Los desafortunados comentarios del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, sobre un proyecto oficial para regular Internet y las redes sociales con el objetivo evitar la circulación de mensajes que "intoxican la democracia" revelan la lejanía de algunos funcionarios con las principales inquietudes ciudadanas y un preocupante interés por el control burocrático sobre la expresión y la comunicación entre las personas.
En el marco de una reunión del Consejo Económico y Social de la Argentina, un foro que pretende buscar propuestas y salidas a los graves problemas sociales de nuestro país como la pobreza y el desempleo, Béliz aprovechó para promover la iniciativa "Acuerdo amplio para buenas prácticas en Internet", que busca combatir las expresiones de odio, desinformación y noticias falsas que se propagan a través de la web, con énfasis en las redes sociales.
El funcionario anunció que el Gobierno trabaja en "un estudio pionero que propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia". La interpretación inicial fue que el oficialismo avanzaría en un proyecto para regular las redes, aunque más tarde el Gobierno señaló que la iniciativa es "voluntaria" y no se busca una ley.
Pese a las aclaraciones, el ambiguo discurso hizo sonar las alarmas en entidades defensoras de la libertad de prensa, que temen que este afán regulatorio estatal sobre las opiniones afecte la libertad periodística y de expresión en la web. ADEPA señaló su preocupación por el potencial efecto sobre la libertad de expresión de iniciativas que "con la participación de organismos estatales, estén orientadas a monitorear e incidir en el uso de las redes sociales". Y agregó: "Más allá de que se trate de sugerencias de uso o de autorregulación, debe ponderarse cualquier efecto inhibitorio del debate público y la participación ciudadana" de estos proyectos.
Desde la oposición advirtieron que se podría afectar derechos constitucionales básicos: ¿quién decide qué contenido u opinión "intoxica" a la democracia o cuál no? Y recordaron que la legislación vigente ya tiene herramientas para castigar delitos como las amenazas, la difamación, la discriminación y los discursos de odio, que efectivamente hay que atacar con la ley. Desde el propio oficialismo, la diputada Cecilia Moreau señaló que "me dio vergüenza escucharlo, da la impresión de estar desconectado de la realidad", en una convocatoria donde el eje era la crisis económica, en particular la inflación.
Más allá de la desacertada intervención, lo preocupante es la creencia de amplios sectores de la dirigencia política de que aumentando el control burocrático sobre los mensajes que circulan en los medios o las redes se cambia la realidad y se mejora la calidad democrática. O que los problemas de polarización extrema y desinformación se resuelven castigando a los mensajeros (recordemos las propuestas de "ciberpatrullaje" de exministras de Seguridad de signo distinto como Patricia Bullrich o Sabrina Frederic).
Estudios internacionales muestran que la desinformación y los discursos de odio no son la regla ni fenómenos masivos en las redes, sino más bien producidos en burbujas creadas y alimentadas principalmente por dirigentes políticos, comunicadores partidarios y seguidores fanatizados, no por ciudadanos comunes. La investigadora en comunicación y doctora en ciencias sociales Adriana Amado, señala que la mayoría de la población dedica su tiempo en las redes a los afectos, obligaciones laborales y cuestiones ajenas a la política. "Ciertos políticos y algunos comunicadores creen que su actividad digital y sus frustraciones con las redes alcanzan a toda la humanidad". Por eso, hace notar que la verificación colectiva de la desinformación resulta más rápida y eficiente que la intervención de organismos o especialistas.
No sea que con la excusa de proteger la libertad y la democracia se terminen cercenando libertades civiles fundamentales de la población.