Por Coni Cherep

Este jueves 14 de noviembre quedará marcado en el calendario, como el día en que – por fin- después de 30 años, el poder político votado por los ciudadanos, le impuso reglas y límites al anquilosado y abusivo ejercicio del poder judicial en la provincia de Santa Fe. No se trataba ya de nombres solamente, sino de un sistema divorciado de todas las reglas de legislación moderna, generó una concentración del poder única, desde el retorno a la democracia. Un datalle: ojalá no sirva para establecer un nuevo regimen de abusos. Eso dependerá de la ética de los nuevos miembros, y de los niveles de control que ejerza el poder político.

Serán siete. Un número impar, que en principio rompe con un superpoder velado que tenía el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe. Es cierto que no valía doble, pero tenía la «ventaja» de elegir a quienes iban a desempatar, en el raro caso de que los seis no se pusieran de acuerdo.

También serán siete, y tres de esos siete, tendrán más o menos 60 años. Una edad razonable para el ejercicio de la magistratura superior. Y tendrán por lo menos ( y nada menos) que 15 años para poder ocupar esos lugares. Un tiempo adecuado para permanecer en un lugar. Suficiente. Más, resulta peligroso. Quienes se sientan en los sillones y se atan a ellos, al final, confunden a las instituciones con sus familias, sus arcas con las del Estado y a sus decisiones con las del Poder.

Es agresivo y peligroso llevar la discusión al terreno del biologismo. Pero algún límite objetivo e igualitario, tiene que existir para ponerle fin al desarrollo de las tareas en el Estado. A los que gobiernan, se los fija la duración del mandato. A los que juzgan, la edad. Duela o no. El paso del tiempo, o la manifiesta incapacidad, es el único elemento que permite estipular la duración de un mandato.

Así que al final, serán los 75 años. Una edad en la que casi todos los jueces del mundo, pasan a retiro. Por cansancio en su mayoría, por respeto a la propia magistratura. Y por convicciones republicanas.

Los casos de Gutierrez, Spuller y Falistocco, empiezan a rozar lo lamentable. No sólo superan esa edad, sino que ni siquiera entienden que lo único que puede mejorar el funcionamiento del sistema, es su renovación alternada y permanente. No es un problema del sistema con ellos, es que ellos no han dejado lugar a ningún cambio en los últimos 17 años. Y ya está bien. Hasta el más jóven de los miembros de la Corte, el rosarino Daniel Erbetta, ha caido en la volteada. No por edad, sino por la cantidad de años que ocupa en el cargo.

Probablemente todos, y permitanme la duda en alguno de los casos, estén en condiciones de seguir ejerciendo sus cargos. Y es cierto que la inamovilidad de los jueces, es una garantía para el funcionamiento independiente de la justicia. Pero esa inamovilidad no puede ser antojadiza y vitalicia. La ley debe estipular un corte. Y eso hizo Santa Fe ayer con la sanción de la reforma a la ley orgánica de Justicia.

Pero más allá de Santa Fe y de Argentina y sus controversias habituales…¿ Que hace el mundo con el principio de inamovilidad? Le puso límites temporales. O de edad o de mandato.

65 años de edad es el limite para un miembro de la Corte en Francia. En Brasil, el cargo no tiene mandato fijo: pero nunca pueden superar los 75 años de edad. En Ecuador la Constitución establece un límite de seis años, con posterior ratificación, tengan la edad que tengan y sólo por dos mandatos. En Chile, ningún cortesano puede superar los 15 años en el cargo. En Alemania, los magistrados pueden ejercer su cargo hasta los 68 años de edad o hasta el final de su mandato de 12 años. Para garantizar su independencia, no pueden ser reelegidos. Uruguay a los 65 años. Australia, India y Sudáfrica fijan los 70 años como limite.

Es decir, en el mundo la inamovilidad es removible. Y si se compara a Santa Fe, los miembros han permanecido en sus cargos más del doble del tiempo recomendado por la mayoría de los paises, y superan holgadamente los años de edad, que se estipulan como límites.

Sólo la angurria, la concepción estrictamente política de la permanencia y la idea de que el principio de inamovilidad sólo está sujeta a «las condiciones para seguir ejerciendo el cargo»- un asunto sin objetividad posible- han gestado este proceso casi autocrático de poder continuo en la Provincia de Santa Fe.

Se acabó ayer. Y es una pena que se termine de manera tan conflictiva. Gutierrez, Spuler y Falistocco, debieron continuar a Netri y a Gastaldi. Erbetta debería pensarlo, por lo menos. Le quedaan algunos años en el ejercicio de la magistratura, pero ya ha estado suficiente.

En Santa Fe se abre una nueva etapa. Que ojalá no sirva para establecer un nuevo regimen de abusos. Eso dependerá de la ética de los nuevos miembros, y de los niveles de control que ejerza el poder político.

Mientras Falistocco, Gutierrez y Spuler siguen en el poder judicial, los santafesinos elegimos siete veces a nuestros gobernadores y legisladores.

No estoy pidiendo que hagamos lo mismo con los jueces. Pero está claro que se necesitaban reglas claras y definiciones que le pusieran limite al abuso. El abuso del poder, un asunto inherente a la condición humana. Que suele festejar los límites, salvo cuando esos límites impactan sobre los derechos de algunos.