La Municipalidad de Rafaela abrió un llamado a licitación pública para la compra de dos camionetas 0 kilómetro que serán destinadas a la Guardia Urbana Rafaelina, dependiente de la Secretaría de Prevención y Seguridad.
Según el decreto oficial, el presupuesto destinado para la adquisición asciende a 90.300.000 pesos. La convocatoria se enmarca dentro del proceso de renovación y fortalecimiento del parque automotor del área de seguridad preventiva municipal.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo local sostiene que el crecimiento demográfico y la expansión territorial de Rafaela incrementaron la necesidad de realizar mayores patrullajes y controles preventivos en distintos sectores de la ciudad.
Además, el documento remarca que varias de las unidades actualmente en funcionamiento presentan desgaste producto del uso y el paso del tiempo, situación que motivó la decisión de avanzar con la compra de nuevos vehículos.
La apertura de sobres fue fijada para el próximo 23 de junio, a las 9:00, en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Municipio.
De acuerdo al pliego técnico, las camionetas deberán ser doble cabina, con motor diésel, transmisión manual de seis velocidades y tracción 4×2. También se exige una potencia mínima de 150 caballos de fuerza y equipamiento de seguridad como airbags frontales y laterales, frenos ventilados, cinturones inerciales y dirección asistida.
Las unidades además deberán incorporar aire acondicionado, cierre centralizado, levantavidrios eléctricos, regulación de volante y butaca, además de accesorios reglamentarios como matafuego, balizas portátiles y rueda de auxilio. El color requerido por el Municipio será blanco.
Uno de los requisitos centrales establecidos en la licitación es que los oferentes deberán contar con servicio técnico oficial habilitado dentro del ejido urbano de Rafaela. El pliego aclara que no se aceptarán talleres móviles ni servicios itinerantes.
En cuanto a los plazos, el Municipio estableció que las camionetas deberán ser entregadas dentro de los 30 días corridos posteriores a la firma del contrato. En caso de incumplimiento, se prevén multas económicas para la empresa adjudicataria.
La documentación oficial lleva las firmas de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Saliba; y el intendente Leonardo Viotti.
