y productividad— la discusión no es menor. Abrirse al comercio no es una receta mágica, pero persistir en distorsiones que encarecen precios y desalientan la competitividad tampoco parece un camino sostenible, además que fue un probado fracaso en los últimos años.
En economía, como en la vida, a veces lo que parece una protección termina siendo un costo oculto, como si en la familia los padres protegieran excesivamente a los hijos y estos una vez que desean salir al mundo, no cuentan con las herramientas necesarias para sobrevivir sin la protección de los adultos.
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