El abogado penalista Néstor Oroño presentará el próximo jueves 15 su libro «Debates actuales del proceso penal santafesino», una publicación que aborda las discusiones jurídicas surgidas a partir de la implementación del sistema acusatorio en la provincia. El especialista planteó sus objeciones a algunas de las reformas que se debaten en la Legislatura y advirtió sobre posibles consecuencias para las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Oroño explicó que, pese al cambio de modelo que reemplazó al sistema anterior en 2014, todavía persisten dificultades de interpretación y aspectos que requieren mayor precisión normativa. Según sostuvo, esas indefiniciones generan criterios dispares entre los operadores judiciales y afectan la previsibilidad en la aplicación de la ley.
“Hay cuestiones que por ahí no se encuentran debidamente zanjadas, esclarecidas y que generan esto que da título al libro: debates permanentes”, señaló. En ese sentido, consideró que el desafío consiste en establecer parámetros que permitan aplicar las normas de manera más racional y uniforme.
El abogado también buscó poner en perspectiva la importancia de estas discusiones para la sociedad. Aunque suelen presentarse como asuntos exclusivos del ámbito jurídico, sostuvo que el funcionamiento de la Justicia incide directamente en la vida cotidiana, porque interviene en la resolución de conflictos que no pudieron solucionarse entre sus protagonistas.
“En la medida en que se mejora la calidad y el funcionamiento del sistema de justicia institucional, que es el ámbito de resolución de conflictos que no han hallado solución entre los protagonistas, se mejora verdaderamente la calidad de vida de la gente”, afirmó.
Las reformas y los límites constitucionales
Al analizar la situación de Santa Fe frente a otras jurisdicciones, Oroño consideró que la provincia cuenta con herramientas normativas para avanzar, aunque advirtió que algunas iniciativas pueden entrar en tensión con los principios constitucionales. Como ejemplo, se refirió al paquete de modificaciones en materia penal, policial y procesal penal impulsado por el Ejecutivo bajo el nombre de “Herramientas al servicio de la seguridad pública”.
El penalista reconoció que existe una demanda social para que los gobiernos den respuestas ante la inseguridad, pero planteó que esa necesidad no puede justificar cualquier modificación legal. A su entender, algunas de las propuestas amplían las facultades de los fiscales y de la Policía en detrimento de las garantías individuales.
Uno de los puntos que cuestionó es la ampliación de las posibilidades de realizar allanamientos sin orden judicial. Oroño recordó que la inviolabilidad del domicilio constituye una garantía constitucional y sostuvo que las excepciones deben aplicarse con especial cuidado.
También objetó la posibilidad de avanzar hacia condenas mediante procedimientos que, según su interpretación, podrían prescindir de un juicio previo con las garantías correspondientes. Para explicar su posición, describió el juicio como una instancia en la que las partes pueden exponer sus argumentos, controvertir las posiciones contrarias y producir pruebas, antes de que un juez independiente tome una decisión.
“Esa es la estructura de un juicio, dicho en palabras muy sencillas”, explicó. Por eso, advirtió que una condena basada únicamente en el pedido de un fiscal y la decisión de un juez, sin ese procedimiento, podría vulnerar el debido proceso.
Prisión preventiva y juicios abreviados
Otro de los ejes centrales del libro es el uso de la prisión preventiva y del juicio abreviado. Oroño consideró que ambos mecanismos se utilizan de manera excesiva y vinculó esa situación con el aumento de la población detenida sin condena.
Según los números que mencionó durante la entrevista, al inicio del nuevo sistema había alrededor de 4.500 personas presas en la provincia, mientras que actualmente la cifra ronda las 13.000. También indicó que aproximadamente la mitad de las personas privadas de la libertad no tiene condena.
Para el abogado, la prisión preventiva puede convertirse en una herramienta de presión que favorece la aceptación de un juicio abreviado, un mecanismo que permite resolver una causa sin llegar al debate oral y público. Aunque reconoció que no es posible que todos los expedientes terminen en un juicio de esas características, cuestionó la proporción de casos que se resuelven por esa vía.
