Por Editorial

En un país donde las desigualdades económicas y sociales son parte del día a día, un nuevo proyecto de ley en el Congreso busca poner fin a las jubilaciones de privilegio que benefician a un selecto grupo de exfuncionarios. La iniciativa, impulsada por los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Eduardo Falcone y Oscar Zago, cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, quien ha renunciado a recibir este beneficio al concluir su mandato.

El objetivo principal de este proyecto es eliminar las asignaciones millonarias que perciben expresidentes y exvicepresidentes, y equiparar sus beneficios previsionales con los del resto de la población. Aunque se prevé que el Presidente que termina su gestión reciba una asignación equivalente al 80% de su salario actual -que en la actualidad es considerablemente más alto debido a su equiparación con el de un Juez de la Corte Suprema-, la medida también invita a los exmandatarios a renunciar formalmente a estos privilegios.

Sin embargo, es crucial señalar que, de ser aprobada, esta nueva legislación no afectará a quienes actualmente reciben estas jubilaciones. Personalidades como Cristina Kirchner, que hoy percibe casi 28 millones de pesos mensuales, o Alberto Fernández, con alrededor de 14 millones, seguirán disfrutando de sus beneficios. Esta situación resalta una de las grandes injusticias del sistema: mientras millones de jubilados luchan con ingresos mínimos tras décadas de trabajo, un pequeño grupo de exfuncionarios acumula sumas exorbitantes por haber ejercido cargos por períodos limitados.

Desde esta columna, hemos denunciado en reiteradas ocasiones la grotesca disparidad que representan estas jubilaciones. Resulta incomprensible que alguien como Amado Boudou, condenado por corrupción, siga siendo beneficiario de una jubilación vitalicia, o que Alberto Fernández haya gestionado su pensión justo antes de dejar el cargo, a pesar de enfrentar múltiples denuncias penales. La ética y la moralidad en la política parecen haber perdido su relevancia.

No es la primera vez que se intenta derogar este sistema jubilatorio inequitativo. Propuestas anteriores han sido presentadas y, en la mayoría de los casos, han fracasado debido a la resistencia de aquellos que, irónicamente, podrían verse afectados. Recientemente, un proyecto similar presentado por la Unión Cívica Radical fue aprobado en términos generales, pero su artículo clave fue rechazado por un escaso margen, evidenciando la falta de voluntad política para enfrentar a los beneficiarios.

La defensa de estos privilegios, a menudo justificada por la supuesta escasez de ahorro que representaría su eliminación, ignora un aspecto esencial: la solidaridad hacia los millones de argentinos que hoy sufren las consecuencias de políticas erradas impulsadas por muchos de esos exfuncionarios. En tiempos de crisis, el sentido de justicia y equidad debe prevalecer, y la igualdad ante la ley, consagrada en nuestra Constitución, debe ser un principio inquebrantable.

La lucha por derogar las jubilaciones de privilegio no es solo una cuestión económica; es una batalla por la dignidad y la justicia social. Cada día que estas asombrosas sumas continúan fluyendo a manos de unos pocos, es un recordatorio doloroso de que en nuestra sociedad, aún hay quienes son más iguales que otros.