El alegato de acusación contra Cristina Fernández y otros funcionarios por presunta corrupción en la obra pública ha dado lugar a una sobrerreacción política y un injustificado ataque a los fiscales y jueces que llevan adelante el proceso, con acciones del propio Presidente de la república que representan una indebida injerencia y afectan la separación de poderes del Estado.
La presentación del fiscal Diego Luciani, que pidió que la vicepresidente sea condenada a 12 años de cárcel y se la inhabilite de por vida para puestos públicos, bajo el cargo de liderar una organización dedicada a desviar fondos nacionales y a direccionar obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015 para beneficiar a un empresario socio y amigo Lázaro Báez, causó indudable impacto político. Es la primera denuncia contra la expresidente que llega a juicio oral, con un pedido de pena muy enfático y pruebas hasta ahora no conocidas, como los chats del exsecretario de Obras Públicas José López, famoso por tirar bolsos con millones de dólares en un convento.
La primera reacción de Fernández de Kirchner ante la repercusión de los alegatos fue recusar al fiscal y al juez de tribunal Giménez Uriburu por supuestos vínculos con el expresidente Macri. Luego, pidió ampliar su indagatoria fuera de los plazos del Código Procesal Penal. Ambos planteos fueron rechazados y apelados.
La exmandataria entonces acudió a un descargo mediático, el impulso de una movilización de la militancia y una catarata de objeciones y repudios de dirigentes y funcionarios oficiales. En su intervención por YouTube, nada habló de las pruebas sobre la relación comercial y personal de la familia Kirchner con Lázaro Báez, las obras sin finalizar, los sobreprecios, la manipulación de licitaciones, la cartelización de la obra pública y la falla en los controles que detallaron los fiscales. Hubo referencias genéricas a la "parcialidad" de la Justicia, a la que presentó como un apéndice de la oposición y los "medios hegemónicos" y alusiones llenas de inexactitudes a supuestas relaciones de López con empresarios macristas.
Peor fue la intervención del Presidente Alberto Fernández, que no sólo adhirió a la teoría de la "persecución judicial y mediática" sino que pasó todo límite al comparar al fiscal del caso con el final de Alberto Nisman.
Es cierto que una democracia las decisiones judiciales pueden ser criticables, pero las referencias peyorativas del Presidente a los magistrados, los llamados a "puebladas", a "armar quilombo" e "ir a buscar" a sus domicilios a quienes "atacan al peronismo", representan una grave afrenta a un poder independiente, antes que un legítimo derecho a manifestarse.
La teoría del "lawfare" no se sostiene con hechos. En todo proceso puede haber abusos y errores. De hecho el año pasado la expresidenta fue sobreseída en tres causas. Sólo en el expediente Vialidad intervinieron 9 jueces y 6 fiscales en distintas instancias. El juicio oral tiene todavía la etapa de los alegatos de todas las defensas para rebatir y cuestionar las pruebas, y los testimonios finales. Aún si CFK fuera condenada, hay dos instancias de apelación que demorarían años una sentencia firme, lo que hace inverosímil una "proscripción" en 2023.
Es cómico que el PJ denuncie la "colonización política" de la Justicia cuando la abrumadora mayoría de jueces, fiscales y defensores federales actuales fueron nombrados en presidencias peronistas y el resto necesitó de la ratificación de un Senado que controla desde 1983. Luciani inició su carrera en 2002 y llegó a fiscal de cámara en 2013, gobierno de Cristina.
Antes que descalificar y presionar políticamente a magistrados o desplegar decabelladas teorías, el Gobierno (también la oposición) debiera dejar posturas fanáticas y limitarse a garantizar la imparcialidad y transparencia del actual juicio oral y público, la instancia más adecuada para escuchar argumentos y pruebas para intentar llegar a la verdad de los hechos y definir a sus responsables.
[email protected]