“La industria argentina se encuentra en riesgo, como así también los puestos laborales”, advirtió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) junto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un encuentro en la sede de la central gremial este martes. Cámara de empresas y sindicato se aúnan para alertar por los más de 300.000 puestos de trabajo directos que contrata el sector, en riesgo frente a la posible aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases redactada por el Gobierno que ingresó esta semana al Senado.

El RIGI otorga un trato preferencial a los bienes importados por grandes empresas (extranjeras) beneficiarias de este Régimen, pues realizarán inversiones de envergadura básicamente en actividades primarias. Podrán ingresar cualquier bien de capital, repuestos o insumos sin arancel alguno, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos treinta años.

Con ese esquema, los metalúrgicos nacionales salen perdiendo ya que a las grandes firmas “les resultará un 30 por ciento más barato en términos de impuestos adquirir la misma máquina fabricada en el exterior que la fabricada localmente”, sostuvo Elio Del Re, presidente de Adimra. Los industriales denuncian una competencia desleal favorecida por el Gobierno.

Ningún artículo del extenso apartado de la Ley Bases busca potenciar el desarrollo de proveedores locales, máxime en un sector como el metalúrgico que tiene una extensa tradición productiva en el país. Adimra es una entidad con 120 años de trayectoria institucional, integrada por 60 cámaras sectoriales y regionales, que representa a más de 20.000 empresas que generan 300.000 puestos de trabajo directo y más de un millón en forma indirecta, que ahora están en riesgo, según denuncian.

“Con este nuevo modelo se va a un proceso de primarización de la economía donde no se genera ningún valor agregado en el país” y por ende pocos puestos de trabajo, afirmó Del Re tras el encuentro. El Secretario General de la UOM, Abel Furlán, y el senador Mariano Recalde también participaron junto a otras autoridades.

El RIGI otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que ponen en desventaja a la industria nacional y producen un retraso en términos de desarrollo. Un detalle: el proyecto no especifica estándares tecnológicos sobre los productos ingresados, de modo que puede tratarse de instrumental obsoleto, que no permita siquiera una transferencia de mejor tecnología al entramado local. Todo lo contrario: destruye capacidades productivas que el país ya tiene.

“El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes”, puntualizó el ex Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en su red X.

El gran desafío en las inversiones vinculadas a recursos naturales es justamente desarrollar los proveedores nacionales, de modo que ese recurso funcione como una palanca para el desarrollo. “Los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos en el RIGI no están acompañados de obligaciones (transferencia de tecnología, condiciones de compra local, entre otros) por parte de los beneficiarios, que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto”, puntualizaron desde Adimra.

El RIGI “se centra en sectores clave como la industria del petróleo y el gas, Vaca Muerta, minería, litio y cobre, donde todos los empresarios metalúrgicos podemos desempeñar un papel crucial: el 60 por ciento de las compras industriales en el sector del petróleo y gas provienen de empresas metalúrgicas, y el 50 por ciento de la industria minera también depende de estas empresas".

Desde la central empresarial remitieron días atrás una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y otras autoridades parlamentarias advirtiendo sobre las consecuencias que traerá la aprobación del RIGI sobre un sector que ya se encuentra golpeado por el deterioro en el resto de los sectores productivos. A su vez, este martes enviaron un documento al Senado, donde el Gobierno buscará discutir la Ley Bases en el recinto la próxima semana.

Ante la caída de la demanda por parte de los sectores de la construcción, la industria automotriz, la producción de maquinaria agrícola y la fabricación de electrodomésticos, la rama de las metálicas básicas experimentó una caída del 23,1 por ciento en febrero, según datos de Indec. Si se mira la industria siderúrgica puntualmente, la caída llega casi al doble (39,7 por ciento) y se explica en gran medida por la detención de la planta de Acindar en Santa Fe, la cual inicialmente se anunció para marzo pero continuó en abril y ahora se extenderá entre mayo y junio. La UOM regional comenzó nuevamente las negociaciones para acordar un esquema de suspensión sin pérdida de puestos de trabajo, tal como firmó en marzo pasado.

A su vez, a escala nacional el gremio está en largas discusiones sobre un nuevo acuerdo paritario que debe regir desde abril de este año. La negociación es eclipsada desde el lado patronal por Techint, que mantiene pisados los salarios y empezó a despedir gente, según viene denunciando Furlán. (Página12)