Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, en la que también se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo obtuvo la media sanción del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal implementado en diciembre del año pasado. La reforma apuesta a incentivar la formalización de ahorros que actualmente se encuentran fuera del sistema, cerca de USD 179 mil millones que, según los libertarios, podrían volcarse a la inversión para dinamizar la economía.
Tal como señalaron durante la sesión, el objetivo del régimen era establecer “una relación diferente entre el Estado y quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía consideraron que la versión original no había sido exitosa y, por lo tanto, decidieron impulsar una ampliación del universo de personas que puedan adherir y algunas aclaraciones técnicas para reforzar la “seguridad jurídica”.
Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
Al momento de la votación, el proyecto del oficialismo obtuvo 139 votos positivos, 110 en contra y 2 abstenciones. Contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el PRO, parte de Provincias Unidas, el MID, Independencia (Tucumán), Argentina Federal (Salta y Misiones), Producción y Trabajo (San Juan), Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido su ahorros”. En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.
El nuevo proyecto apunta a ampliar el régimen a partir de la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones) y patrimonio ($10.000 millones) que hasta ahora limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Con ese cambio, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida.
Uno de los puntos centrales del proyecto es precisar bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. La iniciativa establece que el organismo sólo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” —y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes—. Además, introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
Por otro lado, el proyecto estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás presunciones requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.
Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.
Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.
Y agregó: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert”.
Por su parte, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) advirtió el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.
“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.
El Gobierno logró ratificar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur
Durante la madrugada, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, luego de que el Senado le diera el visto bueno en mayo de este año. El tratado fue aprobado por una amplia mayoría, con 234 votos afirmativos y solo 4 negativos, consolidando así el respaldo parlamentario a una iniciativa que busca ampliar los mercados de exportación y diversificar las relaciones comerciales del bloque regional.
Con la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones nacionales gozarán de un arancel del 0% en el mercado singapurense. Además, abarcará el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y contempla medidas específicas para micro, pequeñas y medianas empresas, en línea con los acuerdos de “segunda generación” que exceden la mera cuestión arancelaria.
Durante el debate, el bloque de Unión por la Patria (UxP) confirmó su apoyo a la iniciativa. “La Argentina logra demostrar con esto que hay un camino alternativo, que el camino no es la subordinación, sino una integración en la que se defienda al trabajo y a las PYMES”, sostuvo el diputado Santiago Cafiero.
En línea con esto, el legislador destacó la importancia del acuerdo al señalar que “la idea era poder generar un tratado de segunda generación, que no es únicamente discutir aranceles, sino que lo que se buscó hacer acá es trabajar con otro abordaje y lo logramos”. Por esto, concluyó: “Por eso, vamos a acompañar el día de hoy”.
No obstante, el diputado también planteó la necesidad de avanzar hacia una política de Estado que garantice la cooperación comercial con Brasil. “Debería existir una ley que garantice la permanente colaboración comercial”, reclamó Cafiero, en referencia al quiebre diplomático reciente entre la Argentina y el gobierno de Lula da Silva, que derivó en el retiro de la embajada brasileña en Buenos Aires.
Desde La Libertad Avanza (LLA), el diputado Damián Arabia defendió los beneficios que el acuerdo traerá para la economía argentina y respondió al pedido de Cafiero sobre la relación bilateral: “Nosotros queremos que el Estado de Brasil no tome represalias contra la República y los argentinos”.
Por último, el legislador libertario planteó la necesidad de separar las diferencias ideológicas de la relación comercial y recordó que el Gobierno argentino no tomó represalias tras el apoyo del presidente brasileño al ex candidato Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.
El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también obtuvo la media sanción
La Cámara Baja también otorgó media sanción al proyecto que aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con 147 votos a favor y 93 en contra. El debate estuvo marcado por las críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.
Frente a esto, la diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos. “Este tratado simplifica el procedimiento; es una herramienta que facilita la presentación de solicitudes de patentes en países, reduciendo los costos, el tiempo y cargas para quienes innovan en la Argentina”, argumentó, y recordó que actualmente 58 países ya forman parte del acuerdo, entre ellos Uruguay, el último en incorporarse.
Nicolás Mayoraz también cuestionó la postura opositora, al considerar que representa una visión “que atrasa al país”. Sostuvo que, con el régimen anterior, los científicos argentinos debían afrontar mayores costos y ceder inventiva para registrar una patente, lo que consideró el verdadero riesgo para la soberanía. Tras otro resultado favorable para el Gobierno, se confirmó que el proyecto ahora pasará al Senado para su tratamiento final. Fuente: Infobae.
Durante el debate en comisión, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria. En cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal.
Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por los evasores seriales. “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”, argumentó el diputado Martín Lousteau.
