La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, luego de aceptar las modificaciones introducidas por Diputados. La iniciativa, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, completó así su recorrido legislativo y quedó a la espera de la promulgación.
La normativa introduce cambios en cinco marcos legales de la provincia: el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito y el Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y Fondo de Recompensas.
El proyecto había ingresado a la Legislatura el 14 de mayo y finalmente se aprobó este jueves 19 de noviembre.
Entre las herramientas aprobadas se encuentran modificaciones en los procedimientos de investigación, nuevas posibilidades para avanzar con procesos penales cuando los acusados se encuentran prófugos, medidas para recuperar inmuebles utilizados en actividades delictivas y restricciones para personas privadas de su libertad.
También se incorporan mecanismos de inteligencia preventiva con autorización judicial y un régimen actualizado de recompensas. A continuación, los 11 puntos contemplados en la reforma.
1. Declaración Informativa (Art. 113 bis, CPP)
Esta herramienta habilita al fiscal a tomar una simple declaración informativa a personas verosímilmente vinculadas con un hecho ilícito cuando aún falten elementos probatorios para formular una imputación penal formal.
La norma resguarda garantías constitucionales: el declarante debe ser informado de las sospechas en su contra, de su derecho a retirarse en cualquier momento, guardar silencio y contar con asistencia letrada.
Si renuncia a comparecer con abogado defensor, las manifestaciones que realice no podrán ser valoradas como prueba de cargo ni fundar medidas restrictivas de libertad, quedando limitadas exclusivamente como insumo orientativo para encauzar la investigación fiscal.
2. Juicio y Proceso en Rebeldía (Arts. 125 bis a quater, 275 inc. 4, 294 y 310, CPP)
Autoriza a sustanciar el proceso penal y dictar sentencia en ausencia cuando el acusado rehúya a la justicia, siempre que haya sido notificado de esta consecuencia, conociera la citación y se agotaran diligencias serias para asegurar su comparecencia.
El rebelde es representado obligatoriamente por un defensor público o particular, considerándoselo presente a todos los efectos legales. Las audiencias preliminares y de juicio deben registrarse íntegramente por medios audiovisuales.
Si el imputado comparece con posterioridad, puede aportar prueba conducente y requerir la retrotracción procesal, lo que suspende la ejecución penal y puede anular la condena previa.
3. Excepciones a las Exclusiones Probatorias (Art. 162, CPP)
Modifica el régimen de exclusión probatoria incorporando supuestos específicos donde no se descartan evidencias obtenidas de manera irregular. Aunque ratifica la ineficacia de la prueba producida con vulneración de garantías constitucionales y la derivada directamente de ella, establece cinco excepciones taxativas:
Cuando provenga razonablemente de una fuente independiente lícita previa; cuando hubiera sido igualmente obtenida por vías legales; ante un hallazgo inevitable derivado de una actuación regular; si las fuerzas de seguridad actuaron de buena fe cumpliendo órdenes judiciales o interpretaciones razonables de normas vigentes; o ante actuaciones prevencionales indispensables para evitar daños graves a la vida.
4. Allanamientos sin Autorización Judicial Previa (Art. 170, CPP)
Amplía los supuestos de urgencia que facultan a la policía y a la fiscalía a ingresar a inmuebles sin orden previa de un juez. Además de emergencias clásicas (incendios, socorro o persecución), autoriza ingresos inmediatos al detectar objetos ilícitos a simple vista o mediante geolocalización precisa, y en propiedades abandonadas o visiblemente intrusadas.
Asimismo, faculta al fiscal a ordenar allanamientos directos en casos de homicidios, extorsiones o amenazas vinculados al crimen organizado, en lugares adyacentes con riesgo de pérdida probatoria o ante presunto acopio de armas tras secuestros callejeros, quedando sujetos a control judicial dentro de las 24 horas.
5. Cese del Estado Antijurídico e Inactivación de Inmuebles (Art. 207, CPP)
Faculta al tribunal a dictar medidas provisionales para neutralizar los efectos delictivos o mitigar sus consecuencias perjudiciales. Permite ordenar el desalojo inmediato y la restitución de inmuebles a víctimas de usurpación o desplazamiento forzado.
Además, autoriza la inactivación física de inmuebles empleados para actividades criminales —como búnkers de narcomenudeo— mediante su demolición total, retiro de materiales o clausura de aberturas, habilitando el monitoreo administrativo posterior y la refuncionalización del predio para fines comunitarios.
Ante inmuebles abandonados con riesgo grave de derrumbe o salubridad pública, el fiscal puede disponer directamente medidas provisionales reversibles revisables judicialmente.