“Hay alrededor de un 90 o 91% de causas que se resuelven por juicio abreviado, y solamente ese 9% restante en juicios orales y públicos”, indicó.
Oroño agregó que, incluso cuando existen elementos que parecen demostrar la participación de una persona en un delito, todavía pueden discutirse otros aspectos de la causa, como la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la pena. En ese marco, mencionó las críticas a la utilización de calificaciones legales que consideró sobredimensionadas.
“Hacer una calificación o formular una calificación legal sobredimensionada es un abuso de autoridad”, sostuvo, al atribuir esa responsabilidad al Ministerio Público de la Acusación, que tiene a su cargo la acusación penal.
Un sistema con mayor equilibrio entre las partes
Oroño aclaró que sus observaciones no buscan desmerecer el trabajo de las instituciones que integran el sistema penal santafesino, sino señalar aspectos que, a su entender, necesitan correcciones. Su principal cuestionamiento apunta a la concentración de facultades en el Ministerio Público de la Acusación.
El abogado comparó esa situación con el antiguo sistema de instrucción, en el que un mismo juez podía investigar, acusar y decidir sobre una causa. Aunque descartó reivindicar aquel modelo, sostuvo que el sistema actual debe evitar que se reproduzcan desequilibrios en la distribución del poder.
En ese esquema, destacó la función de los jueces como terceros imparciales y el papel de las defensas para garantizar que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos. También recordó que la discusión sobre una pena no se limita a determinar si una persona cometió un hecho, sino que incluye evaluar la calificación jurídica y la proporcionalidad de la sanción.
En relación con el debate legislativo, Oroño planteó que las reformas deben responder a una planificación sistemática y no solamente a las urgencias de una coyuntura. A su entender, la seguridad pública requiere tanto normas adecuadas como instituciones que funcionen correctamente.
“El garantismo en su acepción cabal es un irrestricto respeto por la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Y esto es en beneficio de todos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el respeto por las garantías fundamentales no representa un privilegio para quienes cometen delitos, sino una protección para el conjunto de la ciudadanía.
Profesionalizar a la Policía y fortalecer los controles
Al referirse específicamente a las facultades policiales, Oroño defendió la importancia de la institución, pero consideró que la respuesta no debería centrarse en ampliar sus atribuciones. En cambio, propuso fortalecer la formación, la profesionalización y los recursos disponibles para el cumplimiento de sus tareas.
“Más que darle más potestades a la Policía, creo que hay que profesionalizarla”, señaló. Además, planteó que el poder político debe definir qué modelo de fuerza de seguridad pretende construir y garantizar las condiciones necesarias para que pueda desarrollar su trabajo.
El penalista también puso el foco en los mecanismos de control sobre jueces y fiscales, un asunto que vinculó con los cambios institucionales derivados de la reforma constitucional. Según expresó, el equilibrio entre los distintos actores y la existencia de controles efectivos son condiciones necesarias para el funcionamiento republicano.
Por último, reconoció que durante la actual gestión provincial se produjo una disminución de los homicidios, aunque consideró que esos resultados no necesariamente requieren ampliar las facultades de los organismos de persecución penal. A su juicio, también es posible mejorar el desempeño del sistema mediante una aplicación más eficiente de las normas vigentes.
Presentación del libro
La presentación de Debates actuales del proceso penal santafesino será el jueves 15 a las 18, en el salón Gregorio Parera del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, ubicado en 3 de Febrero al 2700.
Además de la exposición de Oroño, la actividad incluirá un conversatorio con tres juristas invitados: Cecilia Goyeneche, Andrés Abramovich y José Ignacio Pastore. El autor anticipó que el encuentro permitirá profundizar las discusiones que atraviesan el libro y reflexionar sobre los desafíos actuales del sistema de justicia.
