Por Editorial

El reciente veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria y el anunciado rechazo a la ley de financiamiento universitario han generado una fuerte sacudida en el escenario político argentino. La decisión del Gobierno ha desatado tensiones en la oposición, especialmente en la Cámara de Diputados, donde algunos de sus miembros optaron por convalidar el veto, generando divisiones internas. Mientras tanto, el futuro de las universidades nacionales queda pendiente, como una incógnita en este juego de equilibrios.

Estos vetos son clave en el plan de Javier Milei para mantener el déficit cero, una promesa que refuerza su determinación de imponer el equilibrio fiscal como una regla inquebrantable. Al presentar el proyecto de presupuesto, Milei fue claro: si los recursos disminuyen, los gastos discrecionales serán los primeros en ajustarse, y si los ingresos aumentan, se reducirán los impuestos. No hay margen para medias tintas en este enfoque que busca recuperar la estabilidad económica, una tarea titánica frente a una audiencia marcada por el escepticismo tras décadas de crisis.

En su estrategia, Milei ha prometido vetar cualquier proyecto de ley que amenace este balance. Además, ha exigido que todo gasto no previsto deba estar claramente respaldado por recursos especificados, de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta postura busca frenar una historia de gasto público en expansión: del 27% del PBI en 2004 al 47% en 2016, un aumento que el "Estado presente" del kirchnerismo impulsó con fuerza.

La pregunta de fondo es si la política argentina ha tomado conciencia del profundo drama económico que atraviesa el país, siempre al borde del abismo. El proceso inflacionario tiene raíces profundas, desde la nacionalización del Banco Central en 1946, cuando la emisión monetaria se convirtió en un mecanismo recurrente para financiar déficits fiscales. A lo largo de los años, figuras como Gómez Morales, Krieger Vasena, Gelbard, Martínez de Hoz, Sourrouille y Cavallo intentaron frenar este ciclo, pero todos fracasaron en detener una máquina de emisión incontrolada.

Cuando la emisión no fue suficiente, Argentina recurrió al endeudamiento externo, con el FMI y los mercados, un recurso constantemente demonizado por los defensores de la "liberación" nacional. Hoy, instituciones como el Museo de la Deuda Externa en la Facultad de Ciencias Económicas ni siquiera mencionan el déficit fiscal como parte del problema. Esta omisión es reveladora de cómo el país ha pasado de crisis en crisis, acumulando deuda, recortando empleo formal y ahondando en la pobreza estructural.

Un informe del economista Marcelo Capello revela una realidad contundente: entre 1970 y 2023, sólo nueve años vieron superávit fiscal. Durante ese tiempo, el crecimiento promedio del PBI per cápita fue de apenas 0,7% anual, mientras que las necesidades del país crecieron a un ritmo vertiginoso. En cuanto al sistema jubilatorio, los números son alarmantes: el gasto pasó del 4,3% del PBI en 2006 al 9,5% en 2017, estabilizándose recientemente en un 6,6%. El 60% de los beneficiarios obtuvieron su jubilación sin haber aportado al sistema, lo que lo vuelve insostenible en el largo plazo.

Ante este panorama, el gobierno de Milei enfrenta una tarea hercúlea: frenar la inflación y cambiar las expectativas de golpe. El gradualismo ha demostrado ser ineficaz. El desafío es lograr un cambio de mentalidad en una sociedad marcada por la desconfianza en las instituciones políticas y económicas. No es casualidad que millones de dólares permanezcan fuera del circuito bancario, una clara señal de que el argentino promedio no cree en promesas de estabilidad.

La oposición, por su parte, parece olvidar los errores del pasado. La experiencia del Plan Austral debería servir como advertencia. En 1985, un plan heterodoxo liderado por Juan Vital Sourrouille buscó estabilizar la economía con un fuerte ajuste fiscal y congelamiento de precios. Aunque inicialmente fue exitoso, las fracturas internas y las concesiones políticas terminaron por socavar el programa, desembocando en la hiperinflación de 1989.

El veto de Milei es un reflejo de este frágil equilibrio. Cada movimiento que haga la oposición podría desestabilizar este delicado balance, no tanto por el monto de los gastos, sino por las señales que envían al mercado. No es tiempo de jugar con fuego, y menos cuando los sectores más vulnerables del país, como jubilados y estudiantes, están en el centro del debate.

En conclusión, la política argentina necesita responsabilidad y coherencia para evitar repetir los errores del pasado. El programa de estabilización actual, aunque duro, es el único que tiene alguna posibilidad de éxito en el corto plazo. No es el momento para picardías políticas ni para promesas vacías que pongan en riesgo el difícil camino hacia el equilibrio fiscal. El futuro de Argentina depende de decisiones firmes, aunque dolorosas, y de un cambio de expectativas que sólo puede lograrse con un compromiso real con el déficit cero.