Por Ricardo Roccaro, Francisco Javier Funes

El actual Presidente, en su campaña electoral incluía, entre sus propuestas, bajar la inflación, dinamitar el Banco Central y realizar un ajuste a la casta política, entre otras.

Ni bien asumió llevó adelante dos acciones, que de una manera u otra mostraban la implementación del camino elegido; tales fueron una devaluación de casi el 120% y un Decreto de Necesidad y Urgencia -70/2023-, que marcó pautas muy importantes de lo que seguiría en su gestión (para algunos, una reforma constitucional de hecho).

Para quien tiene, aunque más no sea, un escaso conocimiento de economía, sabe que una devaluación, en principio favorece a las exportaciones, porque -prima facie- hace a la economía más competitiva.

Pero concomitantemente genera un efecto negativo en el mercado interno, porque necesariamente se elevan los niveles de precios, vale decir que macroeconómicamente es probable que crezca el nivel de exportaciones y disminuyan las importaciones (combinación que favorece a la balanza comercial del país), pero al crecer los precios internos, debido a la suba de los precios de los productos importados, inexorablemente disminuirá el nivel de consumo.

Si a esto le agregamos la liberación de los precios y una ponderada actualización de las tarifas, sin la compensación equitativa respecto de los salarios, -a través de no homologar acuerdos paritarios justos-, nos encontramos con una liberación a medias o direccionada: precios, sí; salarios, no.

Esa combinación implica un ajuste, que no necesariamente impacta en la casta política, pues ese tipo de medidas generan concretos y perversos efectos fundamentalmente sobre los trabajadores y los jubilados, cuyos ingresos son fijos.

Por lo tanto, el primer lote de medidas genera ajuste e inflación, y ésta última es la que (al menos discursivamente) se pretende bajar.

Posteriormente, el Presidente anunció despidos en el Estado, argumentando la existencia de cargos políticos (“ñoquis”). En la misma línea argumental anunció la paralización de la obra pública, por considerar que es un mecanismo que favorece la corrupción.

Lo que realmente se busca como objetivo es bajar el nivel de gastos, a cualquier costo. De manera conjunta con estas medidas, también llevó adelante una fuerte disminución de transferencias hacia las jurisdicciones provinciales, que en la práctica se instrumentó con la interrupción de transferencias del Fondo de Incentivo Docente, de subsidios al transporte y de los aportes a las cajas de jubilaciones provinciales que algunas jurisdicciones mantuvieron, no obstante, a pesar de todo y con reformas, dentro de su órbita.

Esta política afectó fuertemente a las arcas provinciales, que tuvieron que hacerse cargo del Fondo de Incentivo Docente y/o tuvieron conflictos salariales con los docentes. Además, se vieron obligados a aumentar de manera casi irresponsable y a niveles cuasi impagables -principalmente- el boleto de transporte urbano y tuvieron la necesidad de realizar un importante ajuste para poder cumplir con los derechos adquiridos de la clase pasiva.

Por lo tanto, a través de estas acciones el Estado nacional ha intentado (y en parte lo ha logrado) ahogar y extorsionar financieramente a las jurisdicciones provinciales, quebrando todo atisbo de federalismo.

Otro punto importante a considerar es la actividad económica (la real, no la financiera).

Aquí, podemos observar que la mayoría de los guarismos son negativos, pues el consumo interno (motor económico de gran cantidad de empresas, fundamentalmente pymes) ha caído como consecuencia de la suba de los precios y la casi total inmovilidad de los salarios y las jubilaciones, a lo cual se le suma el aumento en los niveles de desocupación, tornando la situación social aún más desfavorable y agobiante, encontrándonos, en la práctica, en un escenario de estanflación.

Otro elemento interesante para analizar es la aprobación de las dos primeras leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo (es sustancialmente más democrático lograr leyes por consenso que gobernar por DNU). Sintéticamente haremos mención a dos puntos: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones requiere un análisis muy fino, que excedería el alcance de este artículo, pero como dato resumen podemos decir que el efecto positivo o negativo se podrá observar recién en el mediano plazo, con suerte o en el largo plazo (con seguridad); por lo tanto, solo cabe mencionar la máxima de Keynes: “En el largo plazo, estaremos todos muertos”.

Con respecto a la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias es dable puntualizar que tiene un segmento determinado y específico de perjudicados, que son los trabajadores y los jubilados con ingresos medios y altos, y tiene un beneficiado neto que es el Estado nacional, mientras que las jurisdicciones provinciales por vía de la coparticipación, reciben algunas migajas.

Tengamos en cuenta que si cae el consumo interno, obviamente, el nivel de actividad económica también se nivela a la baja, salvo que crezca la inversión y las exportaciones; y si cae el nivel de actividad económica es muy difícil que crezca la inversión. Es un efecto propio de las políticas económicas de suma cero.

Por otra parte, la inflación de estos meses ha ido licuando los efectos perseguidos con la devaluación y la escasa liquidación de los exportadores (fundamentalmente los cerealeros) no generó la cantidad de dólares para incrementar las reservas del Banco Central de la República Argentina, con las que el Ministerio de Economía esperaba contar.

La consecuencia directa de la caída de la actividad económica es la baja de la recaudación tributaria. Por lo tanto, si se desea mantener el superávit fiscal, se hace necesario -repetimos, inexorablemente necesario- también bajar el gasto, vale decir, menos recursos para salud, menos recursos para educación, probablemente, menos recursos para seguridad, y también para defensa, además de todo el recorte que se ha desarrollado en estos meses, en casi todos los ámbitos del Estado nacional.

Observamos que nos encontramos en un entorno de ajustes sobre ajustes, marchas y contramarchas, que están creando un espiral económico y social negativo, muy difícil de revertir. Para intentar salir de esta espiral negativa, sería prudente dejar de otorgarle tanta prioridad a la economía financiera y comenzar a tomar medidas dirigidas a un mejoramiento de la economía real, como el camino más eficiente, tanto social, como política y económicamente.

Una propuesta, en paralelo como lo hacen los países desarrollados, sería cobrar más impuestos a los que más se han beneficiado en los últimos años, con balances superavitarios muy por fuera de lo standard.

Existe una máxima entre los ciudadanos británicos, que vale la pena recordar: ellos siempre expresaban “God save the Queen” (Dios salve a la Reina) mientras vivía la Reina Isabel; nosotros los argentinos deberíamos utilizar una máxima que guarda analogía: “Dios salve a la Argentina” (de estas malas medidas de política económica, cuya máxima justificación -práctica y política-, radica en visibilizar los errores de los gobiernos anteriores).

Los autores son de la ciudad de Santa Fe. Roccaro es CPN y Funes es abogado; ambos son magíster en administración pública.