Obras sociales y prepagas mantienen una deuda de más de $8 mil millones con la Provincia

Así lo confirmó a Diario CASTELLANOS el propio ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, quien admitió que tan solo el sindicato de Comercio mantiene con hospitales públicos una deuda de casi $700 millones de pesos.

El sistema de salud público de la provincia de Santa Fe se encuentra en una situación de tensión financiera, no solo por la presión de la demanda, sino también por una abultada deuda que mantienen las obras sociales y prepagas. El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, ha confirmado a Diario CASTELLANOS que la suma de todos estos pasivos asciende a más de $8 mil millones, un monto que impacta directamente en las finanzas del erario público y en la capacidad de respuesta de los efectores de salud.

La deuda surge de una práctica cada vez más frecuente, con afiliados a obras sociales o prepagas que por diversos motivos, optan por ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos. Ante la falta de cobertura, de turnos en sus prestadoras de origen, o en casos de urgencia, el sistema público provincial asume el costo de la atención. Sin embargo, el posterior recupero de estos gastos por parte de las prestadoras de servicios de salud no se realiza de manera eficiente, generando un desfasaje que se traduce en la millonaria deuda.

Olivares destacó la magnitud del problema con un ejemplo concreto, al reconocer lo que viene sucediendo con la obra social del Sindicato de Comercio, que mantiene una deuda de casi $700 millones con los hospitales de la provincia. A esta cifra se suman otras deudas importantes, como la del PAMI, que en conjunto con el resto de las obras sociales y prepagas, elevan el monto total.


El ministro explicó que cada hospital cuenta con autonomía para gestionar el recupero de estos gastos, aunque es evidente que la efectividad de este proceso es una de las principales preocupaciones del Gobierno Provincial. La provincia ha tenido que asumir con recursos propios costos que, por derecho, debían ser cubiertos por los fondos de las obras sociales. La situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de cobro y de exigir a las prestadoras de salud que cumplan con sus obligaciones, garantizando así que los recursos del erario público se utilicen para mejorar los servicios para todos los ciudadanos.

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