Por Editorial
Las ambiciones reformistas libertarias del presidente Javier Milei chocaron esta semana contra la realidad política y la división de poderes de la República, que marcaron los primeros límites. La duda que persiste es si en el equipo del mandatario se impondrá la veta pragmática, que busca salvar la mayor parte posible de sus iniciativas y encarrilar el Gobierno, o el sector más dogmático, que pretende forzar al máximo las instituciones para conseguir todo lo propuesto sin molestarse en conseguir los consensos necesarios.
El inicio del año desdibujó una agenda que, al asumir, el Presidente había marcado con claridad: reducir la inflación en el menor tiempo posible y eliminar restricciones que contribuyen al actual estancamiento económico. Sin embargo, tanto en el DNU 70 como en el proyecto de "Ley Ómnibus" que ingresó al Congreso, incluyeron tantos temas y de áreas tan diferentes que hace difícil la tarea de defender la "necesidad y urgencia" de aprobar todo en un mes y aceptar la delegación de facultades que propone. Junto a propuestas de ajuste económico y fiscal orientadas a eliminar el déficit estatal, identificado como la causa de todos los males económicos, el Ejecutivo incluyó reformas de fondo a los códigos civil, penal y electoral, algunos polémicos.
Para colmo, el proceso fue acompañado del mismo discurso terminante y dogmático que caracterizó su campaña electoral, lo cual ha complicado la tarea tanto sus estrategas jurídicos como de sus negociadores en el Congreso.
El primer revés del Gobierno fue en la Justicia. No sólo no logró su objetivo de demorar lo máximo posible su tratamiento, sino que, a partir de las resoluciones de la Cámara de Apelaciones Laboral y del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, el DNU podría verse ahora "desguazado" en varios fueros que determinarían la constitucionalidad o no de cada parte. Ya hay más de 70 pedidos de nulidad de individuos y organizaciones que se creen perjudicados.
En el Congreso, la multiplicidad de frentes de debate que abre el mamotreto de 664 artículos hace que corra el peligro de tener la misma suerte. A la previsible oposición del peronismo, se sumó la resistencia de bancadas proclives a negociar con la nueva administración. Ya advirtieron que no habrá cheque en blanco y que aplicarían un filtro para descartar artículos que consideren negativos. De hecho, la resistencia de los gobernadores patagónicos ya obligó al oficialismo, antes del comenzar el debate, a retroceder en reformas a la Ley de Pesca y la de Hidrocarburos.
En la opinión pública, la apertura de tantos frentes al mismo tiempo ha facilitado la tarea de la oposición, que elude hablar del proyecto en general y de la "herencia" que dejó y centra el debate en los temas más polémicos, busca el apoyo de sectores afectados y se posiciona como defensora de la legalidad/constitucionalidad. El Gobierno está a la defensiva y aún no logra articular un discurso homogéneo que defienda sus propuestas y sume apoyos a las reformas.
Como si aún estuviera en campaña, el Gobierno mantiene un discurso polarizador y competitivo, en lugar de tratar de generar el máximo consenso posible sobre sus iniciativas. Implica empatizar y hacer docencia ante la opinión pública y ceder y cooperar con la mayor cantidad posible de aliados.
Por ahora el apoyo a su gestión se mantiene, aunque el respaldo popular tanto al DNU como la "Ley Ómnibus" se erosiona rápidamente, mientras la población empieza a sufrir las consecuencias del ajuste económico.
Milei no debiera enojarse porque el sistema constitucional da frenos y contrapesos al poder presidencial que ha comenzado a operar. La incógnita es si, consciente de su debilidad política, Milei busca "golpear para negociar" desde una posición de fuerza o por el contrario se jugará al "todo o nada" antes de que sus políticas todavía den resultados visibles, lo que sin dudas generará una tensión institucional muy difícil de manejar, incluso para un sistema democrático tan sólido como el argentino.
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