Por Enrique Guillermo Avogadro- La Argentina parece haberse acostumbrado a convivir con una curiosa concepción de la Justicia: los derechos y garantías constitucionales no siempre dependen de las leyes, sino de quién sea objeto de su aplicación. Dos situaciones dadas estos días permiten comprobarlo y, sobre todo, medir la escandalosa distancia que existe entre los discursos oficiales y la realidad.
Por una parte, tenemos a los 3600 militares, policías, sacerdotes y civiles que, por haber triunfado en la guerra contra el terrorismo de los años 70, continúan sometidos a inicuos e interminables procesos judiciales – en verdad, stalinistas – con muchísimos de ellos privados de su libertad, pese a sus edades provectas y a sus precarias condiciones de salud, que les impedirían fugarse. Por la otra, aparece Roberto Baratta, ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, a quien un Tribunal acaba de autorizar a pasar las fiestas de fin de año en Brasil con su familia.
El contraste resulta difícil de disimular. No es un ciudadano inocente: fue condenado a tres años y seis meses de prisión por administración fraudulenta en la compra de gas natural licuado, en una causa que determinó un perjuicio al Estado superior a US$ 5,5 millones. Aunque la sentencia todavía no está firme, también enfrenta la causa “Cuadernos” y otras investigaciones, entre ellas una por enriquecimiento ilícito, que derivó en un embargo de $ 1.500 millones. El Tribunal Oral Federal 3, por mayoría, le permitió viajar entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. El juez que votó en disidencia – Javier Ríos – planteó una pregunta elemental: ¿cómo puede alguien que no ha satisfecho un embargo de semejante magnitud financiar unas vacaciones familiares en el exterior?, y propuso que acreditara el origen de los fondos o cancelara previamente aquella obligación; sus colegas Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni consideraron que no existían elementos suficientes para presumir riesgo de fuga, y le otorgaron el privilegio.
Baratta tiene derecho a defenderse, a gozar de la presunción de inocencia respecto de las causas sin sentencia y a disfrutar de su familia y nadie debería cuestionar esos derechos. El problema aparece cuando los mismos criterios de humanidad, razonabilidad y garantías constitucionales desaparecen al juzgar a otros argentinos. Porque, mientras el exfuncionario se prepara para disfrutar las playas brasileñas, varios centenares de militares, policías y civiles, la gran mayoría octogenarios y nonagenarios, se pudren en la cárcel soportando procesos que llevan más de veinte años.
La prisión preventiva, que la legislación establece como excepcional y limitada (dos años), se ha transformado para ellos – que la soportan desde su detención – en una condena a muerte anticipada. Las estadísticas son estremecedoras: miles de personas permanecen privadas de libertad en causas por delitos de lesa humanidad, y las detenciones continúan produciéndose hoy, a medida en que se abren nuevas causas por hechos sucedidos hace cincuenta años. Pero la cifra no refleja la duración de los procesos ni las condiciones personales de quienes los soportan: casi mil integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad y civiles vinculados a estas causas han fallecido, en su enorme mayoría sin sentencia firme.
No pretendo sostener que quienes combatieron el terrorismo estén exentos de responsabilidad por los delitos que individualmente hubieran podido cometer, pero sí exijo que se les apliquen las mismas normas – art. 18, CN – que rigen para cualquier ciudadano: debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, prescripción, juez natural, irretroactividad de la ley penal y respeto por la dignidad humana. La avanzada edad y las enfermedades se han convertido en una condena adicional, y la prisión preventiva en una pena mortal encubierta. La Corte Suprema ha dado un paso importante al establecer criterios médicos objetivos que permitan evaluar las condiciones de detención y la posibilidad de atender las dolencias de los internos; es una decisión bienvenida, aunque tardía, que deberá traducirse en hechos concretos.
La cuestión excede a los protagonistas de estas dos historias. Nos enfrenta con un Poder Judicial que actúa con una generosidad notable cuando se trata de ciertos integrantes de la antigua nomenklatura política (como ejemplos, las privilegiadas prisiones domiciliarias de condenados como Cristina Fernández y de Vido, en sus respectivas mansiones, y la negativa de esa misma ¿justicia? al sacerdote Christian von Wernich – 89 años de edad, que lleva 23 preso y padece un grave cáncer – al mero traslado a Devoto a saludar a SS León XIV) pero que exhibe una inmisericorde severidad cuando los acusados pertenecen a las FFAA o FFSS. Y aquí aparece una responsabilidad que no puede eludirse: la del gobierno de Javier Milei.
Después de haber recogido el reclamo de tantas familias y de haber prometido reiteradamente terminar con la utilización política de los derechos humanos, debería impulsar una solución institucional para esta situación. No se trata de interferir en las decisiones judiciales, sino de exigir que se cumplan las leyes y se respeten las garantías constitucionales. Los derechos humanos no pueden ser patrimonio exclusivo de quienes integran una determinada corriente ideológica: si son universales, deben proteger también a quienes nos resultan incómodos, antipáticos o ideológicamente opuestos. De lo contrario, no estamos hablando de Justicia, sino de venganza.
Y mientras tantos argentinos deben terminar sus días entre rejas, otros pueden brindar por el Año Nuevo frente al mar de Búzios o en sus lujosas chacras en Zárate. ¡Qué curiosa manera de entender la igualdad ante la ley!



