Después de casi 20 horas de un debate extenuante, esta mañana la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos positivos, el proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei. Hubo 106 votos negativos y cinco abstenciones.

De inmediato, sin pausa ni un cuarto intermedio, los legisladores se abocaron a la discusión en particular del articulado: pese a la presión de la oposición dura, el oficialismo y sus aliados de los bloques dialoguistas logró aprobar los capítulos sobre privatizaciones, facultades delegadas y reforma laboral.

Además del oficialismo, la iniciativa contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En la vereda contraria se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto a Mónica Frade (Coalición Cívica). El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Alvaro González (Pro) se ausentaron.

Luego de la aprobación en general, los legisladores se enfrascaron en una fuerte discusión sobre la metodología a aplicar en la votación del articulado. El oficialismo bloqueó toda posibilidad de cambios y logró, no sin fuertes reproches de los opositores duros, que la iniciativa se vote por capítulos -no por artículo- para evitar que se rechace o se modifique alguno de los puntos más conflictivos y la sesión finalice en un fracaso, como en febrero pasado.

Esta versión de la Ley Bases, más acotada que la que se presentó en diciembre pasado -la cual naufragó por falta de consenso- preserva las principales herramientas que demanda el Gobierno para esta etapa de su gestión. Incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.

No obstante, legisladores de la Coalición Cívica, de la UCR y de Unión por la Patria intentaron modificar el artículo durante el debate en particular. No tuvieron éxito: el oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.

Posteriormente, los legisladores abordaron el capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas, que terminó aprobado con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones. De las 41 compañías que originalmente el Gobierno pretendía privatizar en diciembre pasado, debió conformarse con un listado mucho más acotado. Según la iniciativa, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente. En tanto, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias quedaron afuera del proyecto.

Reforma laboral

Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados y habilita a las empresas (previo acuerdo con el gremio correspondiente) a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

En vano, el radicalismo, en la voz del diputado Martín Tetaz, intentó incorporar sendos artículos para sancionar los bloqueos a las empresas y eliminar la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo. Los libertarios rechazaron la propuesta.

Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones, al tiempo que declara sujetas a privatización a una decena de empresas del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas. “Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. Y agregó: “Al Presidente hay que darle herramientas”. Pichetto también defendió el capítulo laboral del proyecto y reclamó a Milei un diálogo constructivo con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.

Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, también dio su apoyo a la inciativa. “Intervenimos con reformas en el proyecto y nos interpela conceder facultades a un presidente inestable. Somos conscientes que podemos revocar las concesiones. Son menores de las que se dieron a Alberto Fernández o Cristina Kirchner”, planteó el cordobés. Y reclamó que “no se repita el sistema [privatizador]noventista, que fue opaco. Vamos a estar observando cómo se reglamenta el RIGI, vamos a estar observando. Este bloque le viene a dar las herramientas que reclama, pero le viene a quitar las excusas para ganar tiempo”.

“Muchas de las cosas que están en esta Ley Bases las propusimos en la campaña electoral”, justificó Cristian Ritondo el apoyo de Pro a la iniciativa.

“Esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción”, dijo Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) para argumentar su rechazo, sobre todo, al RIGI. Y añadió más críticas al Gobierno: “Si vamos a hacer una factoría, ¿para que queremos un Estado?”.

Cerró el debate antes de la votación general Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), quien agradeció el respaldo de los bloques aliados para aprobar la ley. “Es una ley para los trabajadores”, dijo el libertario, que justificó el cierre de organismos públicos. “Menos Estada, es libertad”, reforzó, casi como un eslogan de campaña.

Milei, quien no ha conseguido la aprobación de un proyecto de ley hasta el momento y había dicho que avanzará en su plan de gobierno con o sin el apoyo del Congreso, festejó el domingo sus “logros económicos” a pesar de los reveses legislativos.

”La política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y, a pesar de la política, lo estamos logrando y no vamos a cambiar el rumbo”, dijo en LN+.

Mientras transcurrió el debate legislativo, que comenzó a las 13.30 del lunes, cientos de manifestantes repudiaron el proyecto frente al Congreso en el marco de una concentración convocada por sindicatos y partidos opositores, principalmente vinculados a la izquierda. Fuente: La Nación