El Gobierno nacional afrontará este miércoles su primera gran batalla legislativa de 2026 con el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral, una iniciativa central dentro de su agenda económica que apunta a dinamizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad laboral.
Para garantizar la llegada al recinto, el oficialismo debió aceptar más de veinte cambios respecto del texto original, en el marco de intensas negociaciones con distintos sectores políticos, sindicales y provinciales.
Entre los principales beneficiados de esas conversaciones aparecen los gobernadores, quienes obtuvieron la garantía de que no habrá recortes en el Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que representa ingresos millonarios para las arcas provinciales y cuyo eventual ajuste generaba fuerte preocupación en las administraciones locales.
Los gremios, en tanto, también lograron concesiones relevantes: se mantendrán los aportes patronales destinados a las obras sociales y continuará vigente el aporte solidario, puntos considerados centrales por el movimiento sindical. Sin embargo, persiste la resistencia a otros aspectos de la reforma, lo que mantiene abierto el conflicto.
En ese contexto, distintas organizaciones sindicales y sociales convocaron a movilizaciones frente al Congreso y a protestas sectoriales previstas para este sábado, anticipando un clima de alta tensión política y social alrededor del debate parlamentario.
De este modo, la discusión de la reforma laboral no solo pondrá a prueba la capacidad de negociación del Gobierno en el Congreso, sino también el equilibrio con provincias y sindicatos, actores clave para la viabilidad de uno de los proyectos más sensibles del año.
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