El juez penal Lisandro Aguirre dispuso la prisión preventiva para cinco de los seis imputados que tiene la causa por robos y estafas a través de falsas ventas de motos por las redes sociales. La fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, ventiló la profusa evidencia colectada en la investigación que permitió esclarecer al menos 16 hechos cometidos desde agosto de 2022.

La audiencia se prolongó por más de cuatro horas y se dividió en dos partes: primero se definió la situación de los imputados Julián Contreras y Héctor Suarez, y de las imputadas Avilen y Agostina Martínez; tras un cuarto intermedio se discutió la prisión preventiva de Brian Fernández, el "cabecilla" de la banda, quien dijo ser yesero e integrante de un movimiento piquetero, Joel Bautista, Nicolás Franco y Cecilia Miranda, también integrante del movimiento piquetero.

A los rafaelinos

Julián Contreras, asistido por el abogado defensor particular Raúl Sartori, acordó la prisión preventiva con miras a concluir el proceso en su contra a través de un procedimiento abreviado. A Contreras se le atribuyó ser miembro de la asociación ilícita y haber participado en uno de los hechos organizados por la banda: el 28 de julio de 2023 cerca de las 14 emboscaron a un joven que había pactado la compra de una moto; el punto de encuentro era Los Negruchos y Santa Cruz en barrio San Agustín. El comprador llegó junto a un amigo en moto, y fueron emboscados por tres hombres armados: Contreras junto a Nicolás Franco y Joel Bautista los amenazaron con armas de fuego y les robaron sus pertenencias, la moto en la que habían llegado y los 960 mil pesos destinados a la presunta transacción. Contreras fue imputado como autor de miembro de asociación ilícita y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda y arma de fuego no habida, y seguirá en prisión preventiva tras el acuerdo entre las partes. Por su parte, las imputadas Martínez, asistidas por la defensora pública Soledad Estrada continuarán el proceso en prisión domiciliaria por tener hijos pequeños a su cargo. En tanto Suarez, representado por Virginia Balanda obtuvo medidas alternativas habituales a la prisión preventiva: fijar domicilio, evitar contacto con las víctimas y presentación periódica en el MPA. Antes del desarrollo de la audiencia declaró una de las víctimas por videoconferencia: "No quise pisar más Santa Fe, por el miedo que me quedó", sostuvo.

Segunda parte

Brian Fernández, Cecilia Miranda y Joel Bautista fueron asistidos por Estrada, mientras que Franco fue representado por el abogado particular Luis Rittiner; minutos antes del inicio de esta segunda parte de la audiencia, el defensor consintió la prisión preventiva. Franco se encuentra cursando una condena de ejecución condicional de dos años de prisión, por lo que una nueva condena deberá ser de cumplimiento efectivo; además, Franco fue reconocido en rueda de personas y la evidencia reunida en la causa lo ubica en varios de los delitos investigados. Rittiner adelantó que se tramitará concluir el proceso a través de un acuerdo de procedimiento abreviado.

Resolución

La defensora pública cuestionó la imputación fiscal y sostuvo que la evidencia no es suficiente para sostener la participación de los imputados en los hechos investigados, y reclamó medidas alternativas a la prisión preventiva. Al momento de resolver, el juez analizó el "plexo probatorio profuso e importante" expuesto por la Fiscalía en la audiencia, y considero probada la hipótesis fiscal: "la Fiscalía ha llegado a un grado de probabilidad elevado sobre el rol de Fernández en la organización", sostuvo Aguirre. El magistrado también destacó el "correlato objetivo entre los hechos atribuidos, la misma mecánica, los diferentes números de WhatsApp que utilizaba Fernández desde el mismo teléfono al que le iba cambiando el chip: "Queda claro que eran una familia y que tenían trato asiduo, frecuente y cercano", valoró el juez, cuestión que también fue valorada para considerar la estructura permanente de la asociación ilícita. Finalmente, Aguirre sostuvo que los argumentos de la defensa no alcanzaron a desvirtuar el caudal de evidencia de la Fiscalía, y consideró también acreditada la existencia del riesgo de fuga y del entorpecimiento probatorio, por lo que dispuso la prisión preventiva de los sospechosos.