1912. La situación de precariedad en la vida de las familias trabajadoras del campo se recrudece. Los coletazos de las explosiones sociales del centenario condimentan el inconformismo agrario que en el sur de Santa Fe se vuelve peligroso. El Estado, con sus leyes de Residencia y Defensa Social, arremete con la expulsión de inmigrantes. Condición mayoritaria de quienes subarrendaban las tierras y fueron dando forma al estallido del grito en reuniones clandestinas.

Diez días antes del 25 de junio, los productores y comerciantes presentaron un pliego de demandas. Entre las que se encontraban mejoras en los contratos de arrendamiento y rebajas en el canon para aliviar las deudas contraídas por la mayoría de las familias en los malos años anteriores. Ni el pedido de una reforma agraria ni planteos más profundos configuraban el pliego, pero las situaciones de injusticia empezaron a politizarse.

Manos a la huelga

Para garantizar la agitación y la adhesión a las medidas de lucha, se conformó una comisión de huelga y se desplegaron redes de comunicación y organización. Ferrocarril y telégrafo mediante, se viajaba a otros poblados para informar los avances y se mantenía actualizada a la prensa.

Fueron las mujeres las que mantuvieron las chacras y pusieron en funcionamiento redes de reparto de alimentos entre las familias agricultoras. Así garantizaron la parálisis en los trabajos de labranza impidiendo el boicot a la huelga. Los terratenientes también desempeñaron un papel protagónico. Además de instaurar condiciones de hambre a quienes trabajaban sus tierras, solicitaron la presencia del ejército en el conflicto, el cual intervino a fuerza de un importante saldo represivo*.

El Grito de Alcorta es sinónimo de lucha y resistencia agraria. Fue el puntapié para plantear pisos mínimos de años de arriendo. Primero fueron tres. En 1917 pasaron a ser cuatro, que se establecieron por la Ley 11.170 – primera de arrendamientos agrarios – luego de la gran marcha que se realizó en Buenos Aires en 1921. En 1932, la ley 11.627 extendió los plazos a cinco años.

En medio de huelgas sucesivas, a través de la Ley 12.630, se crea el Consejo Agrario Nacional (CAN), por medio del cual se compraron y expropiaron 1.266.358 hectáreas de tierras ociosas, que fueron subdivididas en 7.841 familias productoras. Tres años después, en 1947, se dicta la ley 13.246, de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, conocida como Ley Perón. Esta norma, junto a los créditos agrarios que el Banco Nación otorgaba desde 1933, significó que 45.700 arrendatarios puedan solicitar créditos para adquirir campos.

Unas décadas después, el CAN busca profundizar su accionar a través de la Ley 16.883, pero el golpe de Estado de Onganía la anula con el decreto 17.253/66 volviendo a poner a jugar al Estado a favor de la oligarquía en la disputa. La Ley anulada suponía la realización de un censo sobre la productividad de las tierras, que establecía que las que fuesen improductivas en el término de un año, podrían ser otorgadas a los arrendatarios inscritos, por facultad de la Ley Perón.

Los ecos del Grito resuenan en la memoria subterránea de la organización agraria. Recoger las luchas anteriores para reavivarlas dentro de los términos de nuestro presente vuelve posible la construcción de formas colectivas de imaginar un mundo mejor. La memoria es pieza fundamental en el ejercicio de edificar ese futuro posible atando el recorrido de las conquistas (y también de las derrotas).

Aunque todavía quede mucho por gritar, la experiencia de organización y disputa se materializa en los proyectos de Ley que la Mesa Agroalimentaria Argentina** presentó en el Congreso Nacional para que el sector rural recupere y gane derechos.

Proyectos de leyes que proponen resolver el problema de la tenencia de la tierra, como la Ley de Acceso a la Tierra, la de Arrendamientos Rurales y la de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura Familiar. Otros que problematizan las desigualdades del sector y las formas de producción agraria, como la Ley de Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias y la de Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica. Proyectos y conquistas claves, como la Ley de Semillas y la Ley de Patentes.

En tiempos de resistencias cuestionadas, reivindicar las estrategias de disputa organizada y la gremialidad como herramienta institucional, se vuelve vital y móvil.

* Persecución y detenciones. A referentes como Netri lo asesinaron en 1916, y a Menna en 1917. A Juan B. Justo le pegaron cuatro balazos. Capdevila estuvo 18 meses preso y fue torturado. Manuel Sales, detenido junto a nueve agricultores de Máximo Paz, tuvo que exiliarse.

** La mesa Agroalimentaria argentina está formada por UTT, FE.CO.FE, FONAF, MNCI ST y BASES FEDERADAS