Por Enfoques

Mientras se digiere el DNU de Javier Milei, seguido recientemente por la Ley Ómnibus, la sociedad argentina todavía no sabe si será bueno o malo, si la perjudicará o la beneficiará o, en todo caso, cómo quedará cada uno parado luego de que sus 366 artículos entren en vigencia. La política, en cambio, que entiende bien el desafío ideológico planteado, prefiere evitar el debate de fondo y opta por cuestionar tanta necesidad y tanta urgencia.

Desde estas columnas hemos apoyado el propósito de eliminar nichos de privilegio y flexibilizar la Economía para una transformación profunda de la estructura productiva argentina. Y también hemos señalado que, para que esas modificaciones sean sólidas y duraderas, deben tener sustento político mediante aprobación parlamentaria conforme a los preceptos de la Constitución Nacional.

Sin embargo, es necesario que se abra un debate sincero respecto del modelo que se pretende dejar atrás y que los objetores expliquen qué otras alternativas proponen para que nuestro país pueda crecer en un contexto global que no admite rezagados, impulsado por tecnologías digitales que requieren priorizar la Educación, la inversión y la capacidad de adaptación a los mercados mundiales. Hasta España e Italia han caído en el ranking de las naciones, frente a China, India e Indonesia por falta de competitividad, envejecimiento poblacional y rigidez institucional.

La Argentina ha acumulado regulaciones y regímenes especiales inspirados en doctrinas de posguerra, cuando se creía que era posible sustituir importaciones, garantizar ingresos, ocupar mano de obra, poblar zonas alejadas, fabricar insumos esenciales, impulsar producciones rezagadas, dinamizar sectores estratégicos, favorecer industrias básicas, medianas y pequeñas sin afectar la competitividad del conjunto. Así nacieron las vacas sagradas que caminan por nuestras calles, sin que nadie osase jamás sacarlas del paso para mejorar la fluidez del tránsito productivo.

Con sus cencerros llamados compre nacional, promoción industrial, créditos de fomento, barreras arancelarias, mercados cautivos, licencias previas, registros oficiales, dólares preferentes, agremiaciones obligatorias, impuestos al trabajo, inflexibilidad laboral, industria del juicio, aportes compulsivos y privilegios sectoriales cada una bloquea el paso de las demás como en la India, provocando una pobreza como en Calcuta. Regulaciones semejantes se extendieron también a profesiones, servicios y a muchas actividades comerciales a pedido de cámaras, colegios, concejos y sindicatos con apoyo explícito o tácito de izquierdas y derechas.

Detrás hubo ideologías de todo tipo, desde el impulso a una "burguesía nacional" aliada al poder (CGE, 1952) hasta el deterioro de los términos de intercambio (Cepal, Prebisch); la doctrina de la defensa nacional y la teoría marxista de la dependencia. Esas vacas sagradas fueron alimentadas por civiles y militares, peronistas y radicales, conservadores y socialistas, creando hechos consumados con miles de empleos asociados que ahora configuran el más grave obstáculo para la modernización del país.

Detrás de cada norma se generaron rentas regulatorias en beneficio de empresarios, sindicalistas y políticos que supieron ganar fortunas con esas reglas de juego. Pues en la Argentina los mercados más rentables no operan a la intemperie, conforme la oferta y la demanda que postuló Adam Smith, sino en los entresijos de los ministerios con bolsos en los baños, sobres bajo la mesa y testaferros en subcontratos. Quienes salieron a "cacerolear" contra el DNU de Milei le han hecho, sin saberlo, un gran favor a quienes usaron el compre nacional para encarecer proyectos en su beneficio; a la promoción industrial para desgravar el IVA artificiosamente y a los sindicalistas que perciben "retornos" en contrataciones de las obras sociales sin rendición de cuentas ni control de nadie. No podemos decir lo mismo del régimen de Tierra del Fuego, que habilita a usar divisas oficiales en importaciones a precios nunca auditados, pues no fue incluido a pesar de que la Ley 19.640 permite quitar beneficios sin derogarla.

El DNU también desregula actividades asfixiadas por el intento de "alinear precios con salarios" que ordenó Cristina Kirchner como solución ante la inflación desbocada por su otro axioma descabellado "donde hay una necesidad, hay un derecho". El inevitable ajuste de precios relativos en tarifas, combustibles, transportes, alquileres y prepagas es parte del dolor que la sociedad debe sufrir por años de desenfreno populista para abrir un futuro de esperanza a sus hijos.

Es notable que Unión por la Patria lo haya objetado invocando el estado de derecho cuando el kirchnerismo desvió toda suerte de normas en provecho de amigos del poder, como es público y notorio. El caso de Cristóbal López es paradigmático. Mediante un DNU, Néstor Kirchner renovó a Alcalis de la Patagonia ("soda Solvay") beneficios fiscales ya extinguidos después de denegarlo a sus anteriores dueños, forzándolos a vender la compañía a López por el monto del pasivo. Se trata de un esquema similar al utilizado en 2008 con Repsol para que cediera acciones de YPF al grupo Eskenazi sin poner un centavo y cuyo corolario son los más de USD 16.000 millones que el fisco deberá afrontar por la "viveza" de Axel Kicillof al expropiar el paquete mayoritario.

Las empresas del Estado son cotos de caza para sindicalistas y proveedores. Varias fueron privatizadas por Carlos Menem, pero el kirchnerismo no quiso perder esas cajas, por lo que las reestatizó o forzó su venta a los amigos. El gigantesco yate Attila, que pertenecía a Mauricio Filiberti, proveedor de cloro a la deficitaria Aysa, refleja esa dolorosa asimetría financiada con emisión. El desparpajo mediante el cual Malena Galmarini le extendió el contrato hasta 2028, poco tiempo antes de las Elecciones, demuestra cómo los apoyos de campaña son retribuidos.

La esposa de Sergio Massa aprendió de Néstor Kirchner, quien en 2017 -como último acto de su gestión presidencial- extendió la concesión de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo hasta 2032 a favor de Cristóbal López, convirtiendo la fallida inversión hípica de la financiera Valfinsa (Federico de Achával) en una mina de oro.

El país atraviesa una gravísima crisis que sólo podrá revertirse con un "shock de confianza" que reestablezca el crédito, recupere el valor de la moneda y saque a la población de la pobreza. Para ello es fundamental que los distintos sectores políticos manifiesten si están de acuerdo o no con los principales aspectos de la desregulación decretada por el Presidente de la Nación, sin perjuicio de objetarla -si lo juzgasen pertinente- en cuanto a la forma utilizada para instrumentarla. Y si no comulgasen con ella, que expliquen cuál sería su plan económico alternativo.

Utilizando la fórmula conminatoria del excandidato Sergio Massa, sería un gran aporte si respondiesen "por sí o por no" a ese interrogante, pues una respuesta afirmativa provocaría una inmediata reacción positiva en el clima inversor, reduciendo en forma perceptible las consecuencias negativas del salto inflacionario causado por la corrección de precios relativos a quienes tienen ingresos fijos.

Aunque puedan objetarse las formas adoptadas por Milei para corregir distorsiones históricas del quehacer productivo argentino, sus propuestas, tan disímiles como arriesgadas, han tenido la virtud de forzar un debate inesperado y oportuno cuando el país requiere cambios estructurales para no convertirse en nación fallida, como tantas otras cooptadas por tribus, mafias o autocracias. Es importante entonces que, por patriotismo o por necesidad, la política asuma el desafío y debata el fondo de la desregulación, a calzón quitado.

Fuente: La Nación