No se trata de un simple ensañamiento de algunos con el vitalicio gobernador formoseño, como ha señalado la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, tras las jornadas de protesta de las que, desde hace cinco días, participan miles de formoseños. La paciencia de un pueblo frente al autoritarismo tiene un límite y este parece haber llegado.
Gildo Insfrán gobierna Formosa desde hace 25 años en forma ininterrumpida. Maneja el distrito como un feudo y si se mantiene en el poder es no solo por el anacronismo de una de las pocas Constituciones provinciales que admite la reelección en forma indefinida, sino también por las persecuciones contra los dirigentes opositores y por un clientelismo que emplea como carne de cañón electoral a vastos contingentes de personas bajo el nivel de pobreza. El intercambio de votos por cajas de comida y alguna obra pública es la principal fuente de sostenimiento de Insfrán en el poder. El culto al personalismo y la apropiación del Estado por los gobernantes hacen a la lamentable cultura política formoseña.
Las protestas que están teniendo lugar en estas horas en Formosa guardan relación con la violenta represión policial desatada el viernes pasado ante manifestantes que hacían sentir su queja ante el regreso a la fase 1 de cuarentena dispuesta por el gobierno provincial.
La propia organización Amnistía Internacional formuló un llamado para "poner fin a las violaciones a los derechos humanos" en la provincia que Insfrán gobierna con mano de hierro. En un comunicado, expresó que, en los últimos ocho meses, recibió decenas de denuncias de personas afectadas por restricciones de acceso a Formosa, además de detenciones compulsivas en centros de aislamiento y, desde el viernes pasado, represión contra manifestantes. Según la citada organización internacional, más de 100 personas resultaron heridas y más de 80 fueron detenidas en medio de las protestas.
Como hemos señalado en más de una oportunidad desde esta columna editorial, en varias provincias y municipios del país, las medidas restrictivas de las libertades en el marco de la pandemia han dado lugar a lamentables abusos de poder por parte de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. Cuando las restricciones tendientes a garantizar el aislamiento social para enfrentar el Coronavirus superan el límite del sentido común y provocan consecuencias que van más allá de lo razonable, la indignación de la población suele no tardar en llegar.
Pero el caso de Formosa es especial, porque esos abusos de poder en el contexto de una emergencia sanitaria han sido apenas la gota que rebalsó un recipiente que había acumulado demasiada bronca contenida. El senador kirchnerista José Mayans, quien acaba de denunciar "una intifada" contra Insfrán, es el mismo dirigente que, semanas atrás, había afirmado alegremente que "no hay derechos en pandemia". Una aseveración que puede ser una muestra del pensamiento vivo del gobierno provincial y que habilitaría que el Congreso evalúe una intervención federal para restablecer la institucionalidad.
Una legítima indignación popular es lo que ha aflorado en los últimos días frente a un régimen que mantiene a la provincia postrada en el atraso y la miseria, mientras se multiplican los negociados desde el poder y las violaciones a las libertades, incluidas la de prensa y de expresión, como lo han denunciado distintas agrupaciones de periodistas.
En Formosa, el 65% de la población vive en viviendas deficitarias, el 20% de los hogares exhibe condiciones de hacinamiento, el 41% de ellos carece de agua corriente y el 31% no tiene servicio eléctrico. La mortalidad infantil ronda el 11,3 por mil y supera el promedio de la Argentina, que es del 8,8 por mil, según los últimos datos publicados en 2019.
Paralelamente, el feudo de Insfrán ha sido siempre prolífico en falta de transparencia y en escándalos de corrupción. Uno de los más recordados ocurrió en 2010 con la contratación de The Old Fund para el asesoramiento al gobierno provincial en el proceso de renegociación de la deuda con el Estado nacional, por 7,6 millones de pesos. Se trataba de una compañía sin empleados ni antecedentes en la materia a cargo del supuesto testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, quien declaró en la causa judicial como arrepentido y reconoció que lo primero que hizo para Boudou "fue cobrar la coima del gobierno de Formosa", al tiempo que un funcionario muy cercano a Insfrán se llevó 2,2 millones de pesos.
La indignación popular, como se ve, está ampliamente justificada después de tantos años de corrupción y miseria. A estas alturas, nada puede sorprendernos del régimen formoseño. Pero sí llama poderosamente la atención y debe lamentarse el silencio cómplice del presidente Alberto Fernández, quien anteayer, durante un acto por el Día de la Mujer, hasta le dio una palmadita afectuosa al gobernador Insfrán. El mismo a quien, en mayo del año pasado, el primer mandatario llenó de elogios y calificó como "uno de los mejores políticos y seres humanos".
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