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Opinión

Del dictamen de comisión al acto cegetista

Vicente Massot

Por Vicente Massot

En lo que va de la semana hubo dos hechos excluyentes que merecen análisis. Por un lado, el paro y acto planificados por la CGT a menos de dos meses de iniciado el mandato presidencial de Javier Milei. Por otro, el punto al cual se ha llegado en la negociación desenvuelta entre el Gobierno y parte del arco opositor respecto de la ley ómnibus. Si bien se trata de dos casos absolutamente diferentes, hay un factor que les es común: la falta de una dirigencia que ordene el espacio peronista y, a la vez, la inexistencia de líderes únicos -unánimemente reconocidos por sus seguidores- en los bloques parlamentarios que desean desarrollar una política de buena vecindad con la Casa Rosada. Ello representa, al menos de momento, una ventaja importante para el oficialismo que tiene un jefe capaz de marcar la cancha, fijar el rumbo y acometer la empresa de administrar la cosa pública sin necesidad de perderse en internas desgastantes.

El justicialismo semeja una bola sin manija. La familia kirchnerista, que por espacio de veinte años manejó a su gusto y gana el movimiento nacido en 1945, ahora, o se ha llamado a silencio -Cristina Fernández- o ha tenido -como el hijo mayor- que dar un paso atrás y dejar jirones de la autoridad, de la que gozó alguna vez, en el camino. A expensas de ellos ha reverdecido, de un lado, el poder de los gordos sindicales. Por su parte, en el ámbito bonaerense, Axel Kicillof intenta sacar pecho y hacer de la enemistad radical a la gestión libertaria su caballito de batalla.

Los problemas que arrastran aquellos y éste para consolidarse resultan públicos y notorios. Están a la vista de todos. Los capangas del gremialismo son la tribu más desprestigiada del país. ¿Quién estaría dispuesto a cerrar filas detrás de un conjunto de gerontes tan corruptos como inservibles? Bastaría que le quitasen el manejo de las obras sociales -una canonjía que viene de los tiempos del general Juan Carlos Onganía- y se modificasen dos o tres leyes laborales, para que el poder que todavía conservan se viniese abajo como un castillo de naipes. En cuanto al Gobernador con asiento en La Plata, depende de la buena voluntad del tesoro nacional. Si acaso en Balcarce 50 decidiesen cortarle los víveres, sus días estarían contados como potencial jefe. Como pocas veces antes cabría decir, sin temor a exagerar, que el Peronismo -en singular y en mayúscula- comienza a diluirse en un sin fin de capillas, sectas, grupos y bloques que conservan sólo el nombre común.

Si cruzamos la calle y topamos con el PRO, Haciendo Cambio Federal y la UCR, lo que primero queda al descubierto es que hay de todo, como en botica. Al mismo tiempo, sus mandos lucen débiles. Los que se hallan al frente son primusinter pares y poco más. No hay un Carlos Menem, un Raúl Alfonsín o un Mauricio Macri, en los momentos de esplendor de cada uno de ellos. Las distancias ideológicas hallables entre Alfredo Cornejo y Facundo Manes en el seno del radicalismo, o entre Ricardo López Murphy y Mónica Fein en la bancada comandada por Miguel Ángel Pichetto, o entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato en lo que queda del PRO -para citar tres de los muchos ejemplos que podrían apuntarse- ilustran no sólo la atomización que los aqueja sino el amontonamiento que los define.

Comencemos por la negociación en ciernes a que ha dado lugar el proyecto de ley ómnibus adelantado por el Gobierno. La pregunta que resulta menester hacerse no es si va a ser aprobado o rechazado, sino cuánto resultará modificado el texto original. Fue claro, desde un primer momento, que el oficialismo mandó al Congreso un proyecto de máxima con el convencimiento de que -andando los días- iba a tener que dejar de lado algunos artículos para lograr que el núcleo duro del paquete pasara el examen legislativo. Como hemos repetido en innumerables ocasiones, en política el antónimo de la imposición es la negociación. Si Milei tuviese una sólida mayoría en las cámaras, no necesitaría que sus principales alfiles se sentaran a una misma mesa con Pichetto, Ritondo y De Loredo. Pero como ese no es el caso, debe negociar. Y para hacerlo es necesario tener definida no tanto la posición de máxima, como la de mínima.

Lo que distingue a un estadista de un ideólogo es la capacidad de establecer qué es lo negociable cuando se carece de la fuerza para imponer su voluntad. Pareciera que la reforma del Código Civil, de la Ley Electoral y la privatización del Banco Nación, entre otros tantos artículos, pueden dejarse para más adelante. En cambio, el tema jubilatorio, el de las retenciones a los productos primarios y el impuesto a la cuarta categoría, dividen aguas en serio. En torno de estas cuestiones estuvo trabado el acuerdo que necesita el Gobierno y al que -más allá de sus rencores y diferencias con el mileismo- buena parte de los tres bloques negociadores desea cerrar. Son conscientes de que no se hallan en condiciones de ponerle un palo en la rueda a una administración respaldada por semejante cantidad de votos.

El Presidente se resiste a ceder en aspectos esenciales del paquete, y en eso lleva razón. Si en definitiva, para conformar a todos sus opositores dialoguistas, debe darles el gusto, es posible que su programa quede reducido a un híbrido incoloro, inodoro e insipido. Claro que, del otro lado, hay no pocos radicales, socialistas progresistas y hasta algún peronista que en buena medida disienten de las ideas libertarias. Con la particular y desgraciada coincidencia -para el Gobierno- que de ellos dependerá la aprobación final de la ley ómnibus. Hasta aquí, Milei consiguió el dictamen de mayoría con las reservas que han quedado planteadas por distintos diputados del PRO, la UCR, Hacemos, y también de Innovación Federal. Lo que le costó conseguir las firmas revela las tensiones que saldrán a la luz cuando se abra la sesión del plenario de la Cámara Baja en la semana entrante.

Respecto del paro y acto de las CGT conviene diferenciar los datos accidentales, del fondo de la cuestión. No es lo mismo, ni mucho menos, medirlos con un criterio cuantitativo, o sea, tomando en consideración la cantidad de personas que acompañaron a los líderes sindicales y la extensión del cese de actividades en el país, que hacer el análisis con base en el resultado que tenga el capítulo laboral de la ley omnibus y el DNU 70/2023 en la Cámara Alta y en la Baja. No importa tanto el número de adherentes -por impactantes que sea- como lo que se halla en juego: la estructura legal de las relaciones laborales. Milei desea erradicar de raíz el sistema. Los cegetistas quieren mantener sus privilegios y su poder a toda costa. Ganará el que tenga más votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. No el que grite más y ponga más gente en la calle.

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