Por Vicente Massot

Que el Gobernador de Chubut y sus asesores no saben leer con detenimiento un contrato es cosa que, a la luz de cuanto ha pasado en estos días, parece fuera de duda. También que el Presidente de la Nación confunde con harta frecuencia su cargo con la de un polemista desfogado. El conflicto que se ha entablado entre las autoridades con sede en la capital federal y, por ahora, dos provincias -aquella patagónica y la de Buenos Aires- se sabe dónde y por qué ha tenido inicio, pero -como de ordinario sucede en las crisis políticas de este tipo- nadie está en condiciones de predecir dónde habrá de terminar. Todo hace suponer que escalará hasta que uno de los contrincantes decida ponerle freno a su acometida, sea por responsabilidad, miedo a las consecuencias que podría tener el enfrentamiento o, sencillamente, por tomar conciencia de que no puede ganar.

En principio, Milei lleva enormes ventajas sobre Torres y Kicillof. Las medidas tomadas respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y su gemelo, el de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, no son un invento para extorsionar a los mandatarios del interior que no secundan sus reformas. Los $ 13.500 MM que adeuda la provincia gobernada por Torres y los $ 870.000 MM que Alberto Fernández le quitó a la CABA y le giró al mandatario con asiento en La Plata, tampoco. Si fuese una disputa por un compromiso contraído y no honrado en tiempo y forma, la sangre no llegaría al río y los antagonistas firmarían la "pipa de la paz". Sin embargo, el diferendo es mucho más hondo de lo que cabría pensar.

Se da en el marco de una gestión libertaria que carece de antecedentes entre nosotros por su índole revolucionaria y por la personalidad de su conductor. La estrategia de Javier Milei de subvertir -poner patas para arriba- la estructura económica argentina, ha vulnerado un sinfín de intereses creados, cuya reacción no se ha hecho esperar. Que detrás de su par chubutense en problemas se hayan alineado los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y, sobre todo, Buenos Aires, pone al descubierto que no se trata de una cuestión ideológica. Los representantes de "las provincias del sur", como ellos mismos se han dado a conocer, hacen causa común, al margen de cuáles sean sus convicciones doctrinarias. Sospechan que, si la Casa Rosada se sale con la suya en esta instancia, después serán ellos los que tendrán que rendir cuentas. Y -claro está- ninguno se halla dispuesto a realizar el ajuste que se les exige desde Balcarce 50.

Más allá de que ni Torres ni Kicillof ni ningún otro de los que verbalmente se han pintado la cara tienen las facultades para cortarle a la Nación el suministro de gas y de petróleo, como ha amenazado el mandatario del PRO, cualquiera conoce el peso que siempre ha tenido lo fáctico a expensas de lo normativo en nuestro país. Si aquél estuviese dispuesto a cumplir hoy cuanto anticipó la semana pasada, y cerrase los grifos -cosa que sabemos no ocurrirá- su acción seria manifiestamente ilegal. Ahora bien, en Santa Cruz algo semejante hizo Néstor Kirchner en sus tiempos de gobernador, con el objeto de sacarse de encima al Fiscal de Estado que le molestaba, Eduardo Sosa. La Corte Suprema intimó al entonces capanga santacruceño cuatro veces, en vano. Lupin le hizo pito catalán al Tribunal supremo, que debió tragarse el sapo sin levantar la voz. Se podrá argumentar -con razón- que la trascendencia de uno y otro caso no son similares. Hay, entre ellos, una notable diferencia de carácter cualitativo, que conviene no desestimar. Pero a lo que apunta la aclaración es al hecho de que no serán Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti quienes estarán en condiciones de solucionar, a través de fallos salomónicos, los litigios entre el poder unitario y las banderitas federales. La presente es una pulseada de naturaleza crudamente política.

Si bien no nos encontramos en los prolegómenos de un proceso en el cual la sea encendida en Rawson habrá de poner fuego al resto de la República, y jaquear la gobernabilidad libertaria, hay razones para pensar que estamos en la semana más álgida desde el instante en que dio comienzo la gestión presidencial de Javier Milei. Esto en atención a que ninguno de los conflictos nacidos aquel 10 de diciembre han sido cerrados, con la particularidad de que los frentes abiertos se han ido sumando, unos a otros, sin solución de continuidad. Algunos suponen que, rodeado por un Congreso que le es hostil, unos gobernadores en pie de guerra, la vieja burocracia sindical que planifica hacerle la vida imposible en las calles -aliada, circunstancialmente, a los movimientos sociales- y parte de la sociedad que sufre los rigores del cambio pronta a reaccionar, el Gobierno está condenado a bajarse de sus postulados revolucionarios y ceder ante un conjunto tan poderoso de enemigos.

Milei, no obstante, piensa distinto y ni por asomo imagina retroceder un tranco de pollo. Está visto que lo suyo es siempre redoblar la apuesta, táctica que puede darle buenos resultados contra los opugnadores antes mencionados. Pero el ensanchamiento de la grieta que inevitablemente llevan aparejadas las reformas estructurales en marcha, y la serie de confrontaciones a las cuales venimos haciendo referencia, complican la estrategia gubernamental en el plano económico. Los capitales -que Milei tanto requiere que se aposenten en estas tierras- se sabe que no tienen ideología. Lo que buscan son rendimientos, tasas de retorno, descontado el riesgo del país que se trate. Es en este orden de realidades donde la beligerancia le puede jugar una mala pasada al Presidente.

A la hora de radicarse en el Plata, a los inversores extranjeros les importara poco o nada que la administración libertaria haya cerrado el INADI, retirado el busto de un corrupto emblemático del Senado de la Nación, puesto en la mira al desmanejo de los fideicomisos -defendidos a capa y espada por la casta partitocrática- investigado y sacado a la luz la caja negra de la política de la ANSES -donde están involucrados, directa o indirectamente, Alberto Fernández y Sergio Massa- y que, por instrucción presidencial, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera hayan recuperado la potestad de ser querellantes en causas de corrupción. Lo único que desean es estabilidad para sus dineros, reglas de juego sostenibles en el tiempo, y poco conflicto institucional.

El viernes el Presidente hablará en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso a las 21:00 hs, horario que a todos sorprendió pero no es cosa del otro mundo. Llegará a ese día con la convicción de que, en el curso de la semana que viene o -a lo sumo- en la siguiente, en la cámara alta una mayoría de senadores -incluidos los kirchneristas y algunos independientes o dialoguistas- rechazará el mega DNU 70/2023. Por supuesto, eso representaría la primera derrota estratégica que cosecharía el oficialismo. Ello hace pensar que la alocución presidencial del 1º de marzo tendrá un tono beligerante inequívoco. Milei está dispuesto a no bajar los brazos en su cruzada. A cada cachetazo que reciba, contestará de manera inmediata con otro. El país marcha, sin solución visible, a una confrontación de la cual saldrá un ganador. Entablada la disputa en estos términos, un empate parece imposible.