6. Medidas Cautelares de Escasa Afectación (Art. 219 bis, CPP)
Crea una alternativa intermedia que permite al fiscal aplicar restricciones de baja intensidad cuando el peligro de fuga o de entorpecimiento investigativo pueda disiparse sin recurrir a la prisión preventiva.
Celebrada la imputativa, el fiscal puede citar al imputado y disponer compromisos jurados, fijar domicilio y número telefónico, imponer comparecencias periódicas, abstención de drogas y alcohol, o sujeción a la guarda institucional.
También contempla la prohibición de viajar al exterior, acudir a ciertos lugares o acercarse a determinadas personas. La restricción de acercamiento en casos de violencia de género o delitos sexuales rige de inmediato.
7. Anticipo Jurisdiccional de Prueba y Valoración de Registros (Arts. 298 y 326 bis, CPP)
Regula la recepción judicial anticipada de testimonios o peritajes antes del juicio oral cuando, fundadamente, se compruebe que no podrán producirse durante el debate posterior, preservándolos como actos irreproducibles.
Estos registros se incorporan por exhibición durante el juicio y se habilita su utilización sustitutiva en supuestos críticos: declaraciones formuladas mediante Cámara Gesell (aun si las causales de uso hubieran cesado) y cuando exista un riesgo cierto y grave para la vida o la integridad física de los testigos, peritos, intérpretes o sus grupos familiares.
De este modo, se busca neutralizar amenazas y extorsiones procesales.
8. Procedimiento Monitorio Contravencional (Arts. 65 bis a sexties, Ley 10703)
Incorpora al Código de Convivencia una vía abreviada para sancionar faltas donde el acusador público pretenda penas de multa, clausura, prohibición de acercamiento o corte de servicios de internet, telefonía y redes sociales. Cuando la prueba reunida brinde un nivel de convicción semejante al de una condena, el magistrado emite directamente sentencia monitoria sin debate oral previo.
El infractor es notificado con copia integral de la evidencia y dispone de sesenta días para formular oposición sin invocar motivos. Si se opone, se sustancia un proceso contradictorio ante otro juez; de lo contrario, la sanción queda firme.
9. Régimen Penitenciario Agravado (Art. 57 bis, Ley 14243)
Establece pautas disciplinarias estrictas para personas privadas de su libertad que, valiéndose de visitas, correspondencia reglamentaria o electrónica, equipos no autorizados o terceros, cometan actos que signifiquen una amenaza grave contra la seguridad colectiva.
El Servicio Penitenciario queda facultado para imponer aislamiento pleno en celda individual con apenas dos horas de patio al día; suspensión total de visitas y contactos externos, restringiéndose únicamente a correspondencia postal física previamente abierta e inspeccionada; y la retención de todo implemento de ocio, permitiendo solo lecturas autorizadas.
La aplicación de estas sanciones exige notificación judicial inmediata y es revisable.
Ya se produjo el traslado de los primeros reclusos.
El Servicio Penitenciario también tendrá nuevas facultades.
10. Inteligencia Preventiva con Autorización Judicial (Art. 7, Ley 14246)
Regula las operaciones de producción y análisis de información destinadas a la prevención criminal que impliquen intromisiones relevantes en la intimidad y privacidad ciudadana. Exige de manera ineludible una autorización judicial previa para intervenir o captar comunicaciones, incautar correspondencia, así como interceptar, clonar, extraer o explotar datos de dispositivos informáticos, teléfonos, redes sociales y plataformas de mensajería.
Estas facultades se circunscriben estrictamente a la prevención y no sustituyen los medios probatorios del Código Procesal. Ante la advertencia de un hecho delictivo concreto, debe anoticiarse de inmediato a la fiscalía para promover la acción penal.
11. Fondo Provincial de Recompensas (Arts. 39 a 42, Ley 13494)
Moderniza el Fondo de Recompensas a fin de financiar estímulos económicos dirigidos a recabar datos veraces y oportunos para prevenir delitos, capturar prófugos, esclarecer investigaciones o localizar personas buscadas.
Los incentivos pueden implementarse por resolución ministerial de oficio o a requerimiento fundado del fiscal en una causa penal, fijándose montos máximos, recaudos evaluativos y plazos de vigencia.
El pago queda condicionado a una certificación de utilidad decisiva del aporte y se tramita bajo estrictos protocolos administrativos que aseguran la trazabilidad contable y el control de auditoría, protegiendo y manteniendo en reserva la identidad del aportante. (El Litoral)



