Por Enfoques

Por Enrique Lew*

En 1998, el profesor de la Universidad de Harvard David S. Landes, con financiación de la Fundación Rockefeller y la colaboración de 183 distinguidos economistas, entre ellos, cuatro Premios Nobel (Kenneth Arrow, Milton Friedman, George Stigler y Robert Solow), dio a conocer el resultado de sus investigaciones con su libro "La riqueza y la pobreza de las naciones".

Sin embargo, tuvieron que pasar casi 20 años para que, recién en 2017, se conocieran las razones por las cuales, por ejemplo, la isla de Puerto Rico era pobre, a diferencia de los otros estados de Estados Unidos, que eran ricos.

Un año después publiqué "Pleno Empleo. La riqueza de las naciones y desarrollo económico", libro en el que explico por qué es pobre nuestra Argentina.

En él detallo que en todos los países donde se ataca al empleo, empleadores y trabajadores, como en el nuestro, a partir de legislaciones que no tienen el natural equilibrio que la economía requiere para el desarrollo, se produce estancamiento, pobreza, bajos sueldos, todo lo cual los hace subdesarrollados. En ellos, sus gobiernos generalmente tienen una opinión antiempresarial. En el país, todos los gobiernos, desde hace 100 años, actuaron empobreciendo a la rica nación que era la Argentina. En ese marco, en 1976, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) fue presentada en el Congreso como una iniciativa "de los trabajadores, hecha para los trabajadores, por los trabajadores" desconociendo la importancia que tienen los empleadores y creando penalidades al contratar trabajadores, agravadas por el artículo 256 que, al permitir reclamos por dos años, dio lugar a la industria de los juicios laborales.

De ese modo, contrariamente a lo buscado, se atacó y se ataca a los trabajadores al desalentar la creación de empleos. Posteriormente a la sanción de esta ley, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica de 1987, "Laborem exercens" llamaba a superar la "confrontación por la Justicia Social en favor de los trabajadores, pero no en contra de los demás". Sin embargo, nuestros gobiernos y legisladores no hicieron caso alguno a lo que el Papa enseñaba.

Tampoco prestaron atención que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su importante informe 2014-2015, destaca: "Las políticas de protección social desempeñan un papel determinante en la realización del derecho humano a la seguridad social, reduciendo la pobreza, la desigualdad, apoyando el crecimiento inclusivo, impulsando el capital humano y la productividad, favoreciendo la demanda interna y facilitando la transformación".

Desde 1991 contamos con la Ley 24.013 de Prestación Transitoria por Desempleo que, con aportes de los empleadores y reconociendo los verdaderos sueldos, podría proteger a quienes pierden su empleo, dando lugar a lo que dictamina el Papa Juan Pablo II y, con ello, eliminar las cláusulas indemnizatorias de la LCT, su artículo 256 y sus anexas, que son los principales causantes del ambiente contrario a los emprendimientos.

En esta recorrida histórica vale recordar también que hace exactamente 100 años, el Gobierno de entonces creó YPF.

En sintonía, todos los posteriores continuaron actuando en contra del país mediante numerosos emprendimientos creados con el dinero público, en lugar de cuidar el equilibrio fiscal, fundamental para el cuidado del valor de la moneda.

Así fue que empobrecieron al país creando bancos, pagando ferrocarriles, usinas, minas, fábricas de autos, tractores y aviones, telefónicas, correos, astilleros, puertos, distribuidoras eléctricas y de gas, altos hornos, telecomunicaciones, fabricaciones militares y otros muchos que no beneficiaron a los argentinos.

También lo hicieron imponiendo restricciones al flujo de capitales, a los precios de los productos y de las monedas extranjeras, monopolizando las exportaciones del agro y pagando precios inferiores a los reales a los productores.

Nos empobrecieron cuando robaron los dineros de las Cajas de Jubilaciones e impidieron el funcionamiento de las AFJP, expropiando sus activos, constituidas en acciones que hace tres años se valuaban en más de 38.000 millones de dólares, sin explicar a quién beneficia que este importante capital esté, aún hoy, en poder del Estado.

Los distintos gobiernos nos empobrecieron creando más de 150 impuestos, cuando estatizaron los depósitos bancarios, gravaron las transacciones y los bienes importados, cuando dictaminaron qué se podía importar y exportar.

En ese contexto, los economistas del Estado ignoraron la importancia del empleo en la economía de las naciones, posiblemente porque conocían la economía aprendida en las facultades, desconociendo la cotidiana, la de los negocios, la de los emprendedores.

Así permanecieron y permanecen indiferentes a los vitales procesos de innovación y formación de nuevas empresas que constituyen el desarrollo económico.

Asimismo, nuestros gobiernos ignoraron que otros países, antes pobres, lograron crecer y hoy son desarrollados, como Japón, Corea del Sur, Dinamarca y otros; cerca nuestro, sin ser todavía desarrollados, están Brasil y Perú, los países latinoamericanos de mejor desempeño económico -a pesar de sus gobiernos- gracias a sus leyes que protegen a los trabajadores sin atacar al empleo ni a los emprendedores, por lo que tienen un buen clima para los negocios, imprescindible para el desarrollo económico.

Entonces, los que sean elegidos a fines de este año para gobernarnos, para que nuestro país, como otros, crezca y se desarrolle, deberían reconocer que todos los anteriores actuaron equivocadamente. Por ese motivo, en la actualidad hay 50% de pobreza, 11 millones de compatriotas que comen en comedores populares, muy pocas personas que tienen trabajo, con sueldos bajos, en una economía con escasas inversiones, alta inflación y una gran deuda.

También deberían reconocer que, al igual que lo hicieron otros países, nosotros también podemos crecer, y que, afortunadamente, ahora se conoce qué hay que hacer para alcanzar el desarrollo.

En ese camino, el Estado debe vender todos sus activos -excepto los vinculados a educación, salud, seguridad y seguridad social-, liberalizar totalmente toda actividad económica privada como así también los flujos monetarios y el valor de las monedas.

Pero antes, y lo más importante, es crear un ambiente favorable a los negocios eliminando las cláusulas indemnizatorias de la LCT y poniendo en funcionamiento la Ley 24.013, con aporte patronal, que protegerá mejor a los trabajadores y sus familias, es decir, en la misma dirección del informe de la OIT y "en favor de los trabajadores, pero no en contra de los demás", tal la mencionada encíclica papal.

Entonces, miles de emprendedores crearán miles de emprendimientos que requerirán cientos de miles de nuevos trabajadores que crearán riqueza. Así se mejorarán los sueldos, disminuirá la cantidad de pobres y sobrarán los dólares.

Sin inflación, Argentina será el país de mayor crecimiento, con tasas superiores a las mejores chinas del 15 % de antes.

*Miembro del Departamento de Política Social de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y autor del libro "Pleno Empleo"