La responsable de la zona norte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donati, se refirió puntualmente respecto al menor implicado en el presunto abuso a otro menor en el barrio 2 de Abril y reconoció claras falencias dentro del Estado para abordar integralmente este tipo de casos, donde ya se hacen presentes problemas de salud mental o de consumos problemáticos.

En los últimos días, la ciudad de Rafaela viene conmocionada tras el presunto abuso ocurrido en horas de la tarde del día lunes en un sector del barrio 2 de Abril, donde un menor de 13 años -quien ya se encuentra alojado en un centro terapéutico- acompañado por un mayor de 20 -el cual ya estaría detenido-, habrían abusado a un menor de 8 años. Este caso en particular, además de todo lo que ya se sabe desde el lado policial, las repercusiones, movilizaciones, el pedido de justicia, los incidentes y demás; también hace poner el ojo en el trabajo de los distintos organismos del Estado encargados de velar por la protección de aquellos niños o adolescentes vulnerables. Tenemos que señalar que en particular, este adolescente de 13 años, con una gran cantidad de antecedentes policiales, hace tiempo que viene trabajando junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por un retraso mental. Indudablemente todo lo que se hizo no fue suficiente y terminó desencadenando en un hecho trágico y triste para toda una comunidad.
Para tener más detalles al respecto, Jorgelina Donati, delegada de la zona norte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, se encargó de brindar precisiones al respecto y fue clara al reconocer que el Estado no cuenta con los instrumentos necesarios para abordar la integralidad de los aspectos que requieren la atención de pacientes con retrasos en su salud mental, como así tampoco en aquellos niños, niñas u adolescentes con problemas de consumo.
La responsable de la Secretaría reconoció que este mismo es un órgano administrativo, encargado de la promoción y protección de derechos, cuando estos mismos son vulnerados en niños o adolescentes. Además de la promoción, la prevención y la protección en este último caso. La ley establece dos niveles: uno es el nivel que constituyen los servicios locales de protección y promoción que dependen de los municipios y comunas, que son los que intervienen en un primer momento; mientras que el segundo nivel de este organismo implica encargarse de tomar las medidas de protección excepcionales, lo que sucede cuando la vulneración de derechos es avasallada, ha persistido en el tiempo y no están las condiciones dadas para que el niño siga viviendo con sus progenitores. 
Como Estado ¿han intervenido y han tenido que ver en el traslado del menor a un centro de rehabilitación?
Nosotros ya veníamos trabajando hace bastante tiempo en el marco de una medida de protección integral con este adolescente, como lo hacemos con otros, garantizando algunas cuestiones que no estaban dadas, como la cuestión de salud. Estamos hablando que esta persona tiene un retraso mental. Se han realizado consultas con neurólogos, psiquiatras, tratamientos farmacológicos, psicológicos, algunas actividades recreativas; con lo cual veníamos trabajando profundamente ya que tenía dificultades desde hace tiempo. 
Tomamos conocimiento el día lunes de lo ocurrido. Mientras estábamos planificando cómo íbamos a intervenir, se ponen en contacto los progenitores del adolescente, pidiéndonos que tomemos alguna medida de resguardo para con él. Ahí mismo coordinamos, ese mismo día lo pusieron a disposición nuestra, con lo cual autorizaron a la Secretaría de Niñez a que se disponga del alojamiento de este adolescente, sobre el cual consideramos que -por sus características y fundamentalmente por este último hecho ocurrido que fue muy grave- debíamos alojarlo en un centro terapéutico donde se aborden las cuestiones que atraviesa este adolescente. 
¿La familia estuvo de acuerdo con que se optaran por estas medidas?
Los padres de forma inmediata nos autorizaron y lo pusieron a disposición, para que nosotros podamos realizar el traslado y el ingreso a este centro terapéutico. Lo realizamos en el marco de una medida de protección integral, por lo que no tuvimos que recurrir a la instancia excepcional que implica la separación o la suspensión de la responsabilidad parental. En este sentido los progenitores no solo se acercaron y lo pusieron a disposición, sino que acordaron con todo lo que se les propuso desde el organismo. 
Tenemos que decir claramente que en este caso es diferente el hecho cometido por un adolescente de 13 años, cuando se habla de forjamiento, que cometido por un adulto o un mayor de edad que tiene las plenas condiciones de discernimiento. Acá además hablamos de un adolescente muy joven con un retraso mental. 
Una vez incorporados a este centro terapéutico, ¿los menores pueden ingresar y egresar por propia voluntad u obligadamente debe residir en este lugar?
Una vez que se realiza la evaluación diagnóstica, se dispone un tratamiento -no menor a tres meses- donde se plantean toda una serie de pasos, que la familia también deberá acompañar, y se va evaluando con informes mensuales realizados por el centro para analizar cómo va evolucionando. Puede ser que requiera más tiempo y en este caso se reevalúa una prórroga. 

¿Cuál es la sensación que queda una vez ocurrido todo esto?
Nosotros trabajamos con objetivos, metas, acompañamos, volvemos, hacemos entrevistas, nos reunimos con todos los organismos públicos, instituciones de la sociedad civil, para plantear en el marco de esta medida de protección integral los ejes de trabajo para poder restituir estos derechos. A veces se puede revertir a tiempo, a veces es más prolongado y otras veces, lamentablemente, no en muchas ocasiones, suceden este tipo de situaciones donde debemos tomar otro tipo de medidas, que ya implica un daño a otros, como es el forzamiento en esta caso, ya que hablamos de un adolescente de 13 años. La intervención tiene que ser en un lugar especializado para trabajar con este tipo de temáticas, cuando hay un retraso mental o un padecimiento subjetivo, consumo problemático. 
¿Hay limitaciones respecto a la falta de este tipo de lugares especializados?
Si. En el Estado no contamos con estos lugares específicos. Si bien venimos trabajando en este camino con Salud Mental en la construcción de dispositivos intersectoriales, ya que tenemos muchas situaciones de niños y adolescentes con padecimientos subjetivos, es muy difícil lograr el alojamiento en un centro residencial de niñez que no está preparado para abordar esa singularidad; pero sí tenemos convenios mientras tanto, con organizaciones de la sociedad civil que sí los tienen. En este caso, este centro terapéutico tiene un convenio con nosotros. 
¿En qué se falló con este adolescente para que todo termine de esta manera?
Con este adolescente hemos realizado un trabajo arduo, sería muy largo de contar, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Los niños son responsabilidad de todos, tanto los organismos como las sociedad civil, más los organismos de protección, tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos; a veces sucede que los adultos por alguna razón no pueden establecer límites a tiempo y entonces los niños desconfían mucho de ellos, ya que desconocen de ese cuidado o ese límite amoroso porque no hay redes de apoyo en lo familiar o comunitario. Nosotros como organismo intentamos reconstruir todo esto con otras instituciones, tanto oficiales como de la sociedad civil. Lamentablemente terminó ocurriendo este hecho que es tremendo, pero tenemos en claro que hay un niño y un adolescente vulnerados.