“Somos optimistas, no por una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Esto no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa”, expresó Ponce en un comunicado difundido por Atilra.
Según indica el escrito, el dirigente gremial recordó que “hace rato que venimos alertando acerca de que SanCor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba, y tal como venía siendo manejada desde hace unos cuantos años a esta parte por quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla”, expresó Ponce, responsabilizando a la dirigencia empresarial por lo sucedido.
“A tal punto llegó la situación que la actual dirección de la cooperativa se vio obligada a pedir su propia quiebra, y el juez que entiende en la materia ( Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela) , concomitantemente con los síndicos actuantes, la coadministración y demás estamentos vinculados no dudaron en decretarla”, agregó.
En este sentido, adujo: “como se puede observar a través de la lectura del fallo, no le incumbe ninguna responsabilidad a la Atilra en el quebranto de SanCor tal como desde algún lugar, seguramente soborno de por medio, se ha pretendido instalar”.
Ponce detalló los planes de Atilra para con SanCor y las posibilidades de que la quiebra sea con continuidad del trabajo.
La resolución de este miércoles del magistrado Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, ciudad aledaña a la sede central de SanCor, en Sunchales, Santa Fe, establece expresamente la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje (artículo 48 de la LCQ).
El fallo establece que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso, con la obligación de cumplir de manera ágil y bajo apercibimiento de remoción en caso de incumplimientos.
La Justicia dispuso que seguirán operando aquellos establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que tengan contratos en curso. En los demás casos, se ordenó preservar y conservar los activos para evitar su deterioro.
En 5 días, la sindicatura y la coadministración deberán definir qué plantas continúan operativas, con un análisis técnico de cada unidad productiva.
El fallo también establece que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos.
Sobre la situación laboral se dispuso que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley. Fuente: Clarín.
