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El Gobierno obligará a las prepagas a dejar de triangular fondos con obras sociales

El ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió con las principales empresas de medicina privada del país y les comunicó que la semana próxima se publicará una resolución que dispondrá cambios profundos

Después de anunciar que Swiss Medical inició el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud, el ministro del área, Mario Lugones, se reunió con las principales prepagas del país para informarles el próximo paso del Gobierno.

Según confirmaron fuentes oficiales, “la semana que viene” se publicará una resolución que buscará que todas las prepagas se inscriban en el Registro de Agentes del Seguro de Salud. Ese es el listado en el que las compañías declaran que dejan de tener convenios con obras sociales o sindicatos que funcionan de intermediarios en el pago del servicio del afiliado.

Tal como detallaron, la resolución establecerá que “a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660″.

De esta manera, el Ejecutivo buscará que las otras prepagas sigan los pasos de Swiss Medical. “Básicamente, se van a tener que inscribir o inscribir”, explicaron desde un despacho público.

Según fuentes oficiales, de la reunión participaron representantes de OSDE, Medifé, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Hospital Italiano y Hospital Alemán. “Hubo buena predisposición”, describieron.

Según cifras del Gobierno, el proceso de triangulación recauda mensualmente $8600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3% y 7% según el caso. ¿Qué implica que los afiliados puedan dejar de triangular? Según explicaron fuentes oficiales, los fondos que perciben las prepagas ingresan primero en las obras sociales. En términos prácticos, un trabajador en relación de dependencia deriva parte de los aportes de su empleador a la obra social correspondiente de su rubro y luego ese dinero sigue su curso para pagar la prepaga. Entonces, sin triangulación, las obras sociales dejarían de percibir ese porcentaje. “Peaje de la salud”, en palabras de funcionarios del Gobierno.

Una de las grandes preguntas en esta historia es si el fin de la intermediación redundará en cuotas de prepagas más bajas. En ese sentido, desde una de las empresas que se reunieron con el Gobierno explicaron que hay dos grandes grupos para responder esa incógnita. “A los que intermediaban con obras sociales chicas, consideradas sellos de goma, sin dudas van a ver una reducción en sus cuotas, pero no está claro si va a haber una mejora en los casos que intermedia una obra social grande”, definieron.

La reforma en el sistema de obras sociales que proyecta Lugones puede ser un golpe para muchas prestadoras médicas sindicales, pero no para todas. Podrían favorecerse con esta medida las obras sociales más grandes, como Osecac (Comercio), Construir Salud (Uocra) o Unión Personal (UPCN), que son las que más afiliados tienen. Como “ministro en las sombras”, liquidó un subsidio llamado SUMA [Subsidio de Mitigación Asimétrica]para favorecer a las prestadoras médicas con mayor cantidad de afiliados. Con esa medida logró alinear al sector de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) de la CGT, que mejoraron sus ingresos. Esto significa que desde antes de llegar al cargo, fue el interlocutor con los gremios por la caja de las obras sociales. “Está saneando el sistema”, lo endulzó un sindicalista influyente.

Una fuente del sindicalismo relativizó el impacto que esto pueda tener en el universo gremial. “Son obras sociales chicas las que triangulan. Lo que quieren hacer ahora es que se les termine el chorro a esas”, definió. Además, opinó que las cuotas de las prepagas sin intermediación de las obras sociales pueden ser más caras ya que entre ambas partes existen convenios con precios acordados.

Desde una de las obras sociales más grandes del país también comentaron que “acá lo que va a pasar es que las obras sociales que no dan un servicio van a desaparecer”. De hecho, definieron que “las obras sociales que brindan servicios de verdad no compiten con las prepagas”.

Incluso, el representante de esta obra social grande se atrevió a ponerle números al asunto. Partió de la base que el 9% de los aportes de un trabajador registrado van para obras sociales. En los casos de triangulación, según explicó, ese 9% se dividía en dos partes. El 3% para la obra social y el 6% para la prepaga a la que el afiliado busque derivar. Por lo tanto, las prepagas recuperarían ese porcentaje, pero aún así lo catalogó como “un mal negocio” de las empresas de salud privada.

La inscripción en el Registro de Agentes del Seguro de Salud estipula que sus miembros dejan de triangular, pero al mismo tiempo pasan a aportan un 15% al Fondo Solidario de Redistribución. Pese a eso, desde una de las prepagas que participó de la reunión con Lugones sostuvieron que la estrategia es conveniente porque “sin las obras sociales de por medio se pueden captar más afiliados”.

El contrapunto que esgrimió el representante de la obra social aludida es que, según su visión, son pocos los trabajadores que abandonarían absolutamente a las organizaciones sindicales y se volcarían directo a las prepagas por una cuestión de costos. “¿Cuánto tenés que ganar para pagar la cuota de salud privada sin los convenios que tenemos con ellas?”, argumentó.

Del otro lado de la orilla, del de las prepagas, redoblaron la apuesta. “Al estar todo unificado, sin intermediación, el servicio va a ser mejor, va a ser más eficiente”, retrucaron. En consecuencia, y en medio de esta nueva relación entre el Gobierno y las empresas de medicina privada, adelantaron que comenzará una ardua competencia entre ellas para capturar más afiliados.

Según estimaciones oficiales, el 15% del sistema de salud argentino está compuesto por empresas de medicina privada. Esto significa que cerca de seis millones de personas tienen prepaga. De ellas, cinco millones acceden al servicio a través del pago de sus empleadores. Por lo tanto, dentro de este último grupo podría impactar la inscripción de compañías al listado de agentes de seguro de salud del Gobierno. Fuente: La Nación.

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