En la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, la Cámara de Diputados de Santa Fe manifestó su preocupación por el ajuste presupuestario que atraviesa la educación superior. A través de un proyecto de comunicación aprobado en la última sesión, el cuerpo legislativo solicitó formalmente al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Al respecto, la diputada Gisel Mahmud fundamentó el reclamo advirtiendo que la situación en la provincia es «tremendamente crítica».
Un incumplimiento que desafía a la Justicia
Durante su alocución, Mahmud fue tajante al señalar que el gobierno de Javier Milei está ignorando no solo al Congreso, sino también al Poder Judicial. «Esta ley fue sancionada y ratificada por las mayorías que dicta la Constitución. Incluso ante una cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), hubo sentencias favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, el Gobierno sigue desconociendo las normas», denunció la legisladora.
La diputada subrayó que la situación en Santa Fe es «tremendamente crítica» y calificó el presente del sistema universitario como una «tragedia». «No hay ningún gobernante que pueda estar por encima de las leyes de este país, y mucho menos cuando se trata del futuro de nuestros jóvenes y del salario de quienes los forman», sentenció.
El impacto del ajuste en números
Mahmud brindó datos alarmantes sobre el deterioro del poder adquisitivo y el desfinanciamiento del sector:
Docencia: 6 de cada 10 docentes universitarios perciben salarios inferiores a los $500.000, habiendo perdido el equivalente a más de un año de sueldo por el ajuste.
Estudiantes: Las becas Progresar han quedado obsoletas. «No alcanzan para pagar una semana de transporte ni dos pizzas. Es imposible sostener una carrera así», ejemplificó la legisladora.
Fuga de cerebros: El país ya ha perdido 5.700 científicos debido a la falta de fondos para la investigación.
«Nos dicen que no hay plata, pero vemos recursos para viajes presidenciales y beneficios tributarios a grandes empresarios, mientras se asfixia a la universidad pública», cuestionó Mahmud.
Universidad, empleo y producción
Más allá de lo académico, la diputada resaltó el rol de la universidad como motor económico regional. Citó como ejemplo a la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que genera alrededor de 5.300 puestos de trabajo genuinos en la provincia.
«Estamos hablando de un sistema científico que le da soporte al agro, a la industria y a toda la actividad productiva de Santa Fe. Al afectar a la universidad, se está afectando el empleo y el desarrollo de nuestra tierra», concluyó Mahmud, convocando a la sociedad civil a manifestarse con contundencia en la marcha del próximo martes para exigir que la ley se cumpla.
