A la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo de la ley que declara en estado de emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A. (Assa), el directorio de la firma ya prepara una reunión con los directores del Enress y aceleraran el pedido de una audiencia pública para los llamados cargos especiales que tiene la empresa.

Ante el directorio del Enress, ASSA presentará, en líneas generales, las líneas de trabajo que expusieron ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados semanas atrás. La primera tarea será definir los cargos especiales, cargo de conexión de agua, de cloacas, el valor de la instalación de micromedidores, costo de desagote y será uno de los temas a discutir en la audiencia pública que a fines de julio o principios de agosto se hará en esta capital.

La administración actual deberá mostrar que la emergencia no es únicamente tarifaria ni que apunta a preparar la empresa para una concesión como insinuó el diputado justicialista Marcos Corach. El desafío es múltiple: equilibrar los números de la empresa, expandir la red de acueductos y las localidades servidas, que el valor de la tarifa sea justo, hacer conciencia en la población de la necesidad del uso racional del recurso agua y empezar a definir qué vínculo tendrá el Estado con la prestadora del servicio y cuál es el perfil de empresa que se necesita en la provincia.

Historia de fondo

La política santafesina viene evitando en los últimos 20 años una decisión de fondo sobre lo que fue una salida de emergencia a principios de siglo cuando los franceses resolvieron dejar la concesión y la administración de Jorge Obeid ensayó varias salidas, incluso buscando firmas interesadas en hacerse cargo del servicio. Finalmente la solución fue la creación de ASSA con capitales de la provincia y participación accionaria de los 15 municipios servidos por la empresa.

"Hay que dar vuelta la página y pensar en otra ASSA para que los santafesinos tengamos realmente servicios de calidad, que contribuyan al crecimiento de nuestras comunidades", subrayó el radical Dionisio Scarpin, miembro informante de Unidos en el recinto. Su padre, Delki Scarpin, ex intendente de Avellaneda y ex senador por Obligado, repetía que cuando delegaciones italianas llegaban a su ciudad se mostraban sorprendidas que teniendo tan cerca el río Paraná gran parte de la provincia no tenía agua potable.

El objetivo de la política de grandes acueductos que -con cambios- desde finales del gobierno de Carlos Reutemann a la actualidad, pretende empezar a suplir ese déficit. Son muchos miles de metros de caño enterrados que no son visibilizados por los beneficiarios. Sin ir más lejos, las dos cooperativas de San Genaro adeudan cifras importantes por recibir agua en bloque del acueducto centro.

Eficiencia sin corralitos

"Producir agua potable no es gratis" subrayó el socialista Rubén Galassi al rescatar los millones de dólares -con créditos externos en muchos casos- invertidos en el sistema. "Hay que captar el agua, hay que procesarla y hay que distribuirla" insistió para defender la necesidad de tener créditos y que obras que gozarán varias generaciones de santafesinos sean pagadas en el tiempo con créditos blandos. Otro socialista, Pablo Farías, prefirió enfatizar lo que cuesta no tener servicios de agua potable, cuestión que también alcanza a barrios de Santa Fe y Rosario.

"Hay que ser serios, eficientes, responsables y de esa manera vamos a tener una empresa diferente, que no tenga corralitos durante seis meses o un año, que no tenga pozos profundos y que el ciudadano goce de un servicio de calidad que es lo que nos merecemos todos", insistió Scarpin.

También Galassi habló de una empresa eficiente pero cuestionó el atraso tarifario de la gestión anterior que obligó al Tesoro a hacer fuertes inversiones para el funcionamiento y dejar de invertir en obras. El propio Omar Perotti -no en el recinto- aclaró que debió hacer millonarias inversiones para tomar agua ante la bajante histórica del Paraná durante su gestión gubernamental. En esa gestión se avanzó en la decisión de tender el acueducto hacia Córdoba que hoy tiene en marcha sus primeros pasos en Coronda.

Nuevo marco regulatorio

La tarea de ASSA será diferenciar tarifas según los usos, delimitar claramente las tarifas sociales y avanzar con la micromedición para dejar de cobrar por metros cuadrados. El debate está entonces en cuánto de subsidio tienen las tarifas y a quienes benefician. Volviendo a Farías destacó que en 2023, el 80% de los ingresos fueron estatales en ASSA y quedaron fuera de ese sistema de subsidios unas 350 localidades de la provincia.

La ley servirá además para ordenar el tema de la operación de los acueductos que pasará a estar en manos de Aguas con la obligatoriedad de que las poblaciones por donde pasan los caños deben conectarse. Hubo objeciones en este aspecto por sectores del justicialismo, especialmente Corach, quien dijo que no se reconocerán los esfuerzos que hicieron cooperativas, municipios y comunas en tener agua para servir a sus vecinos de plantas de ósmosis inversa, por ejemplo.

Por último, el nuevo marco regulatorio también está ordenado en la ley. "El Poder Ejecutivo deberá elaborar una propuesta de nuevo marco regulatorio del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento que deberá ser elevado a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe para su tratamiento", iniciativa en manos de Casa Gris donde seguramente opinará el ex ministro y diputado socialista José Garibay quien desde la Cámara impulsó varios proyectos sobre esa materia que cayeron en saco roto.

"Lay ley es un punto de partida" dijo Scarpin; para muchos opositores es la justificación del tarifazo. El tiempo dirá quien tuvo la razón.

Manual de recomendaciones

Sobre tablas y también sin votos opositores que habilitaron el tratamiento especial, Unidos hizo votar una declaración con pedidos al Poder Ejecutivo para que sean tenidos en cuenta a la hora de reglamentar la ley de emergencia en ASSA.

Los pedidos están referidos a tres de los artículos. Así en el 6 se pide que "con respecto del costo efectivo de la prestación del servicio se sugiere no trasladar las ineficiencias de la operación, mantenimiento, administración y explotación del Sistema de Acueductos delegados por la Provincia".

En el 9 le piden al Ejecutivo considerar casos especiales con rebaja de tarifa por causas sociales, de emergencia o promoción. Finalmente en el 11, tras reconocida la deuda de cada municipio y comuna por agua, "se podrá convenir con el prestador un plan de pago para cumplimentar con su obligación". También le piden considerar casos especiales con rebaja de tarifa y planes de pagos especiales por causas sociales, de emergencia o promoción.

El oficialismo con esta declaración -sus voceros dijeron que acordada con el Ejecutivo- intentaron tranquilizar a los deudores ya que Corach decía que la ley les permite ejecutar la coparticipación. Fuente: E Litoral