Agentes de la División Antifraude de la PFA, durante una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvieron a los dos principales responsables de las empresas vinculadas a una organización que estaba llevando a cabo una estafa piramidal a gran escala conocida como “Esquema Ponzi”, en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

La presente investigación se inició a partir de órdenes emanadas desde la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo del Dr. Matías Felipe Di Lelo, Secretaría a cargo de la Dra. María Marta Poggio, quienes dispusieron que se emprendieran averiguaciones sobre una firma que llevaba adelante operaciones fraudulentas de compra y venta de criptomonedas, las cuales afectaron a una enorme cantidad de vecinos de la localidad de San Pedro y tuvieron gran repercusión mediática en los últimos días.

En consecuencia y luego de diversas tareas de campo efectuadas por los efectivos federales, se establecieron tres domicilios en la mencionada localidad que estaban directamente relacionados a los titulares de dichas empresas.

En el primero de ellos funcionaba una financiera, donde se captaban inversiones del público que posteriormente eran cambiadas por los criptoactivos. Allí, días atrás se incautaron varios elementos de interés que luego de ser analizados, permitieron las recientes detenciones.

En la segunda locación, otro de los imputados se encargaba de operar la estafa piramidal mediante la plataforma de trading “Rainbow Ex”. Finalmente, fue localizada otra vivienda en el barrio Escorial donde residía uno de los estafadores.

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó los allanamientos de dichos inmuebles, ubicados sobre las calles Almafuerte y Acurri, donde se logró la detención de los dos involucrados, un hombre de 47 años y otro de 33. Asimismo, se efectuó el secuestró de una notebook, dos CPU, tres teléfonos celulares y demás documentación de valor para la causa.

Los detenidos, ambos de nacionalidad argentina, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor, por infracción al artículo 310 del Código Penal de la Nación, referente a “Delitos Contra el Orden Económico, Financiero y Captación de ahorros públicos”.