En negociaciones que se extendieron hasta minutos antes del inicio de la sesión, el Gobierno debió ceder nuevas modificaciones a la denominada Ley Bases. El esfuerzo oficialista estuvo destinado a tratar de sostener la amplia delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que concede el proyecto y, tal vez lo más importante para la administración de Javier Milei, las medidas centrales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Con los números ajustadísimos para la votación en general tras la rebelión de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, José María Carambia y Natalia Gadano, los enviados del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, debieron afinar el lápiz para tratar de sofocar los focos de rebeldía que amenazaban con arrebatarle al Gobierno las facultades delegadas, corazón de la iniciativa.

Así fue como en conversaciones contra reloj y con números más endebles para la votación en particular de varios artículos, la Casa Rosada aceptó eliminar, a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas públicas que la administración Milei pretendía privatizar.

A la nómina se sumaron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya exclusión también era reclamada por senadores de la oposición dialoguista del interior, sobre todo el bloque radical, y de fuerzas provinciales, como la rionegrina Mónica Silva (juntos Somos Río Negro).

No es el de las privatizaciones el único cambio importante que aceptó el Gobierno. También resignará su intención de eliminar la última moratoria previsional, reclamado por la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal).

Otro cambio fundamental que sufrirá el dictamen que se está discutiendo es el del financiamiento de las obras públicas. Ahora, el Gobierno se compromete a terminar de solventar aquellas que se encuentren avanzadas en un 80% de su concreción y las que tengan asegurados créditos de organismos internacionales. En este caso, la modificación fue una cesión al pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) y que el radical Martín Lousteau (Capital) había incluido en el dictamen alternativo al proyecto oficial que presentó el viernes de la semana pasada.

A pedido de Tagliaferri, el Poder Ejecutivo aceptó, también, comprometerse a financiar a aquellos organismos públicos que quedaran fuera del alcance de la reforma del Estado, como el Banco Nacional de Datos genéticos, el INTI, el INTA y el Conicet.

La reforma fiscal

Los cambios de último momento se extenderán al proyecto de reforma fiscal, en el que podrían sumarse modificaciones en el régimen de blanqueo de activos y en la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Todo indica que el oficialismo no conseguirá los votos para sostener el gravamen y que la iniciativa volverá a Diputados en segunda revisión sin una de las cláusulas pedida por varios gobernadores, ávidos por conseguir recursos para financiarse ante la decisión del Gobierno de cerrar el grifo, aunque de manera selectiva, de fondos nacionales a los distritos.

El anuncio de los cambios, que hizo en el recinto el libertario Bartolomé Abdala (San Luis), fue el corolario del despliegue de Rolandi e Ibarzábal que, en contacto directo telefónico con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se instalaron en dependencias de la presidencia del Senado para escuchar los reclamos de modificaciones de senadores de la UCR y Pro en la Ley Bases y en la reforma fiscal.

En realidad, ambos funcionarios recorrieron despachos y pasillos de la Cámara alta durante toda la semana pasada, pero las definiciones se aceleraron en las últimas horas, sobre todo después de que Carambia y Gadano anunciarán que no van a votar el proyecto de Ley Bases, lo que dejó al oficialismo con números tan ajustados que podría tener que recurrir al voto de desempate de Victoria Villarruel como presidenta del Senado. Fuente: La Nación.