En horas de la mañana de este lunes, en la Sala Nº 2 de los Tribunales de Rafaela, bajo la presidencia del juez de la Investigación Penal Preparatoria de la ciudad de Tostado, el Dr. José Luis Estévez, se desarrollaron las audiencias imputativa y de medidas cautelares solicitadas en su momento por la fiscal Fabiana Bertero, quien acusó a Eduardo Del Favero, un empleado de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, del delito de extorsión en grado de tentativa, hecho ocurrido el pasado 15 de octubre en una vivienda de calle Vélez Sarsfield del barrio Jardín de nuestra ciudad. La misma postura adoptó el abogado penalista Carlos Farías Demaldé, quien representa a las víctimas de este episodio.
Cabe señalar que, antes de formular la acusación, el magistrado decidió aceptar como representante de la querella al Dr. Farías Demaldé, más allá de algunas objeciones que habían interpuesto los abogados defensores del encartado.
Imputación
Tras culminar con la mencionada controversia, la representante del Ministerio Público de la Acusación relató que el pasado 15 de octubre, cerca de las 19:15 aproximadamente, la denunciante, una mujer de 75 años de edad que estaba en su vivienda de calle Vélez Sarsfield del barrio Jardín junto a su esposo de 77, fue a atender porque llamaban a la puerta y allí se encontró con dos policías uniformados —una mujer y un hombre—, manifestando que la mujer policía llevaba en sus manos una carpeta en la que aparentemente —ya que nunca le fue mostrada— había una orden para revisar la vivienda, preguntando además si allí vivía la hija de la mujer que atendió.
Agregó la fiscal que en ese momento apareció Eduardo Del Favero, un hombre de aproximadamente 40 años, a quien la mujer conocía, ya que su hija y su yerno mantenían desde hacía algunos años una relación de amistad. Agregó que, en un momento determinado, Del Favero les indicó a la pareja de policías que podían retirarse, que él se haría cargo de la situación. Así, ingresó a la vivienda con la mujer y le explicó, junto a su esposo, que su hija y la pareja de esta estaban involucrados en denuncias muy serias que podrían significarles penas de prisión superiores a los quince años, aunque existía la posibilidad de evitar esa situación si los padres asumían dicha deuda, que rondaba los treinta a treinta y cinco mil dólares, firmando documentos que Del Favero tenía en sus manos.
Por ello, la fiscal le endilgó al empleado de la OGJ de Rafaela el delito de extorsión en grado de tentativa y en calidad de autor, señalando además que la simulación de un procedimiento policial y la referencia a posibles consecuencias penales habrían sido utilizadas para generar temor en la pareja de septuagenarios y conseguir que estos firmaran los documentos.
Por ello, y debido a la presunta existencia de riesgos procesales tales como el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, solicitaba la prisión preventiva, teniendo en cuenta además que aún debían individualizarse a todos los involucrados y secuestrarse un teléfono que habría sido utilizado durante el suceso.
La misma postura adoptó el Dr. Carlos Farías Demaldé, quien consideró que el caso tenía una gravedad institucional inusitada, ya que el imputado habría utilizado el conocimiento y sus contactos dentro del Poder Judicial para llevar adelante el hecho. Hizo referencia también a la participación de dos funcionarios policiales que simularon un procedimiento y manifestó su postura de que las medidas alternativas ofrecidas por la defensa del encartado no resultaban suficientes para neutralizar los riesgos procesales.
La defensa
A su turno, el abogado defensor Federico Scarinci rechazó de plano la calificación legal escogida por la fiscalía, entendiendo que no se trataba de una extorsión y que sí el caso podría encuadrarse en una estafa en grado de tentativa, por lo que solicitó la libertad de su cliente bajo el cumplimiento de medidas alternativas tales como radicarse en la ciudad de Santa Fe, la prohibición absoluta de regresar a la ciudad de Rafaela y el pago de una caución de treinta millones de pesos.
Luego fue el turno de Del Favero, que brindó una larga explicación respecto de lo sucedido según su criterio; negó haber amenazado a los septuagenarios, señalando que llegó hasta la vivienda para reclamar una deuda que la hija del matrimonio y su pareja tenían con él desde hacía ya mucho tiempo.
También habló la pareja de la hija del matrimonio que habita la casa de calle Vélez Sarsfield, dando a conocer su versión de los hechos e indicando, además, que en una oportunidad fue contratado como perito en una causa por estafa que se sustanció en los Tribunales rafaelinos, en la que un empresario local había resultado damnificado en la suma de trescientos mil dólares, recuperándose todo el dinero. Agregó que por ese trabajo percibió honorarios; habló de otra intervención que tuvo en una causa sustanciada en Buenos Aires y que, en realidad, la supuesta deuda que tenía con Del Favero comenzó a reclamársela este al mencionarle que, para obtener esas contrataciones como perito, el imputado había señalado que había «movido» unas carpetas para que él fuera el elegido.
Decisión del juez
Finalmente, y tras un cuarto intermedio en el que se dedicó a ordenar sus anotaciones, el magistrado dio por cumplimentado el primer inciso del art. 220 del Código Penal de la Provincia de Santa Fe, que hace referencia a la responsabilidad penal probable del encartado en el hecho investigado; entendió que también estaría cumplimentado el segundo inciso, que menciona que la pena que pudiera corresponderle en caso de ser hallado culpable deba ser de efectivo cumplimiento, haciendo aquí la aclaración de que, si bien la extorsión en grado de tentativa tiene una pena en expectativa de dos años y seis meses y sería de ejecución condicional, los agravantes la llevarían a un monto mayor, alejado del mínimo, y sería de cumplimiento efectivo.
El Dr. Estévez también indicó que se cumplimentaba el tercer requisito, fundamentalmente el relacionado con el entorpecimiento probatorio, por lo que decidió decretar una prisión preventiva por el término de treinta días.
Policía detenido
En el transcurso de la audiencia, la fiscal Fabiana Bertero indicó que existía orden de detención para el oficial de policía que acompañó a Del Favero a la casa de los septuagenarios —quien ya estaba identificado, no así hasta ahora la mujer policía—, tratándose de un hombre que prestaba servicio en el edificio de Tribunales, donde también trabajaba el encartado. Además, mientras se desarrollaba el debate, la representante del Ministerio Público de la Acusación informó que el mismo había sido detenido por personal de la PDI y que será acusado del mismo delito que Del Favero, aunque en calidad de partícipe necesario.
