Por Gustavo Zandonadi

En un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, es importante poner la fecha en contexto para derribar verdades reveladas que giran alrededor del Proceso de Reorganización Nacional.

Vivir en la mayor inseguridad

Los argentinos vivieron entre 1970 y 1976 bajo la constante amenaza de ser víctimas de un mal grave e inminente. El peligro era el de salir de la casa y no tener la certeza de regresar sano y salvo. Nadie vivía seguro porque el país sufría la agresión del terrorismo, cuyo objetivo final era alcanzar el poder mediante el empleo de la violencia.

Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) eran las agrupaciones subversivas que contaban con mayor número de adherentes. Otras fracciones menores fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) -fusionadas con Montoneros en 1972- y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), de las que una pequeña fracción se unió al PRT-ERP.

Robos de armas perpetrados en comisarías y unidades militares; asaltos a entidades bancarias; secuestros; asesinatos y extorsiones en escala creciente fueron las acciones que desplegaron las organizaciones guerrilleras con el objetivo de paralizar a la población, a lo largo y a lo ancho del país.

Entre todas las organizaciones, cometieron 21.642 atentados entre 1969 y 1979. Entre sus víctimas se encuentran: militares, policías, jueces, empresarios, comerciantes, sindicalistas, trabajadores, jubilados, estudiantes, amas de casa y niños. Estos muertos no tienen el marketing que instaló la falacia de los 30.000 desaparecidos. Son víctimas silenciosas que al Estado no le importaron, ni ayer ni hoy.

Según cuenta el periodista Ceferino Reato en su libro “Los 70”, la subversión se cobró 1.094 vidas en una década. El número es espeluznante por donde se lo mire, máxime cuando se lo compara con el número de víctimas de la organización terrorista vasca ETA, que mató a 864 personas en medio siglo.

El 24 de marzo de 1976 la sociedad respiró aliviada. El beneplácito con que se vivió la destitución de un gobierno civil acosado por el terrorismo, fue un cheque en blanco que la opinión pública entregó a las Fuerzas Armadas. El triunfo de las tropas legales no pudo ser más contundente. La derrota definitiva de la subversión allanó el camino de la paz que hoy disfrutamos los argentinos.

Mucho se habló de los métodos empleados por las Fuerzas Armadas para combatir al enemigo. Al respecto vale señalar que las tropas convencionales estaban preparadas para el conflicto tradicional, pero enfrente había un enemigo que no vestía uniforme y además, contaba con el favor de varios de sus miembros que habían logrado infiltrarse en los más altos estamentos del Estado.

Las fuerzas legales estaban frente a al desafío de luchar en un escenario que no buscaron -contra un enemigo al que no provocaron- en el que tenían la obligación de obtener la victoria para asegurar la vigencia de los valores occidentales y cristianos. Los esfuerzos realizados por las fuerzas del orden dieron sus frutos. La agresión subversiva cedió y la ciudadanía recuperó los espacios que había perdido.

Antes del 24 de marzo de 1976

Hasta el 24 de mayo 1973, la subversión no era un problema. Se había creado la Cámara Federal Penal, con competencia en asuntos vinculados a la guerrilla y se había alcanzado una importante cantidad de terroristas condenados con las garantías del debido proceso.

El gobierno del teniente general Alejandro Agustín Lanusse había tomado todas las medidas necesarias para combatir a la guerrilla con métodos legales.

El 25 de mayo de 1973, Héctor Cámpora se sentó en el Sillón de Rivadavia. Su primer decreto fue para liberar a los terroristas encarcelados. De esta forma, Cámpora llenó las calles de violentos y tiró a la basura los avances de la Revolución Argentina en materia de lucha contra la subversión.

Las policías provinciales se vieron desbordadas por la acción de los subversivos. El gobierno se vio en la necesidad de convocar a las Fuerzas Armadas a combatir a la guerrilla hasta su aniquilamiento, según consta en los decretos 261 del 5 de febrero de 1975 y 2772 del 6 de octubre del mismo año. En paralelo, el peronismo en el poder fue complaciente con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) que se ocupó de reprimir al margen de la ley.

No fueron 30.000

Al mismo tiempo que el terrorismo retrocedía, fue tomando forma el mito de los 30.000 desaparecidos. La cifra es absolutamente irreal. En 1984 el presidente Raúl Alfonsín creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar el tema en profundidad. La comisión redactó el informe conocido como el Nunca Más, en el queda establecido que hubo 8.961 personas en calidad de desaparecidos.

El informe de la CONADEP fue la instrucción del juicio a los comandantes de las Juntas Militares. Un estudio más reciente realizado en 2016 por Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) que depende del Ministerio de Justicia precisó que durante el último gobierno militar, hubo 6.348 víctimas de desaparición forzada, por lo cual el Estado argentino da por tierra la cifra inventada de 30.000.

En relación a la cuestión de los desaparecidos, es importante señalar que por el accionar delictivo de la guerrilla, sus miembros cambiaron su identidad por los denominados “nombres de guerra” y disponían de documentos falsos para vivir en la clandestinidad. Muchos utilizaron esa documentación para abandonar el país ante su derrota inminente, dejando atrás su medio familiar, social y laboral de un día para el otro.

Siempre que les fue posible, las organizaciones terroristas retiraron los cadáveres de los caídos en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas para enterrarlos en forma clandestina. Otra práctica que mantenían los extremistas era la de aplicar a sus miembros su Código de Justicia Revolucionaria, que admitía la pena de muerte para los adherentes que tenían intención de abandonar las organizaciones.

Las Fuerzas Armadas lucharon en defensa del orden constitucional. La victoria fue posible por el apoyo de una sociedad que deseaba volver a vivir en paz, como antes de la irrupción terrorista. En la Argentina hubo una guerra civil que ganaron las fuerzas del orden. Hubo excesos, como en todo conflicto, que no deben empañar la paz alcanzada.

Recopilación: Jorge Quevedo - RAFAELA (SF)