Mientras puertas afuera del Congreso una multitud desfilaba en defensa de la universidad pública, en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, representantes de la Casa Rosada y de la oposición dialoguista mantenían ingentes negociaciones para acordar la letra fina de la nueva Ley de Bases y del paquete de reformas fiscales impulsadas por el Gobierno. Si bien lograron acercar posiciones en torno a varios artículos se se vislumbraban conflictivos, todavía no hay fumata, por lo que el oficialismo decidió postergar hasta pasado mañana la convocatoria a las comisiones para la firma de los dictámenes.

Aun así, el oficialismo mantiene el cronograma previsto de sesionar el 29 y 30 de este mes para darle media sanción a ambas iniciativas. “Si decidimos estirar un día más las negociaciones (por mañana), es para llegar al recinto con un acuerdo lo más logrado posible”, indicó Menem durante un alto en las negociaciones, en las que participaron, en representación de la Casa Rosada, el secretario de Hacienda Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Trabajo, Julio Cordero y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Irbazábal Murphy.

Si bien no lo admiten en voz alta, el mayor temor de los oficialistas es que se repita el fracaso de enero pasado cuando, por falta de consenso, la Ley de Bases original naufragó en plena discusión del articulado. Por esa razón mañana, previo a convocar a las comisiones para dictaminar, habrá una nueva reunión entre oficialistas y opositores para sincerar cómo votará cada bloque los capítulos claves de ambos proyectos. Según adelantaron desde el radicalismo, el paquete fiscal está prácticamente acordado, pero aún hay diferencias en torno a la nueva versión de la Ley de Bases, puntualmente en el capítulo referido a la reforma laboral, los fondos fiduciarios y la eventual privatización del Banco Nación.

Sin margen político para un nuevo fracaso, el oficialismo accedió a varias concesiones. Una de ellas se refiere a la actualización de los pisos mínimos no imponibles y de las escalas del impuesto a las Ganancias; el Gobierno pretendía que fuese anual pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

Otro tema no menos importante se refiere a la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases. A instancias del radicalismo, el Gobierno aceptaría incorporar en su reemplazo una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.

Asimismo, el Gobierno debió dar marcha atrás en la inclusión de un artículo que le otorgaba plenas facultades en materia de desregulación económica. Dicho artículo le daba rienda suelta al Ejecutivo para disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

Algunos de los puntos sobre los que aún no hay consenso se concentran en la Ley de Bases y son los siguientes:

*Fondos fiduciarios. Este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la Ley de Bases. La oposición insiste en dejar bien sentado que, en el caso de que el Ejecutivo dispusiera la eliminación de alguno de los fondos fiduciarios financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable, esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Advierten que esta condición no está bien aclarada en el texto.

*Privatizaciones. Uno de los puntos de conflicto es la intención del Gobierno de declarar sujeto a privatización parcial al Banco Nación y sus seis empresas anexas. El oficialismo propone dos opciones: la incorporación de capital privado en la entidad bancaria debiendo mantener el Estado mantener el control (con la posesión de la acción de oro) o la participación mayoritaria en el capital social. Sectores de la oposición insisten en que, en caso de privatización parcial del banco, se debe garantizar que el Estado mantenga su control.

*Incorporación de la reforma laboral. El oficialismo replicó en este proyecto el capítulo de reforma laboral contemplado en el DNU 70/23, suspendido por la Justicia, aunque con algunas modificaciones. Por caso, reduce de 8 a 6 meses el período de prueba para los trabajadores con contrato por tiempo indeterminado y hace más restrictiva la posibilidad de que se le descuenten a los empleados no afiliados la llamada “cuota sindical”, que financia a los gremios. En efecto, en la última versión se establece que “sólo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento expreso de ellos” y aclara que “esta autorización podrá ser revocada”. La UCR insiste en eliminar el financiamiento a los gremios por medio de estas cuotas sindicales, pero no tiene el apoyo de otros bloques.

*Tabaco. Sectores de la oposición dialoguista insistirán en incluir en el texto un capítulo sobre impuestos internos al tabaco para que todas las empresas del sector afronten la misma carga impositiva. El oficialismo no está de acuerdo.

*Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Sectores de la oposición dialoguista pretenden que también las PyME puedan ingresar en este régimen con un monto de inversión menor. Fuente: La Nación.