El debate sobre la necesidad de actualizar el Código Urbano de Rafaela comienza a tomar fuerza. A partir de la iniciativa presentada por los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi para convocar a la Comisión de Desarrollo Urbano, el arquitecto Carlos Airaudo puso el foco en las restricciones que, según su mirada, dificultan la concreción de proyectos inmobiliarios y terminan afectando la generación de empleo y la actividad económica local.
En diálogo con Diario CASTELLANOS, el profesional fue contundente al describir la situación. «En Rafaela la prioridad es siempre el no», sostuvo, al considerar que existen disposiciones urbanísticas y procedimientos administrativos que obstaculizan inversiones que podrían generar movimiento económico y puestos de trabajo.
Como ejemplo, recordó el proyecto de construcción de la estación de servicio que inversores de Sunchales pretendían desarrollar en la intersección de Luis Fanti y Suipacha. Según relató, la iniciativa había obtenido un dictamen favorable por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Urbano, pero posteriormente fue rechazada por el Concejo Municipal.
Airaudo explicó que en ese sector confluyen parámetros urbanísticos diferentes para ambas avenidas y que, finalmente, se priorizó el más restrictivo. De acuerdo con sus estimaciones, la construcción del establecimiento podría haber generado entre 40 y 50 puestos de trabajo, además de los empleos permanentes vinculados con su funcionamiento. «En lugar de ser propositivos, de buscar lo que va a dar trabajo, lo que genera producción, nosotros damos prioridad al no», cuestionó.
La Comisión de Patrimonio, otro punto de conflicto
Uno de los cuestionamientos centrales de Airaudo estuvo dirigido al funcionamiento de la Comisión de Patrimonio. El arquitecto consideró que esta composición dificulta la evaluación de proyectos, especialmente cuando los desarrolladores pretenden construir edificios en terrenos donde actualmente existen viviendas antiguas.
En ese sentido, puso el foco en las exigencias de preservar fachadas que, a su criterio, no siempre poseen un valor arquitectónico o histórico suficiente para justificar esa protección. Además, sostuvo que las evaluaciones deberían tener un mayor protagonismo de profesionales especializados.
Para fundamentar su posición, mencionó el caso de la ciudad de Santa Fe, donde, según explicó, la comisión cuenta con una representación más reducida y vinculada directamente con instituciones de arquitectura. «Eso frena, porque hasta que se ponen todos de acuerdo, entonces la gente se va, se va a otro lado», advirtió, al señalar que las demoras y dificultades para obtener autorizaciones llevan a muchos inversores a desistir de sus proyectos en Rafaela.
Costos, exigencias y proyectos inviables
Más allá de las cuestiones patrimoniales, Airaudo describió una acumulación de exigencias que, en determinados casos, comprometen la viabilidad económica de las construcciones.
Entre ellas mencionó los requerimientos de infraestructura eléctrica de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), los canones exigidos por Aguas Santafesinas (ASSA), la obligatoriedad de cocheras y los porcentajes de espacios absorbentes establecidos por la normativa.
En ese punto el profesional explicó que cuando un emprendimiento debe destinar parte de su superficie a instalaciones eléctricas y cumplir simultáneamente con otras obligaciones, el espacio disponible para desarrollar el proyecto puede reducirse considerablemente.
«Cuando vos sumás todo esto, no hay forma. Es inviable», resumió. También cuestionó las limitaciones de altura y cantidad de niveles permitidos en determinados sectores, al considerar que reducen las posibilidades de aprovechar terrenos y recuperar las inversiones necesarias para construir edificios.
Densificar el centro y recuperar la actividad
Para Airaudo, la revisión del Código Urbano también debería contemplar la posibilidad de incrementar la densidad habitacional del área central de Rafaela, con el objetivo de generar mayor circulación de personas y fortalecer el consumo en los comercios.
El profesional reconoció las mejoras realizadas en los espacios públicos céntricos como las veredas, la intervención en la plaza, entre otros aspectos, pero advirtió que la zona pierde movimiento durante los fines de semana debido a la escasa presencia de residentes. «El centro quedó muy lindo, arreglaron las veredas, arreglaron la plaza, pero los fines de semana no hay nadie», describió.
En ese marco, comparó la realidad de Rafaela con Villa Constitución, donde aseguró haber observado edificios de mayor altura, nuevas construcciones y una actividad comercial más dinámica, pese a tratarse de una ciudad que cuenta con la mitad de la población que en Rafaela.
Asimismo, remarcó que la construcción debe ser considerada una industria por su capacidad para generar empleo directo y movilizar numerosos rubros vinculados con la provisión de materiales y servicios.
Según su diagnóstico, la actividad privada atraviesa un momento de marcada retracción, una situación que podría hacerse más visible tras la finalización de las obras relacionadas con los Juegos ODESUR.
Una discusión que recién comienza
Esta semana los concejales Mársico y Boidi impulsaron una minuta de comunicación para solicitar al Ejecutivo Municipal la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Urbano, conforme a lo establecido por la Ordenanza N.º 4.867.
La iniciativa propone abrir una instancia de revisión de diferentes aspectos del Código Urbano y del Reglamento de Edificación, entre ellos las alturas máximas, la densificación, la preservación patrimonial, los espacios verdes, los estacionamientos y las condiciones de drenaje.
Para el arquitecto, reactivar ese ámbito de discusión representa un primer paso necesario, aunque reconoció que las modificaciones demandarán tiempo y acuerdos entre los distintos sectores involucrados. «Lo primero sería tratar de modificar el código. Lo que no se hizo en tantos años no creas que lo vas a solucionar tan rápido. Esto es el arranque de un proceso», concluyó.
