En abril pasado, el INAES dictó la Resolución Nº 879 en la cual decidió INSTRUIR SUMARIO a miles de Cooperativas y Mutuales, por incumplimiento al proceso de Actualización Nacional de Datos oportunamente dispuesto y omisión en la presentación al organismo de la documentación asamblearia y estados contables, que acreditaran su regular funcionamiento institucional desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 29 de febrero de 2024.

Cabe recordar que, sin perjuicio de la obligatoriedad del proceso de actualización de datos que se había dispuesto, dentro del cual las Cooperativas y Mutuales debían denunciar su domicilio actualizado, también resultaba obligatoria la constitución de una cuenta de usuario en la plataforma de trámites a distancia (TAD), en el cual son válidas las notificaciones electrónicas.

La no presentación en el citado proceso ha generado que las entidades incumplidoras carezcan del Registro Legajo Multipropósito del Sistema de Gestión Documental Electrónica, único medio de administración de los registros y consecuentemente que se carezca de un domicilio registrado en los términos exigidos por la normativa vigente.

Las entidades objeto del sumario dispuesto, contaban con un plazo de 10 días hábiles administrativos para ejercer su derecho de defensa. Vencido el mismo, de las miles de Cooperativas y Mutuales intimidas, sólo unas pocas se presentaron a realizar sus manifestaciones.

Ante ello, el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social dictó las Resoluciones Nº 1.364 y 1.365, publicada en el Boletín Oficial del pasado 10 de junio 2024, donde se verificó que la mayoría de las entidades sumariadas no se habían presentado a ejercer tal derecho ni han realizado actos o manifestaciones que de alguna manera anuncien, aunque sea en forma tácita, su voluntad de regularizar su situación institucional en cumplimiento de la normativa vigente. Ante la gravedad y verosimilitud de las transgresiones constatadas respecto de este último grupo, el organismo resolvió retirarles la autorización para funcionar a más de 8.000 Cooperativas y a unas 700 Mutuales.

A la espera de la motosierra

El organismo a cargo de un profundo conocedor de la materia, Marcelo Collomb, también había dictado la Resolución Nº 878 publicada en el Boletín Oficial del pasado 3 de abril, en la cual se decidió ordenar el caos provocado durante las gestiones anteriores: las Cooperativas y Mutuales que hayan obtenido su personería jurídica hasta el 31 de diciembre 2022 y que no efectuaron presentación de documentación asamblearia y estados contables en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 29 de febrero de 2024, debieron presentarla ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y, en su caso, el Órgano Local Competente, en el plazo de 30 (treinta) días hábiles administrativos. Dicho plazo venció y se aguardan los resultados.

Las mismas sólo podían efectuar ante el INAES presentaciones que acrediten el cumplimiento de lo establecido precedentemente, quedando suspendida cualquier otra petición administrativa, con excepción de las correspondientes a acciones de fiscalización pública.

El incumplimiento de lo establecido dará lugar a la automática suspensión de la autorización para funcionar por obstaculización al ejercicio de la fiscalización pública y al inicio de actuaciones sumariales, con excepción de las Mutuales constituidas por colectividades y Cooperativas cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos.

Lo resuelto obedeció a un relevamiento efectuado por la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del organismo, del que resulta que varios miles de entidades no han presentado la documentación asamblearia exigida, no dando señales de vida institucional. "La ausencia de actos asamblearios, elemento esencial del ejercicio de la capacidad jurídica y de la formación de la voluntad del ente, entorpece e impide a esta autoridad de aplicación ejercer las funciones de fiscalización pública y registro que le son propias y acredita un irregular funcionamiento de las Cooperativas y Mutuales".

De los datos recabados surgió que con motivo del proceso de actualización nacional de datos y el dictado de la Resolución Nº 1.864/19, al mes de diciembre de 2019 existían 11.853 Cooperativas sobre las que debió haberse dado inicio a un proceso sumarial, a posteriori del vuelco masivo de información sobre los registros legajo multipropósito creados. Esas entidades ascendían, al mes de enero 2024, a 10.480.

En el período 2020-2023 se constituyeron 12.425 Cooperativas, de las cuáles el 97% son Cooperativas de Trabajo, advirtiéndose que de las 8.070 constituidas entre los años 2020 y 2022, el 72% no han presentado los estados contables ni las asambleas por esos períodos, no obstante haber finalizado las condiciones que dieron origen a la postergación de las asambleas con motivo de la pandemia por COVID-19.

Tras la verificación de la interacción del Instituto con la Administración Federal de Ingresos Públicos para la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria, que en el 22% de los casos se repiten asociados, lo que constituye un alerta tratándose de Cooperativas de Trabajo dada la imposibilidad del cumplimiento del objeto más allá de un reducido número de casos y según el objeto social de que se trate y en el 9% se ha verificado la existencia del mismo domicilio.

¿Es ilegal ser asociado a varias entidades? En absoluto. Pero al tratarse de Cooperativas de Trabajo es humanamente imposible que la persona brinde su trabajo en tantas organizaciones.

Fue el Movimiento Evita quien más personas enroló dentro de este sistema, liderado por los exfuncionarios del pasado gobierno Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro.

La medida apuntó a limpiar el padrón nacional de varios miles de organizaciones que se inscribieron y que no volvieron a dar señales de vida, incumpliendo la normativa vigente. La mayoría de las que hoy se consideran "perseguidas" nunca realizó asambleas ni presentó balances.

Otras fueron inventadas para recibir subsidios del Estado o ser parte de los programas sociales que utilizaron la figura de Cooperativas para brindar contraprestaciones.

¿Es lógico o aceptable que quienes recibieron fondos públicos millonarios no cumplan con las obligaciones institucionales que requieren la propia ley y la autoridad de aplicación?