La posibilidad de volver a producir en terrenos ubicados junto a las rutas nacionales ingresó nuevamente en la agenda del Congreso. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados comenzó a tratar este miércoles dos iniciativas que plantean habilitar el uso agrícola de las franjas adyacentes a las trazas, una práctica que tuvo antecedentes en el país pero que actualmente se encuentra impedida por una resolución adoptada en 2008.
Los proyectos corresponden al diputado Javier Sánchez Wrba, del PRO, y a la diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria. Pese a provenir de espacios políticos diferentes, ambas propuestas coinciden en la posibilidad de otorgar permisos para aprovechar superficies de dominio público que actualmente no tienen utilización productiva.
Según difundió la Fundación Barbechando, el potencial es significativo. El cálculo toma como referencia una ganancia aproximada de dos hectáreas por kilómetro lineal en las zonas productivas y una Red Vial Nacional cercana a los 40.000 kilómetros. Al descontar los sectores donde el aprovechamiento no resultaría posible, la estimación señala que alrededor de 50.000 hectáreas podrían incorporarse a los cultivos anuales.
No se plantea sembrar sobre las banquinas
Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por diferenciar las banquinas de las superficies que pretenden ponerse en producción. Los proyectos no contemplan avanzar sobre los espacios necesarios para la circulación, detención de vehículos o seguridad vial, sino sobre terrenos disponibles dentro de la zona de camino y por fuera de esas franjas de seguridad.
La propuesta de Sánchez Wrba establece que los productores cuyos establecimientos sean linderos tendrían prioridad para acceder a permisos precarios y onerosos, es decir, mediante el pago de un canon. Los recursos obtenidos serían destinados, según esa iniciativa, al mantenimiento de la Red Vial Nacional. La propuesta impulsada por Propato comparte el aprovechamiento regulado de estas superficies, aunque plantea un destino social y cooperativo para los fondos recaudados.
La discusión recupera además una experiencia que durante años funcionó en diferentes puntos del país. A partir de una resolución de Vialidad Nacional de 1997 se celebraron convenios para utilizar determinadas zonas de préstamo ubicadas junto a las rutas, bajo condiciones específicas y manteniendo libres los sectores necesarios para garantizar la seguridad.
Aquellos acuerdos contemplaban particularmente la participación de entidades de bien público y permitían cultivos de baja altura, de manera que no afectaran la visibilidad de quienes circulaban. En 2008, sin embargo, Vialidad Nacional resolvió dejar sin efecto los convenios existentes y el esquema quedó desactivado.
Una posibilidad para generar recursos locales
La eventual recuperación de este sistema abre además una discusión que excede la incorporación de superficie agrícola. En distintas localidades, el aprovechamiento de estas tierras estuvo vinculado históricamente a mecanismos mediante los cuales productores realizaban las labores y afrontaban los insumos, mientras que los recursos generados podían contribuir al sostenimiento de instituciones de las comunidades.
El modelo encuentra antecedentes todavía vigentes a nivel provincial. En Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 10.342 habilita desde 1985 a los municipios a conceder permisos precarios de uso sobre determinadas franjas adyacentes a rutas y caminos provinciales. Según Barbechando, localidades como 9 de Julio desarrollaron experiencias bajo ese régimen.
La discusión recién comienza en Diputados y todavía deberá avanzar en las comisiones correspondientes antes de una eventual llegada al recinto. De prosperar alguna de las iniciativas, el cambio permitiría recuperar un esquema abandonado hace casi dos décadas y sumar una superficie productiva que, de acuerdo con las estimaciones difundidas, podría alcanzar las 50.000 hectáreas solamente sobre la red nacional.
La cifra, además, no contempla el eventual potencial existente a la vera de rutas provinciales, cuya regulación depende de cada jurisdicción y presenta situaciones diferentes a lo largo del país.
