Por Editorial
Las amenazas contra la familia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que se vio obligado a trasladar a su esposa e hijos fuera de Rosario y por las que hay dos detenidos, son una demostración de hasta dónde puede llegar el poder mafioso. Desde hace mucho tiempo, no encuentra límites. Ese criminal fenómeno que explotó en Santa Fe hace una década viene siendo subestimado por los sucesivos gobiernos, tanto a nivel provincial como nacional. Cada golpe de estas bandas rústicas y poco sofisticadas, surgidas de la marginalidad, muestra que su principal poder es generar cada vez mayor conmoción y pánico, y lo hacen desde las cárceles o por medio de emisarios.
El último hecho conmocionante ocurrió en un bar de la ciudad, cuando un hombre vestido como repartidor apuntó contra los comensales y disparó varias veces sin que salieran las balas del arma. Dejó un mensaje intimidatorio referido a los "presos de alto perfil", cuyo accionar mafioso está en la mira de las nuevas autoridades.
Para dimensionar lo que ocurre en Rosario basta el dato de que, en 2023, se atacaron a balazos 37 escuelas. También fueron blanco de disparos comisarías, y edificios del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario. En octubre de 2022, un grupo narco colgó una bandera en la puerta de un canal de televisión con una amenaza directa: "Vamos a matar periodistas", con la frase final "con la mafia no se jode".
Fue el propio Pullaro quien alertó sobre la situación y activó las alarmas a partir de lo que ocurrió en Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa movilizó al Ejército y declaró terroristas a los grupos criminales. "Lo de Ecuador debe ser un llamado de atención para la Argentina ante el avance de mafias ligadas al narcotráfico", advirtió el mandatario. Rosario es blanco de una violencia extrema, que incluye también métodos terroristas, que buscan provocar un estado de conmoción social. El exministro de Seguridad Marcelo Saín apeló hace tres años al concepto de "terrorismo urbano" para referirse a un ataque contra el casino de Rosario, durante el que murió Enrique Encino, un apostador que nada tenía que ver con el entramado narco.
El fiscal de Rosario Franco Carbone identificó al narcotraficante Francisco Riquelme como autor intelectual de las últimas amenazas y los atentados. Pagó $ 100.000 a tres jóvenes para que cumplieran esa misión. El mensaje que tenían previsto dejar los sicarios decía: "Gobernador Pullaro, dejá de arreglar con el narco Beto Godoy que está en Piñero porque sabemos todo y te vamos a matar a toda tu familia".
Riquelme está alojado en el penal federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. No es un líder de peso en el entramado narco rosarino, pero tiene poder de fuego en su territorio, la zona oeste de la ciudad, donde hace dos años se desató una guerra narco entre dos facciones. Riquelme tributa a Esteban Alvarado, preso en Ezeiza y condenado a perpetua. Sus rivales en la zona son "Los Monos". Los cuadros secundarios de estos grupos mafiosos están presos en la cárcel de Piñero, ubicada a 25 kilómetros de Rosario.
El problema de la criminalidad en esta ciudad, que impacta en las calles, con 259 homicidios en 2023 y una tasa de asesinatos de 22 personas cada 100.000 habitantes, tiene su génesis en las cárceles, donde purgan severas condenas más de 500 detenidos que pertenecen a distintas facciones. El negocio mafioso se trasladó hacia dentro de los penales, como ocurrió en otros países de la región. El caso más palpable es el de Brasil, donde el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, las bandas más poderosas de Sudamérica, surgieron de penitenciarías que estaban sobrepobladas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tiene en carpeta realizar cambios a nivel normativo que permitan aplicar un régimen especial para internos identificados en una primera etapa como presos de alto perfil. Es algo que la funcionaria venía preparando desde su campaña electoral. Se busca implementar un sistema de mayor rigor para los detenidos por causas graves, que siguen cometiendo delitos desde la prisión, incluyendo más controles en las visitas y las comunicaciones. Si el detenido mostrara cambios en su conducta, podría salir del régimen especial y volver al sistema ordinario de detención.
La Argentina está a tiempo de enfrentar este flagelo de vieja data y fuerte consolidación que podría agravarse aún más, en un contexto de crisis tan seria como la que estamos viviendo. Es imprescindible dar el debate, establecer las estrategias que correspondan logrando acuerdos sólidos para evitar males todavía mayores y apoyar las valientes acciones de quienes se han propuesto terminar con estas situaciones. Como hemos dicho en un reciente editorial, Ecuador es hoy un espejo donde mirarnos y así actuar antes de que sea demasiado tarde.
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