El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto en marzo de 2022 contemplaba un proceso de normalización de las tarifas energéticas que permitiera reducir los enormes subsidios al gas y la electricidad. El Gobierno argentino propuso y el organismo internacional aceptó contemplar y amortiguar el impacto de los aumentos en los hogares con menor capacidad de pago.
Para ello se previó en el texto que detalla los compromisos asumidos un "nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales, de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago". Se señaló también: "Antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,6 por ciento del PBI en 2022".
La cuestión no resultó sencilla. El retraso tarifario es demasiado grande, de manera que el objetivo de que un segmento de los usuarios deje de estar subsidiado y otro más numeroso tenga aumentos modestos llevaría a diferencias de tarifas de enorme magnitud. Es sólo aritmética. Actualmente las tarifas cubren aproximadamente una cuarta parte del costo.
No es este el único inconveniente. Debía resolverse la forma de categorizar distintos segmentos de acuerdo con su capacidad de pago. Se pensó en el nivel de consumo, pero rápidamente surgió la dificultad de considerar la situación de una persona de altos ingresos viviendo sola, frente al caso de una familia numerosa pero carenciada. También se analizó la relación entre la situación económica del hogar y la ubicación de la vivienda. Pero nuevamente se advirtió que la correlación no es tan clara, salvo tal vez en barrios cerrados. Sería previsible encontrar miles de casos de familias o personas de bajos ingresos en barrios diversos, que se enfrentarían a la multiplicación abultada de sus facturas.
Sobre estos riesgos puede opinar el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, que pudo corregir en gran medida el atraso tarifario heredado, pero fue sometido diariamente a protestas de jubilados por aumentos inabordables expuestos en los medios. Estos debieron resolverse caso por caso atravesando dificultades y costos políticos. Esa gestión había hecho posible el tan conveniente autoabastecimiento energético, un logro que fue desvirtuado por el actual Gobierno, que volvió a utilizar los retrasos tarifarios como un ancla antiinflacionaria, tal como dispone el manual populista.
El método ahora finalmente empleado, aunque aún con dudas sobre su justicia y eficacia, ha sido que los propios usuarios se categoricen. De acuerdo con el decreto 332/2022, deberán presentar el pedido de continuar subsidiados mediante un formulario que los identifica y permite a la autoridad verificar la información sobre el nivel económico del solicitante. Se establecen tres categorías. El Nivel 1 no tendrá subsidio y corresponderá a quienes tengan ingresos superiores a 3,5 canastas básicas, posean tres o más automóviles o tres o más inmuebles, o activos societarios "que exterioricen capacidad económica plena". El Nivel 2 es el más bajo y su factura no podrá tener un incremento porcentual anual mayor al 40% del Coeficiente de Variación Salarial. Pertenecerán a este nivel los hogares con ingresos menores a una canasta básica. También aquellos donde funcione un merendero o comedor registrado en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) o habite una persona con discapacidad o un veterano de Malvinas. El Nivel 3 es intermedio entre los dos anteriores.
Hay bastante espacio para crear parámetros que permitan el mantenimiento de los subsidios. Habiendo un 40% de trabajo informal en la Argentina, probablemente sean pocos los integrantes de ese sector que dejen de pedir subsidios respondiendo a un sentimiento patriótico.
Los plazos estipulados en el acuerdo con el FMI han sido superados. Hubo incrementos tarifarios menores que no compensaron siquiera la inflación. Ya pasó durante junio, cuando se preveía iniciar las correcciones. Se estima que se implementarán en septiembre, si es que el Gobierno logra salir del laberinto. Mientras tanto, los subsidios a la energía, lejos de reducirse, tuvieron un aumento real, por encima de la inflación, del 38% en el primer semestre de 2022.
La mejor forma de salir del laberinto de la segmentación tarifaria debiera ser no entrar en él. Será luego más difícil salir. La estructura tarifaria debe ser única, con los descuentos usuales por bajo consumo, uso fuera de hora pico y otros parámetros de eficiencia largamente probados en otros lugares del mundo. Debiera ser acompañada de subsidios a la demanda, específicos y acotados a casos socialmente justificados.
La quita gradual de subsidios al consumo energético es claramente impostergable ante el compromiso asumido con el FMI y la necesidad de ahorro de la administración nacional.
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