La posibilidad de que los productores agropecuarios obtengan ingresos por proyectos que reduzcan emisiones o capturen carbono dio un paso en el Congreso. Este jueves, el Senado aprobó un marco regulatorio para el mercado de carbono que establece reglas sobre la titularidad y comercialización de los créditos: contempla beneficios fiscales y fija condiciones para la participación de los propietarios de campos en programas públicos. La iniciativa, que ahora deberá tratar Diputados, despertó expectativas en el sector, aunque los especialistas advierten que su impacto dependerá de cómo se instrumente. Para el Gobierno, se puede generar un mercado de exportación de hasta 3900 millones de dólares.
«Tranquilamente, la ganadería, la agricultura y la forestación van a poder aumentar la eficiencia productiva, bajar los costos y, tal vez, intentar recibir un adicional de ingresos a través de créditos de carbono», señaló Andrés Costamagna, director del área de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El proyecto define cada crédito como un instrumento certificado que acredita una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada, reducida o removida respecto de un escenario de referencia. Para el agro, la oportunidad que describen los consultados comprende proyectos vinculados con los suelos, las pasturas, los bosques y el tratamiento de efluentes, siempre que sus resultados puedan medirse y verificarse.
«La Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene recursos naturales suficientes, porque puede ofrecer servicios basados en la naturaleza, porque puede ayudar a proteger y a conservar si aparece financiamiento», sostuvo Costamagna. A su entender, también puede aumentar la producción agropecuaria con prácticas sostenibles, pero necesita «incentivos claros».
Uno de los puntos sensibles para los productores es quién tiene derecho a los créditos y a los ingresos que generen. El texto los considera bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, diferenciados del inmueble, el recurso natural y la actividad de los que derivan. Además, aclara que la titularidad en el registro de una certificadora no implica por sí sola la propiedad económica: esta dependerá de los acuerdos y contratos con los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados al proyecto.
«Esto tiene que ver con respetar la propiedad privada, con que el dueño de la tierra sea el principal beneficiario de los proyectos de carbono y con generar un marco de tranquilidad y de transparencia para que las inversiones lleguen», afirmó Costamagna.
La propuesta también contempla programas impulsados por la Nación, las provincias o los municipios, que podrán abarcar agricultura y uso de la tierra, entre otras actividades. Para esos esquemas establece la adhesión voluntaria y el derecho de los propietarios a excluirse mediante un mecanismo «directo, simple y gratuito», sin autorización previa del Estado.
A su vez, reconoce el derecho a desarrollar proyectos individuales sobre los inmuebles, cuyos resultados deberán descontarse de los del programa jurisdiccional para evitar superposiciones. Quienes permanezcan en el esquema y no desarrollen un proyecto propio tendrán derecho a los beneficios que les correspondan según su mecanismo de distribución. La escala será otro de los desafíos para que la oportunidad alcance a pequeños y medianos productores.
Martín Fraguío, director de Carbon Group Agro-Climatic Solutions, planteó que los instrumentos deberán adaptarse a cada región y a sus actividades. «En zonas de muy pequeños productores, de montes donde su actividad principal por caso son cabras, chivos, y otras, creo que va a haber que armar programas colectivos, como de barrio», explicó. Según sostuvo, los esquemas colectivos pueden reducir los costos de participación.
Para el especialista, después del avance legislativo habrá que resolver cómo se adaptan los programas a cada región. El acceso a este mercado exigirá acreditar resultados. El proyecto requiere reducciones o remociones reales, medibles y verificables, permanencia y adicionalidad: es decir, que el beneficio climático sea superior al que habría ocurrido sin el proyecto. También prevé monitoreo, reporte y verificación, con auditoría independiente, e impide utilizar una misma reducción más de una vez para alcanzar metas climáticas.
El proyecto fija «en cero los derechos de exportación para las transferencias internacionales de créditos y prevé diez años de estabilidad fiscal nacional para los proyectos registrados». Además, permite utilizar los créditos como respaldo, fuente de repago o garantía de instrumentos financieros. «En el sector que administra estos ecosistemas terrestres, las plantas hacen fotosíntesis. Y cuando la planta hace fotosíntesis, absorbe una cantidad enorme de CO‚ de la atmósfera», dijo.
Fraguío ubicó esta discusión en el marco del Acuerdo de París de 2015, y de las herramientas de financiamiento para proyectos de mitigación. Para el especialista, el desafío argentino es aprovechar ese interés para atraer inversiones que también alcancen al campo. «Entre todas esas inversiones está el productor agropecuario, para que mejore sus suelos, mejore sus ecosistemas», señaló.
