En su pico de euforia tras encontrarse con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y coronar una de sus mejores semanas en lo que va de su gestión, Javier Milei enfrenta ahora el desafío de los gobernadores por el presupuesto 2025. Indignados por el ninguneo del ministro de Economía Luis Caputo, los mandatarios provinciales de Pro y UCR advirtieron que si el Gobierno no quiere negociar modificaciones no avalarán el proyecto oficialista e instruyeron a sus diputados para que, junto al bloque Encuentro Federal –que comanda Miguel Pichetto-, elaboren un texto alternativo.

Los diez gobernadores aliados demandan que la Nación coparticipe recursos tributarios que, insisten, corresponde a las provincias pero que el Gobierno no reparte. Advierten, además, que el Gobierno tampoco atiende las deudas con aquellas cajas previsionales no transferidas a la Anses, lo que acrecienta el agujero fiscal en esas provincias.

La respuesta desde el Ministerio de Economía fue lacónica: no abrirá la billetera del gasto ni ampliará el reparto tributario mientras los gobernadores no acepten discutir, en paralelo, sus deudas con la Nación.

“Si accedemos a coparticipar más impuestos el principal beneficiado va a ser (Axel) Kicillof”, azuzan desde la Casa Rosada para desalentar las demandas de sus “aliados” frente a un adversario común, el gobernador de Buenos Aires.

Los negociadores de la Casa Rosada se muestran inflexibles. “Se vota este presupuesto o no se vota nada”, desafían. Los tiempos parlamentarios juegan a su favor: a fin de mes finaliza el período de sesiones ordinarias y ya avisó que si la oposición no acompaña su proyecto, prorrogará –por segunda vez consecutiva- el presupuesto vigente y, como hizo este año, manejar el gasto a su antojo. Una medida que, incluso, entusiasma a los libertarios con pocos pruritos institucionales.

“La verdad que el Gobierno no está preocupado porque tenga que aprobarse un presupuesto, aunque debiera aprobarse porque constitucionalmente es lo que corresponde. Pero si no (se aprueba) estamos dispuestos a manejarnos con una prórroga sin ningún problema”, ratificó el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Insertos en un juego de presiones mutuas, el gobierno nacional y los mandatarios provinciales aliados tiran de la cuerda: habrá que ver quién cede primero. Los gobernadores necesitan que el Congreso sancione en tiempo y forma el presupuesto para garantizarse los recursos el año próximo y evitar que Milei les recorte partidas a discreción, como hizo este año. Por eso quieren forzar una negociación y hacer valer sus votos en Diputados.

“No tener ley de presupuesto les puede costar caro en su reputación ante los mercados”, azuzan. Los oficialistas, empero, no se inmutan. De mantener la intransigencia, la última bala la podrían usar el jueves próximo, cuando la oposición volvería a la carga con una nueva sesión especial para rechazar el DNU 846/2024, clave para la ingeniería financiera de Caputo: sin este decreto, el ministro no tendrá las manos libres para realizar canjes de deuda en moneda extranjera el año próximo, pues volverá a estar sujeto a la autorización del Congreso.

Pro y UCR, con Pichetto

La ofensiva de los gobernadores aliados comenzó a tramarse el jueves pasado; ya entonces Caputo había avisado que no cedería a los pedidos de las provincias. En frenéticas reuniones por zoom, las instrucciones a los jefes de bloque Cristian Ritondo (Pro) y Rodrigo De Loredo (UCR) fueron claras: romper filas con el oficialismo si no hay acuerdo hasta el martes. De las reuniones participó Pichetto. Macri dio su aval.

“Nos están tomando de estúpidos: nosotros los apoyamos en el Congreso y después ellos privilegian a los peronistas. Creen que porque somos dialoguistas estamos obligados a apoyar todos sus proyectos y se niegan a negociar”, despotrica un gobernador de indudable cercanía a la Casa Rosada mientras muestra, ofuscado, el último reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias: Misiones, Tucumán, Catamarca, y Santa Cruz lideran el ránking.

“La Nación nos transfirió servicios de los que ahora no se hace cargo, como el transporte y la educación, también la obra pública –agrega el mandatario-. No solo no transfiere los fondos, sino que, además, se apropia de recursos que son de las provincias. Llegó la hora de pelear por nuestra independencia económica”.

Ver para creer, deslizan, escépticos, los opositores más críticos.

“Tantas veces los gobernadores amenazaron con retobarse y nos usaron a nosotros como carne de cañón para presionar en el Congreso –reprochan desde el bloque que comanda Pichetto-. Después acuerdan por migajas para sus provincias, se muestran como la oposición racional y nosotros quedamos como ‘los policías malos’ que jugamos con el kirchnerismo”.

El bloque Encuentro Federal presentó, hace dos semanas, un proyecto alternativo al presupuesto que envió Milei al Congreso. En tándem con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el diputado Nicolás Massot –la pluma del proyecto- incluyó las demandas de los mandatarios provinciales de la UCR y Pro. Pero fue más allá e incorporó, también, una ampliación de partidas para jubilados y universidades, a ser financiadas con una reducción de los gastos tributarios para mantener la regla del déficit cero.

Los gobernadores no quieren ir tan lejos. Saben que Milei vetará cualquier aumento del gasto y, encima, les achacará el mote de “degenerados fiscales” frente a una opinión pública que hoy lo aplaude. Prefieren focalizarse en demandas que ellos consideran “razonables” porque, sostienen, son fondos que corresponden a las provincias.

Además del financiamiento a las cajas previsionales, los gobernadores pretenden que la Nación elimine las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, que están dirigidas a obras públicas y transporte; aducen que estos fondos están subejecutados y reclaman que vuelvan a las provincias. Además, reclaman el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos. Fuente: La Nación.