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Sucesos

Asesino al volante: cinco años y seis meses de prisión para Luciano Filippa

Luego de una semana de intensas audiencias en los Tribunales de San Cristóbal, se dió a conocer el veredicto en el juicio por el trágico accidente ocurrido en la Ruta 23, que costó la vida a cuatro adolescentes en diciembre de 2020. El Juez de la IPP Nicolás Stegmayer sentenció a esa pena y a diez años de inhabilitación para conducir al imputado.

Este martes marcó el cierre de casi cuatro años de espera para las familias de Julieta Gorosito, Clarisa Herrera, Camila Bazán y Loana Valdéz, quienes perdieron la vida en un accidente vehicular a pocos kilómetros de Suardi. Luciano Filippa, quien conducía el Chevrolet Cruze en el momento del siniestro, fue imputado por homicidio culposo agravado por pluralidad de víctimas, así como por exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol. Por ello, el Juez de la Investigación Penal de Rafaela, Dr. Nicolás Stegmayer, decidió condenarlo a la pena de cinco años y medio de prisión de cumplimiento efectivo más diez años de inhabilitación para conducir vehículos con motor y las costas del proceso.

El juicio, que se inició el lunes pasado con los alegatos de apertura, presentaron testimonios de peritos, testigos y familiares. Un testigo crucial fue Martín Solis, acompañante de Filippa y único sobreviviente no imputado, quien aportó detalles sobre las horas previas al accidente y el siniestro mismo. Su testimonio fue considerado fundamental para entender las circunstancias de la tragedia.

Durante la segunda audiencia, la tensión se palpó en la sala, donde se contó con un despliegue policial para prevenir incidentes, dado que se esperaba la declaración de los familiares de las víctimas, quienes manifestaron su dolor a través de llantos y expresiones de angustia.

A lo largo de la semana, se presentaron diversos testigos por ambas partes. Las audiencias culminaron el viernes con los alegatos finales de la fiscalía y la defensa.

El juez Nicolás Stegmayer presidió el juicio, con la fiscal Hemilce Fissore representando al Ministerio Público de la Acusación, mientras que el abogado Aníbal Caula defendió al imputado. La representación legal de las familias de las víctimas recae en Carmelo Quijano y Julieta Bono.

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