La reglamentación del DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei modifica las reglas de juego de la producción de yerba mate en las provincias de Corrientes y Misiones, afectando a todos los actores que intervienen en la industria. Se ven afectados los pequeños y medianos productores organizados en cooperativas, los cosecheros, los molinos y, fundamentalmente, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), al modificar el grado de intervención para regular la actividad productiva regional.

Conformación de la agroindustria yerbatera

A partir del año 1926, el Estado Nacional promueve la colonización en función de la producción de yerba mate, específicamente. Eso explica el paisaje que tiene hoy la provincia de Misiones -que en ese entonces era todavía territorio nacional- y la configuración de estas unidades de veinticinco hectáreas de los denominados productores y productoras de yerba mate como colonos.

En 1935, se crea la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Estado Nacional regulariza la fase productiva, con la cosecha y las plantaciones; y la fase comercial con el mercado consignatario de la yerba mate. Tuvo sus vaivenes, en contextos más favorables para el pequeño y medio productor, y en momentos adversos, vinculados a la interrupción democrática de las dictaduras cívico militares en las que sufrieron severas consecuencias; sobre todo, los productores más combativos, que en la década del setenta se nuclearon en el denominado Movimiento Agrario de Misiones.

Con el retorno de la democracia, se interviene esta Comisión Reguladora y a partir de allí empiezan las críticas hacia el funcionamiento de la entidad, que derivaron en 1991 en el decreto de regularización de Carlos Menem, que elimina finalmente a la Comisión. Aquí se establece el libre mercado como regla de juego, lo cual en los primeros cinco años no afectó severamente la producción porque había un stock de materia prima importante.

En un principio, tampoco afectó a los precios, pero sí se empezó a notar un proceso de segmentación en el sector molinero, con el que se incrementa constantemente la diferencia entre el precio de venta en góndola y el precio que se le paga al productor.

El rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate

Para entender el impacto del DNU sobre la actividad de la yerba mate en la República Argentina -cuya zona productora es la provincia de Misiones y el norte de la provincia de Corrientes-, es necesario fijar la mirada en el rol del INYM, que es un ente autárquico que se crea en el año 2002 como resultado de un movimiento de productores que en 2001 se movilizó desde sus chacras hacia Posadas, capital de Misiones, bregando para que el Estado vuelva a actuar como contralor en la actividad.

A partir de entonces, el INYM tiene varias funciones; entre ellas, fijar el precio de la hoja verde y de la yerba mate cancha, que es la que recibe el primer proceso de secado previo a la molienda y a la posterior industrialización. Ese es su rol principal, pero también entre sus funciones están el establecer determinados parámetros para la actividad. Debate que se resuelve dentro del Directorio, que está integrado por representantes de la producción, de la industria, y de ambos gobiernos provinciales. Es decir, involucra todas las partes comprometidas en la agroindustria. Lo que se pretende con el DNU es garantizar la ley de la oferta y demanda lo que implica que el precio lo fije el mercado, quitándole al INYM el tener que fijar un precio mínimo.

Hay que tener en cuenta cómo se configura esta industria, que funciona en la práctica como un oligopsonio que tiene en su mayoría a los pequeños productores yerbateros. Más de diez mil específicamente son pequeños y medianos productores en la provincia de Misiones. Un pequeño productor tiene aproximadamente diez hectáreas, y va a quedar librado a la voluntad del mercado, la cual ya tiene un grado de concentración importante como resultado de un proceso que deviene de la década del noventa cuando cambiaron las reglas de juego.

Lo que provocó aquel proceso de liberalización fue una relación de asimetría en favor de los grandes molineros. A partir de entonces, se configura un nuevo escenario yerbatero donde entre diez y doce molinos concentran el ochenta por ciento de la yerba que se comercializa en toda la República Argentina. Y también son los máximos beneficiarios del sector exportación, lo cual es otro punto a tener en cuenta. Recién con la movilización de pequeños y medianos productores autoconvocados se vuelven a modificar las reglas de juego, con la creación del INYM que tiene vigencia hasta la actualidad y que hay que ver qué suerte le corresponde en el contexto actual del DNU vigente.

Envasada en su propia tierra

Un punto complementario a tener en cuenta es la adaptación de Ley de Envasado en Origen, que establecería que la producción de la yerba mate que circula en la República Argentina tenga justamente la característica de envasado en origen. Lo que sí se encuentra vigente es un Certificado de Indicación Geográfica aprobada por la Secretaría de Agregado de Valor en el 2016.

Naturalizar que no se envase en origen, continua en esta lógica desregulatoria que favorece al sector molinero dado que puede adquirir yerba mate en la región productora e industrializar en molinos ubicados en otros puntos del país, como ser las provincias de Córdoba o Santa Fe. Una de las empresas que ha operado por fuera de la región productora de yerba mate es Molinos Río de la Plata, que produce las marcas «Cruz de Malta» y «Nobleza Gaucha» para la Argentina y «Salus» para el Uruguay.