Por Editorial
Desde hace tiempo se vienen traspasando todos los límites imaginables en Rosario. La violencia que supura de la mafia narco destruyó fronteras antes impensadas frente a un Estado que, hasta ahora, fue ineficaz a la hora de desarticular grupos criminales, incluso aquellos rústicos y poco sofisticados que logran, a costa de balas, imponer su propia dinámica ante una sociedad que, profundamente herida, se resiste a naturalizar el crimen organizado.
Las bandas narco funcionan desde las cárceles, tanto provinciales como federales, donde sus líderes cumplen condenas. Cuando se toca ese nervio, aparece la resistencia. Las respuestas llegan a las calles con violencia extrema, porque si se corta el circuito de funcionamiento dentro de los penales se termina un negocio millonario, aceitado con complicidades profundas dentro de las propias penitenciarías.
Cuando el 10 del mes último asumió el gobernador Maximiliano Pullaro, una de las primeras medidas que tomó fue reagrupar a los presos de alto perfil, que pertenecen a segundas y terceras líneas de bandas criminales como "Los Monos", quienes estaban alojados en los pabellones que van del 6 al 9 en el penal de Piñero.
Sólo bastaron unas horas para que la reacción se hiciera palpable con ataques a balazos y amenazas directas contra el valiente Gobernador santafesino. Mientras la Policía evitó que se atentara contra una escuela, atacaron con disparos de calibre 9 milímetros la guardia del Hospital de Emergencias "Clemente Álvarez" y la sucursal de un banco. Las amenazas contra Pullaro y su familia tras la presión sobre "Los Monos" no se detienen. "No nos van a amedrentar (…) Vamos a ir por sus bienes, vamos a cambiar las condiciones de detención", sostuvo el funcionario.
Ya desde antes de asumir, el dirigente radical viene siendo víctima de distintas intimidaciones. Muchas no se hicieron públicas, pero se investigan en la Fiscalía de Rosario. Pullaro confió a su entorno que estos hechos no van a restringir su actividad ejecutiva, aunque trata de evitar grandes aglomeraciones, donde la efectividad de los dispositivos de seguridad está más condicionada.
Desde hace un tiempo, las comisarías son atacadas con disparos y bombas molotov. El exgobernador justicialista Omar Perotti, de pésima gestión, implementó una medida hasta entonces impensada: hizo vallar las seccionales policiales para reducir las posibilidades de que les dispararan. Balear una comisaría expone la temeridad de los grupos mafiosos y la incalificable pasividad de la Policía, que pocas veces detiene en flagrancia a los autores. No es algo nuevo.
Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías valladas. Ante esta postal aparece como primera reacción la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y, en teoría, preparados para enfrentar delincuentes, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?
El resultado es que Rosario, una ciudad que suma profundas cicatrices de violencia de manera permanente y dolorosa, ya no sabe qué blindar. Todo puede ser blanco de disparos: canales de TV, cárceles, tribunales federales y provinciales, el Centro de Justicia Penal, escuelas, casas, negocios...
El fenómeno de balear a mansalva comenzó a fines de mayo de 2018, cuando el jefe de "Los Monos" fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº 7, en Resistencia, por orden de la Justicia Federal. El líder narco pensaba que se complicarían sus negocios porque -en teoría- iba a estar sometido a mayores controles en esa unidad penitenciaria. Ordenó atacar las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la Justicia chaqueña, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En septiembre de 2021, fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que, con poca logística y dinero -un "soldadito" en moto, armado con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería-, podía causar mucho daño al Estado y sembrar terror. Ese método se extendió a otras organizaciones criminales y el mensaje "con la mafia no se jode" se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, mediante extorsiones. Estos fenómenos criminales se multiplican cuando el Estado no logra poner límites.
Durante casi dos años, la fachada vidriada del Centro de Justicia Penal estuvo cercada por fuerzas federales y por vallas similares a las que se instalaron en tres comisarías de Empalme Graneros y Ludueña. La postal pasó a ser algo natural en el barrio.
Con las comisarías ocurrió algo similar. Se modernizaron los frentes de algunas durante la gestión del Frente Progresista y se decidió instalar paredes de vidrio de gran resistencia. ¿Quién iba a pensar que las sedes policiales también iban a ser baleadas?
Pullaro mostró valor y decisión al intervenir los pabellones de alto perfil en las cárceles. Lo atestiguan las amenazas que enfrenta. Su objetivo de poner límites a los grupos narco será una tarea compleja frente a un Estado corroído, desentendido y muchas veces cómplice de los delincuentes. Al asumir, había sólo 18 patrulleros disponibles en Rosario y más de 200 autos fuera de servicio agolpados en galpones de la Jefatura de Policía.
Es imprescindible reforzar la inversión en seguridad, pero también manejar los recursos de manera eficiente en este momento de contracción del gasto. Cuenta para ello con el apoyo de una ciudadanía que demanda urgentes medidas para recuperar su tranquilidad.
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