Seis provincias productoras de biocombustibles vinculados al maíz y la soja cuentan con un proyecto de ley a acordar con el gobierno nacional para la promoción del sector, capaz de fijar una política de Estado que tienda a una convergencia con lo que ha hecho Brasil, desde hace décadas.

Las expectativas de los productores de biodiésel de Santa Fe (donde está radicado el 80% de la producción argentina) se apoyan en los contactos que los funcionarios provinciales mantienen con pares nacionales, con un horizonte de posible entendimiento.

El sector parte de la idea de que habrá Ley de Bases y tal vez Pacto de Mayo lo que provocaría un clima de acuerdos entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy y Salta, es decir, los seis estados subnacionales que componen la recientemente formalizada Liga Bioenergética. Esa unión de provincias existe desde 2018 pero recién ahora ha recuperado su vigor inicial. Procura impulsar medidas, tanto nacionales como provinciales, que aumenten la participación de las bioenergías en la matriz energética del país.

Hoy, el entusiasmo que se advierte entre los empresarios del sector y los miembros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro vinculados a producción y energías contrasta con la desazón que existía muy pocos meses atrás. Cuando sólo se hablaba de eliminar todas las regulaciones, sin dar demasiadas explicaciones ni prestar atención a las consecuencias que esas medidas implicaban. Seguramente, lo ocurrido con las prepagas en salud habrá dejado alguna lección.

Vale la pena recordar que, en enero de este año, la Cámara Santafesina de Energías Renovables hablaba del "certificado de defunción" que significaba para el combustible elaborado con granos y oleaginosas biodegradables el proyecto que proponía el recién asumido presidente Javier Milei. Eran tiempos de Ley Ómnibus y, aunque para entonces ya existían los contactos entre funcionarios de las provincias interesadas (en especial Santa Fe y Córdoba) con la Casa Rosada el capítulo de biocombustibles parecía redactado por el lobby del petróleo.

Supuestos

El cambio operado desde entonces, que ahora alienta al optimismo, parte de dos supuestos: 1) que la gestión nacional ya ha demostrado que puede negociar y es más pragmática que lo que indica su discurso; 2) que las petroleras comienzan a ver a los biocombustibles como un área de potencial expansión para sus negocios. El primer punto se verifica en el fortalecimiento del ala capaz de dialogar del gobierno nacional, cuya figura más asociada a esa estrategia política es la del ministro del Interior, Guillermo Francos. El segundo, en que las empresas productoras de biocombustibles aceptarán la entrada de las compañías que hasta ahora solo explotan combustibles fósiles cuando las bio alcancen ciertos niveles de desarrollo.

Los voceros consultados por El Litoral coinciden en describir un rumbo de posible acuerdo, con el caso de Brasil como ejemplo. Mientras, fuera de los ámbitos de consultas e intercambios de la Nación con cada una de las provincias (por separado) cuesta creer que se acepten regulaciones en una gestión que subraya lo contrario. Aunque todo depende de una decisión política: que exista en el país, otra vez, una ley de biocombustibles que mejore el corte de biodiésel en el diésel de la soja y de bioetanol de alcoholes de caña y maíz en las naftas, entre otros aspectos.

Acaso un antecedente contribuya al diálogo: fue el kirchnerismo, durante el gobierno de Alberto Fernández, el que bajó las porciones del mercado interno en los surtidores a los biocombustibles, cuando sancionó la ley 27.640 que tantas críticas despertó en Santa Fe en la oposición de entonces, hoy en el gobierno provincial. Esa norma, hoy vigente, rige hasta el 31 de diciembre de 2030. Y entonces podría ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por otros cinco años. Fue impulsada Máximo Kirchner y redujo la participación de las energías verdes en los combustibles fósiles.

En rigor, la actividad es fruto de otra norma: la ley nacional 26.093 que nació durante la presidencia de Néstor Kirchner. Le creó un mercado y libró de impuestos a una actividad que agrega valor (inversión y empleos) a la producción primaria. Pero en 2021 se adoptaron decisiones que perjudicaron especialmente al biodiésel.

Iniciativa

El concepto que guía las conversaciones entre las provincias de la Liga Bioenergética y la Nación se apoya en los resultados de las políticas que para su propio mercado desarrolla Brasil, más allá de sus también marcados vaivenes políticos. De hecho, su proyecto alconafta que se inició en la década del '70 tuvo en la Argentina un desarrollo que no fue más que embrionario y no prosperó.

Los biocombustibles suelen ser noticia a nivel nacional solo por su actualización de precios, que las autoridades nacionales determinan en base a los valores de sus materias primas del período anterior. En ocasiones, las alzas (de incidencia mínima en el valor que paga el consumidor final) suelen usarse para justificar subas de los combustibles por supuestos aumentos en los costos.

El gobierno bajó el precio del biodiésel

La Secretaría de Energía actualizó los precios de los biocombustibles que se utilizan para su mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil, que estaban congelados desde enero último. La medida se formalizó por medio de una serie de resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

De este modo, el organismo dispuso que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio de $622 desde este mes, mientras que el elaborado a base de maíz, de $570. Según lo dispuesto, esos son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno. Además, regirán para las operaciones efectuadas durante mayo de 2024 y hasta que se publique un nuevo precio, mientras que el plazo de pago no podrá extenderse más de 30 días.

Por otra parte, la Secretaría de Energía estableció que el biodiésel que se utilza para su mezcla obligatoria con gasoil tenga un precio mínimo de adquisición de $938.540 por tonelada; en enero, el precio fue de $ 940.334 la tonelada pero -según justificó el gobierno- se retrotrajo el precio del aceite que es base de la producción.

El plazo de pago del biodiésel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente, de acuerdo con el texto oficial. Los biocombustibles se utilizan para el corte obligatorio con naftas y gasoil, por lo tanto, puede impactar en el precio final de los combustibles. Fuente: El Litoral.