La sesión en el Senado para modificar y devolver a Diputados, en segunda revisión, el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el gobierno de Javier Milei, comenzó pasadas las 10:00 hs. Afuera del recinto, movimientos sociales, gremios, federaciones y organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes para rechazar ambas iniciativas. Dentro de ese grupo, hay presencia de cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria.

Desde la movilización, el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez, le dijo a ANSOL: "La Ley de Bases extermina y delimita la función de derechos conquistados, como el Monotributo Social, la jubilación para amas de casa, modificaciones en beneficios previsionales, todos sectores donde viene construyendo el cooperativismo de trabajo. Estamos presentes para que esta Ley no sea aprobada".

En ese mismo sentido se expresó Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que expresó a este medio que están "repudiando esta Ley nefasta, que dejaría a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación, que son las mujeres de la economía popular y el cuidado". En cuanto al paquete fiscal, remarcó que "la quita del Monotributo Social, que era una conquista de los trabajadores para registrar al sector, quedaría sin efecto y sería un retroceso enorme, porque se trata de un millón de trabajadores que no podrían acceder a la obra social y sistema de salud".

En este sentido, Duarte lanzó una sería acusación: "Este Gobierno no busca ir a la registracción del sector cooperativo y de la economía popular, sino avanzar en la precarización laboral, como así también del blanqueo de capitales, que está íntimanente relacionado con el objetivo de estigmatizar las redes comunitarias, buscan beneficiar al crimen organizado sacando a las organizaciones comunitarias".

La Ley Bases y el RIGI

La Ley Bases contiene dos puntos de gran controversia para el sector: por un lado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que les dará facilidades impositivas a los grandes inversores en detrimento de la industria nacional, y por otro lado, hay preocupación por el artículo 3 que le permite al Gobierno eliminar o modificar diferentes órganos u organismos de la administración central. Dentro de ellos, quedó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Sobre eso, Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) le dijo a ANSOL: "Para nosotros el RIGI debería ser extirpado de raíz, porque nosotros apostamos a la industria nacional, al desarrollo local, a que los recursos queden en la Argentina y no se fuguen, para que haya sala de alimentos, cuidado del medio ambiente, pero a la vez necesitamos un Estado más presente, no desguazado y alejado del pueblo".

Rossi expresó que el sector necesita "un INAES que promocione, y apuntale a las cooperativas y mutuales, para que el país se desarrolle y salga adelante, y se genere trabajo, por eso este tipo de medidas de destrucción del aparato productivo, importación de alimentos, va claramente en contra de lo que es el desarrollo nacional".

El Presidente de Conarcoop también salió en defensa del INAES, destacando que "es uno de los pocos órganos congestionado como hay pocos en el país, por lo que tenemos mucha preocupación y nos vamos a poner en la primera línea de defensa del organismo entendiendo la construcción e historia que tiene, por lo que representa para la economía popular, cooperativas, mutuales, que hace que uno de cada dos argentinos tenga relación con el sector, por eso obviamente defenderemos los derechos adquiridos y vamos a trabajar para construir más derechos de los trabajadores autogestionados, y para eso el INAES es fundamental".