La trama judicial santafesina volvió a sumar capítulos escandalosos en las últimas horas. Es que a la última destitución del fiscal de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros -a quien la Legislatura desplazó tras descubrirse que simuló el robo de las cubiertas de su propio auto para cobrar el seguro- y el arresto del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho -imputado por el desvío de más de 400 millones de pesos desde cuentas judiciales-, debe agregarse la decisión de la Asamblea Legislativa adoptada este jueves de destituir a la Fiscal de la ciudad de Tostado, Shirli Soledad Tomasso, apartada por demoras en las investigaciones y falta de diligencias judiciales.
Con estos hechos, la nómina de funcionarios y exintegrantes del cuerpo de fiscales salpicados por imputaciones penales, remociones o condenas ascendió a más de doce personas desde la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en la provincia en el año 2014.
Tras la detención y posterior imputación de Ríos Artacho, y luego de conocerse la situación de Shirli Tomasso, la Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, salió a fijar postura sobre el impacto de las causas penales que salpican al cuerpo acusador. Vranicich reconoció sentirse “institucionalmente defraudada” por el accionar atribuido a exfuncionarios del organismo, pero enfatizó que las investigaciones en curso demuestran que el sistema de control interno está funcionando: “El MPA no tolera ni tolerará corrupción en sus filas. Que sea el propio Ministerio Público el que investiga, persigue e imputa a quienes habiendo sido fiscales cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones es una muestra de transparencia institucional y de que las instituciones funcionan sin privilegios”, sostuvo la jefa de los fiscales santafesinos.
Un repaso causa por causa
Los expedientes que involucran a miembros de la Fiscalía abarcan desde esquemas orgánicos de corrupción e impunidad hasta el uso de herramientas informáticas y escuchas ilegales.
Patricio Serjal (Rosario): El ex fiscal regional de Rosario fue condenado a 9 años de prisión por cobrar sobornos e integrar un esquema de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
Gustavo Ponce Asahad (Rosario): Ex fiscal adjunto condenado a 3 años de prisión por su participación en la misma trama de corrupción tras acogerse a la figura de arrepentido.
Mariano Ríos Artacho (Rosario): Detenido e imputado recientementemente como presunto jefe de una maniobra para desviar más de 400 millones de pesos de cuentas bancarias judiciales para saldar deudas personales vinculadas a la ludopatía y negocios paralelos entre 2017 y 2024.
Diego Rodríguez y Barros (San Jorge): Destituido en sesión conjunta de la Legislatura tras fraguar el robo de neumáticos de su vehículo e ingresar de forma no autorizada al sistema informático Heimdall del MPA para intervenir en causas personales.
Fernando Rodrigo (Rosario): Condenado a 3 años de ejecución condicional tras comprobarse que ordenó escuchas telefónicas ilegales contra su expareja y su entorno interconectando sus líneas en expedientes judiciales en trámite.
Mauro Blanco (Venado Tuerto): Removido de su cargo y bajo prisión domiciliaria por presuntos vínculos informales con investigados por narcotráfico e irregularidades patrimoniales.
Rodrigo González (Reconquista): Condenado a 3 años de prisión condicional en las derivaciones de la causa por juego ilegal en el norte provincial.
Matías Edery (Rosario): Suspendido en 2024 tras ser imputado por presunto encubrimiento e irregularidades en el manejo de una informante
Leandro Benegas (Vera): Imputado en una causa por abuso sexual; actualmente afronta el proceso penal bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.
Melisa Serena (San Lorenzo): Imputada en 2021 por conversaciones ligadas a la red de juego ilegal; su legajo penal terminó archivado en 2023 y continúa en funciones.
Shirli Soledad Tomasso (Tostado): apartada por demoras en las investigaciones y falta de diligencias judiciales en más de 37 causas.
Controles internos y sanciones disciplinarias
Más allá de los estrados penales, desde la Auditoría General de Gestión del MPA se aplicaron en los últimos años más de 15 sanciones disciplinarias -que van desde suspensiones de haberes hasta aperturas de sumarios graves- a fiscales de distintas circunscripciones por faltas éticas, administrativas o inactividad injustificada en el trámite de legajos judiciales. (Con material de Diario CASTELLANOS y El Ciudadano)



