Por Mercedes Marco del Pont

Está fuera de discusión que la Argentina requiere de un incremento de la inversión pública y privada, de largo plazo, que le otorgue sustentabilidad al crecimiento económico, mejore su productividad, genere empleo de calidad y modifique su perfil primario en su inserción comercial en el mercado internacional. Ahora bien, para impulsar un proceso virtuoso de esas características se requiere no sólo de un marco normativo que le de previsibilidad a las empresas a la hora de asumir el riesgo de la inversión sino también del alineamiento de los incentivos que ofrece el Estado con los objetivos del desarrollo nacional.

El Régimen Especial de Grandes Inversiones (REGI) que incluyó el gobierno en su nueva versión de la Ley Ómnibus, sin embargo, se aleja del objetivo primario que es impulsar el desarrollo industrial, laboral, tecnológico y territorial de la Argentina. Salvo una única mención a la promoción del desarrollo cuando enumera objetivos, a lo largo de su articulado el proyecto no hace ninguna referencia ni a las prioridades de la inversión, ni a los objetivos específicos en términos de agregación de valor, transferencia tecnológica, creación de puestos de trabajo de calidad y desarrollo de proveedores. Esas y otras condiciones son necesarias para que una inversión no solo redunde en ganancias que la promuevan sino que, a la par, se logre un salto cuantitativo y cualitativo de las capacidades industriales nacionales. De hecho, el REGI propone desmantelar el andamiaje de protección a la industria nacional.

Un elemento de contexto relevante es que el REGI va a contramano de las estrategias de promoción de la inversión que está desenvolviendo el mundo. Otorga grandes beneficios tributarios a las empresas sin ningún requisito de reciprocidad en términos de impulso industrializador y desarrollo tecnológico en nuestro país, lo que sin dudas conducirá inercialmente a la promoción inversiones extractivistas, sean estas de capitales nacionales o internacionales.

¿Qué están haciendo en el resto del mundo?

A diferencia de lo que ocurrió en otras etapas del proceso de globalización, hoy la relación de fuerzas de nuestro país para fijar condiciones en materia de agregado de valor en el territorio y transferencia tecnológica es favorable. Esto se debe a que Argentina dispone de los recursos naturales críticos y la energía renovable —litio, cobre, gas, vientos, sol y energía nuclear, entre otros— que requieren los países desarrollados para avanzar en el proceso de transición energética.

El país dispone, además, de capacidades industriales, humanas y tecnológicas que la habilitan a participar en los nuevos encadenamientos industriales en torno a la transición verde.

Nuevamente, es imprescindible mirar lo que están haciendo aquellos países que, como Argentina, disponen de minerales críticos imprescindibles para viabilizar la transición energética. En un amplio espectro que va desde Australia, Chile o Indonesia, entre otras economías, se constata un elevado activismo estatal para fijar condiciones que garanticen la maximización del agregado de valor dentro de sus territorios.

Hoy el ejercicio de políticas activas, industriales y tecnológicas es el común denominador en las economías desarrolladas y crecientemente en los países en desarrollo. Ya desde hace más de una década tanto Estados Unidos como varios países europeos iniciaron una carrera por recuperar empleos y capacidades productivas que se fueron desplazando a Asia, particularmente a China, en la etapa de hiperglobalización comercial y financiera.

Esta tendencia se ha acelerado a partir de las disrupciones en las cadenas globales de suministros que, primero la pandemia y después la guerra, han generado poniendo en riesgo la seguridad de los procesos productivos nacionales. La transición hacia una economía “verde” es el escenario donde se verifica esta pulseada por el dominio de las nuevas capacidades tecno productivas.

Estados Unidos viene impulsando enormes paquetes fiscales a través de sus leyes de Reducción de la Inflación y Ley CHIPS &Science, en todos los casos con severos requisitos de acceso a los beneficios que promueven la localización de las etapas industriales y de desarrollo de tecnología dentro de sus fronteras nacionales. Rápidamente salió la UE con su política industrial del Pacto Verde con fuertes directrices en el mismo sentido. Brasil recientemente impulsó su estrategia para La Nueva Industria Brasilera que va en igual sentido.

¿Qué propone el gobierno argentino?

En este escenario global y regional, el gobierno argentino decidió impulsar un régimen de promoción de inversiones que otorga generosos beneficios fiscales y cambiarios y, no sólo no pide a cambio ningún requisito dirigido a estimular el desarrollo industrial y tecnológico y la creación de empleo de calidad, sino que entre los incentivos ofrecidos propone desmantelar el andamiaje de protección a la industria nacional así como los mínimos grados de libertad del Estado para garantizar abastecimiento local de bienes o insumos estratégicos.

El REGI propone liberar de derechos de importación, tasa de estadística y otros tributos a las importaciones de los proyectos seleccionados (artículo 235). Ello supone una fuerte desprotección a la industria nacional, o dicho en otros términos, la promoción del reemplazo de producción nacional por oferta importada. Esta situación se agrava a partir de la liberación de las importaciones y exportaciones de los proyectos en cuestión (artículo 238), dejando de lado una serie de normas y mecanismos como por ejemplo, el “compre nacional”, desarrollo de proveedores, precios de referencia de exportación, prioridad de abastecimiento interno, cupos de exportación, todos instrumentos que estimulan una relación directa entre las condiciones favorables para la inversión y el desarrollo del entramado productivo nacional y la generación de empleo de calidad.

Libre disponibilidad de divisas y la restricción externa

El acceso al mercado de cambios para cumplir con los compromisos externos es sin duda un requisito para garantizar el influjo de inversión de riesgo de largo plazo. Ahora bien, el REGI avanza mucho más allá eliminando no solo las restricciones para la normal operatoria comercial y financiera externa de los proyectos adheridos. Define, en efecto, la no obligación de ingresar los dólares de exportación en porcentajes crecientes hasta llegar a cero en el tercer año (artículo 243). Para el caso de los proyectos declarados como de exportación estratégica, ese plazo se achica a dos años. La propuesta plantea que las empresas podrán acceder al mercado de cambios para el pago de utilidades e intereses (artículo 245) lo que resulta razonable, pero si tienen el derecho a realizar las remesas vinculadas con el pago de sus deudas y para girar sus utilidades al exterior, ¿no deberían ingresar los dólares de las exportaciones?

Hay una vasta evidencia empírica y teórica que enseña que la inversión externa ayuda a los países en desarrollo siempre y cuando contribuya a modificar su perfil de especialización primaria, mejorar la productividad, crear empleos de calidad y desarrollar tecnología. Si ello no ocurre la IED puede profundizar la restricción externa de nuestras economías al incrementar los compromisos externos por pago de intereses, regalías, utilidades, importaciones, repatriaciones de capital, etc. Esta secuencia puede verse seriamente acentuada en el marco de un proyecto que libera las importaciones, elimina requisitos de desarrollo de capacidades locales y además no garantiza el ingreso de los dólares de exportación. La maduración de estos proyectos conduciría dentro de la lógica promovida por este régimen, a una profundización de nuestra insuficiencia estructural de dólares que, sin dudas, constituye la fuente principal de la inestabilidad macroeconómica.

Párrafo aparte merece la propuesta que el Estado se aparte de cualquier posibilidad de regular la oferta de bienes generada por los proyectos en función de necesidades de abastecimiento del mercado interno (articulo 245).

Tal planteo reduce grados de soberanía para definir políticas de incorporación de valor dentro del territorio. Nuevamente la norma propuesta va a contramano de lo que esta ocurriendo en otras economías del mundo en las cuales, de manera creciente, se advierte que aquellas que disponen de recursos estratégicos para la transición hacia una economía verde regulan las exportaciones para alentar la industrialización localmente. Australia ha impulsado su Estrategia de Minerales Críticos 2023-2030 con ese objetivo, Indonesia reorientó inversión hacia la industrialización de sus recursos mineros desde que prohibió la exportación de níquel y otros minerales críticos, Chile desde hace varios años tiene fijado un cupo del 20% de su litio para avanzar en los otros eslabones de la cadena litifera y ya cuenta con proyectos de inversión para la producción de polvos catódicos el segundo eslabón de esa cadena que triplica el valor de exportación de una tonelada de carbonato de litio.

En resumen, el REGI que propone el gobierno es consistente con su desprecio por el rol del Estado como promotor del desarrollo y así como está planteado conduce a la desindustrialización, la acentuación de nuestro perfil primario y el agravamiento estructural de nuestra restricción externa.La desregulación planteada en todos los planos por el régimen no sólo condicionará sensiblemente las posibilidades de estabilización de la economía argentina sino que supone desaprovechar una oportunidad única para pariticipar como un actor relevante – desplegando además de nuestros recursos naturales, nuestra industria, tecnología y capacidades laborales - en las nuevas cadenas que se generan en torno a la transición energética.